El pleito gira sobre la venta de una cartera de préstamos de $384 millones del Banco de Desarrollo Económico.

El proceso de revisión de contratos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es objeto de una reclamación judicial en la que se plantea que el rector de las finanzas públicas de la isla mantiene un “conflicto de interés bochornoso” con su bufete local, O’Neill & Borges.

El pleito lo radicaron las empresas R&D Master Enterprises, Inc., Pro Pave Corp., Matrix Transport Inc., y el matrimonio de José A. Rovira González y María Magdalena Díaz Vila. Estos también tienen activa una demanda en el Tribunal de Primera Instancia en representación de lo que reclaman es una clase de empresas e individuos afectados por otra demanda que el Banco de Desarrollo Económico (BDE) sometió en noviembre de 2020 para buscar la nulidad del contrato de compraventa de cartera de préstamos que esa misma entidad gubernamental había suscrito con PR Recovery en septiembre de 2018 por valor de $384.2 millones, pero que fue traspasada en la transacción con un descuento de 91% ($33.8 millones).

Estos son préstamos que el BDE, una entidad pública, realizó a distintas empresas que, por virtud del contrato impugnado, salen de su control y ahora son propiedad de PR Recovery para que esa entidad los administre y cobre, reteniendo para sí el dinero que resulte de la administración y gestión de cobro de la cartera.

El grupo de demandantes sostiene que la transacción debe ser declarada nula y que las acciones de cobro y administración de PR Recovery, las cuales les están afectando, deben ser declaradas ilegales y ordenarse que se detengan.

En su reclamación federal, sometida el 7 de julio pasado, a quien demandan es a la JSF y enfocan en un incumplimiento alegado con su política de revisión de contratos, la cual indica que el ente fiscal tiene potestad para revisar todos los contratos del Gobierno de Puerto Rico que, de manera singular o en un agregado de transacciones con entidad y propósitos similares, suma más de $10 millones.

Para los demandantes, la JSF incumple su propia política al no someter a revisión el contrato de compraventa de la cartera de préstamos cuyo valor es de más de $10 millones.

Los demandantes arrojan dudas sobre la relación de la JSF con su bufete local, O’Neill & Borges, al señalar que fue el mismo bufete que asesoró a PR Recovery en la estructuración de la transacción con el BDE y la ejecución del contrato.

“Coincidentalmente, el bufete O’Neill & Borges LLC sirvió simultáneamente también como abogados locales de la (JSF) al momento de la negociación, redacción y ejecución del Acuerdo de Compraventa de Préstamo, y continua sirviendo de abogados locales a la (JSF) a esta fecha. Este hecho presenta conflicto de interés bochornoso que la (JSF) y PR Recovery no han atendido hasta ahora, por razones que permanecen desconocidas”, indicaron los demandantes.

“El BDE, PR Recovery y los abogados de PR Recovery (que, a su vez, son los abogados locales de la JSF), con conocimiento claro y presente de las formalidades legales que impone la Ley PROMESA y la Política de Revisión de Contratos de la JSF, colectivamente dejaron de someter el Acuerdo de Compraventa de Préstamo a la Junta para revisión antes de su ejecución”, añadieron.

O’Neill & Borges es también el bufete en el que trabajó el gobernador Pedro Pierluisi justo antes de su campaña gubernatorial.

La demanda federal imputa violación al debido proceso de ley, a la igual protección de las leyes, la Ley PROMESA y pide una orden contra la Junta para que ese ente evalúe el contrato de PR Recovery y lo apruebe o lo rechace.

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