Pese a que ayer la gobernadora Wanda Vázquez, mediante la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), se opuso abiertamente al acuerdo que la Junta de Control Fiscal lleva a cabo con bonistas, estos últimos se han mantenido firmes; más que eso, han expresado o que no tomar acción va a resultar en algo 'perjudicial' para el pueblo.

'La Junta de Supervisión continúa en comunicación con el gobierno de Puerto Rico sobre el nuevo acuerdo de apoyo al plan (PSA, por sus siglas en inglés) y espera que la gobernadora y la legislatura se den cuenta del valor que este acuerdo brinda al pueblo de Puerto Rico. Hay tiempo para obtener el apoyo del gobierno en este proceso, pero esperar y no hacer nada al respecto en el ínterin sería perjudicial para el objetivo de sacar a Puerto Rico de la bancarrota. Puerto Rico necesita salir de la bancarrota lo antes posible para poder construir una base para un crecimiento económico sostenible y mejorar la vida de todos los residentes de Puerto Rico', expresaron. 

Ayer, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), oficializó ante la jueza de quiebras Laura Taylor Swain su oposición al acuerdo con bonistas que la Junta de Control Fiscal (JCF) anunció el 9 de febrero pasado.

La oposición de Vázquez Garced, aunque es un paso notable en el expediente del caso, realmente se hace efectiva en la medida en que la jueza se convenza de que el Plan necesita acciones legislativas que el Gobierno de Puerto Rico no va a realizar. Esto es así porque el gobierno, por sí mismo, no tiene capacidad jurídica en el caso de quiebras ya que, por disposición de ley, es la JCF la que representa al gobierno en todo lo que tiene que ver con la quiebra, incluyendo los acuerdos con bonistas.

De hecho, Vázquez Garced ya había puesto por escrito su cambio de posición sobre el acuerdo (en septiembre pasado lo apoyó pero ahora no porque supuestamente los bonistas reciben mejor trato que los pensionados). Junto a la Gobernadora, el precandidato del Partido Popular Democrático, Eduardo Bhatia, se opuso al acuerdo mientras porque entiende que no se ha divulgado suficiente información sobre el proceso para acordar los términos, y el contrincante de Vázquez Garced en la primaria del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, dijo que el pago de deuda que el acuerdo dispone es manejable.

Ante la oposición que la Gobernadora había demostrado, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, dijo que no se necesitaba el aval de la Primera Ejecutiva para seguir adelante con el acuerdo pero se limitó a comentar que buscarían alternativas si la oposición de la Gobernadora y la Legislatura se mantenía.

Del Gobierno de Puerto Rico se requeriría principalmente viabilizar legislación para nuevas emisiones de bonos que serían necesarias.

El acuerdo de la Junta con los bonistas pretende ser uno global, es decir, que disponga de todo el caso, aunque ahora abarca $35,000 millones en deuda de Obligaciones Generales (GO) y de COFINA. El acuerdo no cambió las condiciones transadas con los bonistas, que implican un recorte de pensiones de aproximadamente 8% al 25% de los retirados.

Según publicó NotiCel en primicia, la Junta pretende seguir manejando el acuerdo hasta llevarlo a una vista de confirmación ante la jueza de quiebras en octubre de 2020, pocos días antes de las elecciones.

El acuerdo tuvo los votos en contra de los miembros de la JCF, David Skeel y Ana Matosantos.

'El tribunal no debe permitir que la Junta malgaste fondos de los contribuyentes de Puerto Rico para buscar la confirmación de un Plan Enmendado fundamentalmente fallido que, al momento, está abocado al fracaso porque no tiene apoyo del Gobierno de Puerto Rico', dijo AAFAF en su moción.

El analista de materias bajo el caso de quiebras, John Mudd, observó en reacción a la moción que ya en septiembre pasado, cuando la junta sometió su primera versión del Plan de Ajuste de Deuda, hizo notar por escrito que, de no tener apoyo del gobierno, recurrirían a las disposiciones de la Sección 305 de la Ley PROMESA que le confiere poder al tribunal para intervenir en los poderes políticos de Puerto Rico para la emisión de bonos en apoyo a un plan de ajuste.

Para ver la moción de AAFAF, pulse aquí.