La petición de desestimación que radicó el gobierno contra la demanda presentada por la Junta de Control Fiscal (JCF) para dejar sin efecto la ley 29, que exime a municipios y corporaciones públicas de las aportaciones al sistema Pay Go de retiro y aportaciones al plan médico, quedó sobre la mesa tras una vista convocada por la jueza Laura Taylor Swain .

La demanda de la JCF reclama que la ley 29 es contraria a las disposiciones del Plan Fiscal certificado con relación a las aportaciones que los municipios y corporaciones públicas deben efectuar para el sistema de retiro y las aportaciones médicas, obligaciones que se incumplieron continuamente desde que comenzó a operar el sistema Pay Go. Del mismo modo, la JCF pidió se invaliden varias resoluciones conjuntas – algunas que contienen partidas asignadas por la Legislatura desde la década de los 90 – señalando que el gobierno sigue recurriendo a ellas para desviar fondos a otras áreas.

En síntesis, el argumento del gobierno, presentado por el representante legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Peter Friedman, sostiene que los municipios y corporaciones públicas ya estaban incumpliendo con sus aportaciones.

Friedman además expuso que AAFAF entendió que había impedimentos al cumplimiento de estos pagos y advirtió que de invalidarse la ley 29 crearía problemas para los municipios que tendrán que ser atendidos inmediatamente.

En cambio, la JCF, por conducto de su abogado, Martin Bienenstock, partió del hecho que los planes fiscales certificados contemplan el pago de las aportaciones municipales y de corporaciones públicas. Señaló que, aunque la JCF estaba capacitada para solicitar sanciones contra funcionarios que pongan en vigor la medida, optaron por recurrir a la corte para dilucidar el asunto.

Tras escuchar los argumentos, Swain concluyó la vista sin emitir una decisión, indicando que tomará el asunto en consideración. La próxima vista ómnibus está pautada para el 11 de septiembre.