Varios sindicatos del Fondo del Seguro del Estado demandaron hoy a la Junta de Control Fiscal (JCF) por supuestas acciones anti-obreras e inconstitucionales por parte del Gobierno de Puerto Rico y la JCF.

'El gobierno y la Junta, en efecto, han incapacitado retroactivamente nuestros convenios colectivos haciendolos inservibles con la aprobación de una serie de leyes y un nuevo plan fiscal que ni siquiera cumple requisitos de la Ley PROMESA', dijo Francisco Reyes, presidente de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (UECFSE).

La UECFSE y la Unión de Medicos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (UMCFSE) alegan en su demanda que el plan fiscal certificado por la Junta viola la Ley PROMESA y las constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico por tres razones principales: 1) no identifica los gastos para servicios públicos esenciales; 2) viola la cláusula de contratos de la Constitución de Estados Unidos y 3) viola el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva bajo la constitución puertorriqueña.

'Con estas claras violaciones, el Plan Fiscal Revisado no puede ser base para el plan de ajustes como requiere el caso de quiebra del Gobierno bajo el Título III de PROMESA, que está pendiente en el tribunal federal. Cualquier plan de ajuste que siga este Plan Fiscal, de su faz, no puede ser confirmado como requiere la sección 314 de la ley', indicó el Lcdo. Rolando Emmanuelli Jimenez, representante legal de las uniones en esta demanda.

Reyes, que representa aproximadamente 2,000 trabajadores, subrayó que 'el Fondo del Seguro del Estado es una corporación auto sustentable, que no depende de asignaciones del Fondo General del Gobierno para operar y cumplir con su deber constitucional de proveer un seguro completo y servicios de salud de manera que los trabajadores lesionados puedan retornar a sus labores. Pero con las leyes aprobadas el Gobierno atentó contra la estabilidad económica del FSE al exigirle transferir fondos a otras agencias'.

El Dr. Walter Ramos , vicepresidente de la Unión de Medicos, señaló que 'las medidas incluidas en el Nuevo Plan Fiscal aprobado el 29 de junio, además, le imponen a la CFSE una reducción de $315.7 millones a lo largo de cinco años lo que, de inmediato, impide derechos y beneficios laborales de nuestros unionados y afectan los servicios que ofrecemos. Estas leyes y su inclusión en el Nuevo Plan Fiscal, retroactivamente destruyeron nuestros convenios colectivos'.

Las leyes referidas son la Ley Especial de Sustentabilidad Fiscal y Operacional (66-2014), la Ley para Atender la crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria (3-2017), la Ley de Administración y Transformación de Recursos Humanos del Gobierno (8-2017) y la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (26-2017).

La demanda alega que la adopción de estas medidas ha hecho inservible más de 23 de las 50 disposiciones del convenio de UECFSE y más de 32 de las 65 del contrato colectivo de UMCFSE. Las uniones estimaron que el impacto económico en sus miembros será de aproximadamente $139 millones para la Unión de Empleados y $12.7 millones para la Unión de Medicos, entre los años fiscales de 2018 a 2023.

Emmanuelli Jimenez explicó que la cláusula de contratos de la constitución estadounidense prohíbe a los estados aprobar leyes que impidan obligaciones contractuales entre las partes. 'Aunque no es una prohibición absoluta, cuando una ley perjudica un contrato, los tribunales pueden determinar si es inconstitucional. Aunque el impedimento a los convenios colectivos tenga realmente un fin público importante, como es el manejar la crisis, esta acción debe cumplir determinadas pruebas legales que este caso no las cumple. Para aceptarse, debe ser la única forma del gobierno ahorrar dinero y tener un impacto significativo en la restauración y ayuda a superar la crisis fiscal', indicó.

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