La Ley PROMESA que habilita la creación de la Junta de Control Fiscal (JCF) es ilegal porque es parte de una conducta discriminatoria de parte del Congreso bajo el que los puertorriqueños son tratados como esclavos y bajo el cual se le deniega ilegalmente a los puertorriqueños el derecho al voto.

Ese es el argumento principal de una demanda sometida ayer ante el Tribunal de Quiebras que atiende la reestructuración de la deuda de Puerto Rico y que impugna la legalidad de la JCF y todos sus actos sobre Puerto Rico.

El pleito fue presentado por la Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del Estado, Inc., tambien conocida como la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, ('UECFSE'), la Asociación de Empleados Gerenciales del Fondo del Seguro del Estado Corp.('AEGFSE'), y la Unión de Medicos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado Corp. ('UMCFSE') a traves de los licenciados Rolando Emmanuelli, Yasmín Colón Colón, Jessica E. Mendez Colberg y Wilbert López Moreno.

Los demandados son la propia JCF, el Gobierno de los Estados Unidos y el gobernador Ricardo Rosselló.

El argumento principal es que la base legal para que se justificara la intervención del Congreso en Puerto Rico a traves de PROMESA son los Casos Insulares, un conjunto de decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que justifican el tratamiento discriminatorio contra Puerto Rico por no ser un estado, por su condición de territorio o colonia.

Según justificó Emmanuelli 'al aprobarse PROMESA, el Congreso se desvió del mandato constitucional al privar al pueblo de Puerto Rico de sus derechos constitucionales de libertad política. De hecho, PROMESA genera el efecto opuesto a la libertad política'.

El pleito añade que el Supremo decidió esos casos utilizando criterios de discrimen racial porque llama a los puertorriqueños una 'raza extranjera', entre otros conceptos que denotan un discrimen que quedó abolido bajo el sistema constitucional norteamericano con la aplicación de la 13ra enmienda de la Constitución que prohibe la esclavitud o servidumbre.

Además, a punta a que la enmienda 15ta de la Constitución prohibió el quitar el derecho al voto por motivo de raza o color.

Los demandantes sostienen que la condición actual de los ciudadanos de Puerto Rico violenta ambas enmiendas porque Puerto Rico se ha convertido en una comunidad sin voz ni voto dentro de los Estados Unidos que no puede votar por los que decidieron someterlos al regimen de la Ley PROMESA.

'En resumen, los derechos de los demandantes han sido coartados de varias maneras insufribles: 1) no pueden votar por los representantes que controlan el gobierno federal y que tienen jurisdicción plena sobre Puerto Rico, 2) aún con todo el poder que tiene la JCF sobre el territorio, gobierno y pueblo de Puerto Rico, los puertorriqueños no pueden votar por los miembros de la JCF y 3) los únicos representantes políticos que le han sido reconocidos a los demandantes no tienen poder sobre su futuro político o económico'.

'Esto evita que los demandantes y el pueblo de Puerto Rico tomen control de su destino político y económico, sometiendolos a una condición de subordinación política que violenta las enmiendas 13 y 15 de la Constitución de los Estados Unidos', añaden.

El Plan Fiscal impone a la CFSE una reducción de aproximadamente $152 millones en gastos de personal de un total de aproximadamente $229 millones de reducción de costos a traves de los cinco años certificados.

'El menoscabo de los derechos y beneficios laborales tienen consecuencias graves y negativas para los trabajadores del Fondo y el Estado Libre Asociado. Arroja a los empleados a un entorno inseguro, ilegal y económicamente inestable. Estas acciones gubernamentales son un duro golpe para la fuerza de trabajo que solo puede resultar en la disminución de la productividad laboral', manifestó el presidente de la Unión de Empleados, Francisco Reyes.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales, Jose Ortiz Torres, destacó que 'la CFSE, por más de 80 años, ha cumplido con su objetivo del contrato social que es la rehabilitación y comprensión a la clase trabajadora y profesional junto a la inmunidad a los patronos contra demandas. Ante la crisis económica y factores demográficos, la CFSE hoy se tornó más vigente en su modelo y concepto'.

El presidente de la Unión de Medicos de la CFSE, Hector Benítez, alertó a cerca de los riesgos a la salud de la clase trabajadora en caso de que se materialicen los planes impulsados por la Junta de Supervisión Fiscal, criatura de PROMESA, a los fines de privatizar la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

'De los primeros impactos lo será la desaparición de la protección a los más vulnerables. Los servicios medicos que se ofrecen desde la Corporación son esenciales y únicos. Ninguna empresa privada asumirá la misión de proteger todo tipo de riesgos, aún a costa de su estabilidad financiera. Es esta la función de una entidad pública. Hay que proteger, a toda costa, la naturaleza y misión de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado', sostuvo.

Esta demanda se suma a la presentada por la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER) y otras organizaciones laborales que cuestionan la constitucionalidad de la ley PROMESA.