La jueza federal Laura Taylor Swain denegó la solicitud de la Comisión de Derechos Civiles (CDC) para presentar un recurso de 'amicus curiae' en el caso de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico bajo la Ley federal PROMESA.

Según la Jueza, el 'amicus curiae' es prematuro porque todavía no se ha propuesto un plan de reestructuración por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF) aunque estableció que la solicitud puede ser presentada de nuevo.

La Comisión solicitó al Tribunal que en el proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico establezca una estructura con un enfoque en los derechos humanos reconocidos internacionalmente, en la Constitución y en las leyes de Puerto Rico.

'El 'amicus curiae' se presentó en cumplimiento con la función de la Comisión de Derechos Civiles de defender los derechos humanos en Puerto Rico. La Comisión sustenta la presentación del 'amicus curiae' en el derecho a la participación en asuntos públicos y en los procesos decisionales, y en el derecho a la igual protección de las leyes, incluyendo el derecho a un remedio efectivo para proveer los derechos sociales, económicos y culturales de las personas', señaló la presidenta de la CDC, Georgina Candal Segurola.

Según la tambien exjueza superior, el amicus curiae presentado fundamenta el requerimiento del cumplimiento con los derechos humanos en tratados internacionales y documentos producidos por diversas entidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en las guías que el experto del Consejo de Derechos Humanos de esta entidad sobre los efectos de las deudas y otras obligaciones financieras de los países, Juan Pablo Boholavsky.

Boholavsky propuso en el 2014 unas guías que establecen los principios para llevar a cabo la reestructuración de la deuda:

1 - La reestructuración de la deuda debe ser compatible con las obligaciones de garantizar los derechos humanos de los estados.

2 - La evaluación de los riesgos y el análisis de la deuda, previo a la reestructuración, debe incluir la valoración del impacto sobre los derechos humanos,.

3 - La reestructuración de la deuda debe abordar adecuadamente el impacto negativo sobre los derechos humanos ocasionados por las reducciones.

4 - La reestructuración de la deuda tiene que asegurar un nivel esencial de los derechos económicos sociales y culturales y no imponer medidas regresivas.

5 - La organización para llevar a cabo la restructuración de la deuda debe reflejar los derechos humanos de imparcialidad, transparencia, participación y rendición de cuentas.

6 - Los mecanismos internacionales y regionales de protección de los Derechos Humanos, así como que las instituciones y organizaciones de la sociedad civil deben cumplir un papel en el proceso decisional de la reestructuración de la deuda.

En junio de 2016, la Comisión presentó una ponencia ante el Comite de los 24 de las Naciones Unidas planteando el rechazo a la ley PROMESA y a las medidas de austeridad que impactan a los grupos más vulnerables.

Luego, el 3 de marzo del 2017, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que detalló el efecto sobre los derechos humanos de las exigencias de la Junta, y el 24 de marzo de ese mismo año celebró la primera audiencia con organizaciones de base comunitaria para identificar el impacto de la legislación y el efecto de la crisis fiscal.

Puede leer el recurso presentado por la CDC a continuación.