El ente fiscal sometió un informe que propone que las enmiendas al plan de ajuste de la deuda de la AEE queden sometidas al tribunal para septiembre.

Los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) creen que la decisión del Tribunal de Circuito de Boston de hace un mes sobre sus derechos de recobro abre a litigio una multitud de temas que provocaría que la reestructuración de esa corporación pública se atrase por lo menos hasta verano de 2025.

Esa es la postura planteada en una moción conjunta que sometieron a la jueza Laura Taylor Swain la semana pasada todas las partes en la quiebra de la autoridad, como anticipo a una vista de estado de los procesos que la jueza tiene pautada para el miércoles.

En el documento, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) plantea lo contrario: que la decisión apelativa no alteró fundamentalmente el plan de ajuste que habían sometido y sobre el que la jueza ya realizó vistas, por lo que, con una modificación mínima, la propuesta puede quedar sometida para la resolución de la jueza tan pronto como septiembre de este año.

La diferencia dramática de posiciones no tiene efecto meramente en el calendario. Mientras la AEE siga en quiebra, el pueblo de Puerto Rico sigue pagando decenas de millones de dólares en abogados y consultores, el operador privado de la red eléctrica, LUMA Energy sigue cobrando bajo un acuerdo provisional más caro para los abonados, y el financiamiento se complica para los proyectos de energía renovable a gran escala que tienen que arrancar para que la isla pueda acabar con la dependencia de combustibles fósiles durante las próximas décadas.

En lo que concierne al abonado, en la moción la Junta da por sentado que vendrá un incremento en la tarifa para repagar a los bonistas, pero insiste en que lo que se puede repagar son solo los $2,388 millones que la jueza determinó que era posible recobrar en los próximos 100 años, aún si los bonistas instalaran un síndico para aumentar tarifas. Al tomar esta determinación, uno de los factores que se consideró es hasta cuánto puede llegar un aumento antes de que tenga el efecto de causar que la gente abandone la isla o se desconecte totalmente de la red con sistemas de energía renovable.

“La determinación del Primer Circuito de que los bonos están asegurados por ingresos netos presentes y futuros no aumenta esos ingresos netos… Nada en la sentencia del Primer Circuito mejora la condición del pueblo y, por tanto, los acreedores como grupo no están mejor tampoco. La identificación de una reclamación asegurada solo requiere que se redistribuya el mismo bizcocho. Algunos acreedores rehúsan aceptar esa realidad”, argumentó la JSF a la jueza.

El ente fiscal, incluso, dijo que va a aceptar que el valor de lo que se le debe a los bonistas es el 100% de la inversión de $8,500 que hicieron, pero reitera que ya hubo evidencia pericial sobre capacidad de pago y la capacidad no da para más de los $2,388 millones. Los bonistas piden la desestimación de la quiebra porque “prefieren la amenaza del caos por encima de la determinación ordenada de su reclamación y el pago de la misma”.

Desde su perspectiva, los bonistas indican en la moción que la decisión del Circuito requiere hacer un nuevo plan de ajuste y entrar a dilucidar temas como contabilidad forense para adjudicar el valor preciso de su reclamación, la constitucionalidad de la Ley PROMESA, la designación de un síndico y la desestimación de la quiebra. Estiman que, desde la presentación de la quiebra en 2017, la corporación pública ha desviado al menos $6,000 millones de Ingresos Netos que ahora ellos tienen derecho a cobrar.

Añaden que $335 millones que hay en el plan para pagar a los acreedores no asegurados (principalmente suplidores contratistas), unos $600 millones para préstamos usados en transacciones de compra de combustibles y el pago de pensiones deben eliminarse del plan para mejorar su recobro. Para sustentar esto, argumentar que, en general, el dinero que tiene la AEE tiene que ser para pagar costos de hoy, no para pagar costos del pasado. Esto, porque el Circuito definió Ingresos Netos como el dinero que queda de los ingresos después de que se pagan los gastos y se hacen algunas reservas. La Junta dice que ese cálculo ha sido cero o casi cero en la operación de la AEE, pero los bonistas quieren demostrar que es mucho más.

“El fracaso de la Junta de Supervisión para someter un plan (de ajuste) confirmable en los últimos siete años es fundamento más que suficiente para desestimar este caso”, afirmaron.

Entre las demás partes hay poco realineamiento. La posición de la Junta la respaldan, con mayor o menor grado de reservas, el gobierno de Puerto Rico, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE (SREAEE), el Comité de Acreedores No Asegurados, los garantizadores de suplido de combustible, y un grupo de bonistas conocido como el Majority Member PREPA Ad Hoc Group.

Al otro lado, están el grupo conocido como Non-Settling Bondholders (Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp., Syncora Guarantee Inc., GoldenTree Asset Management LP, y el PREPA Ad Hoc Group), así como el fideicomisario de los bonos (U.S. Bank National Association).

“Tenemos una decisión judicial que estamos evaluando, que ha envalentonado un poco a los tenedores de bonos. Todavía estamos en nuestro número. Ni siquiera podemos llegar a un acuerdo sobre los 2.6 (mil millones de dólares para el pago de la deuda), que es una reducción del 80 por ciento. Así que vamos a estar en la corte y probablemente estaremos en la corte por mucho tiempo en este punto. Así que no estamos abogando por pagar tanto como sea posible. Estamos abogando por pagar tanto como sea posible pagar. Y a medida que las cosas cambian, es posible que los 2.6 sean demasiado. Necesitamos continuar teniendo esa conversación. Y cada vez que hacemos un nuevo plan fiscal, tenemos que revaluar cuánto se puede pagar”, dijo la semana pasada sobre la determinación del Circuito el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica.

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