Por primera vez, el grupo tenedor de la mayoría de los bonos de la corporación pública quiere impugnar ante el tribunal las cantidades que el ente fiscal paga a su asesor, McKinsey.

El día después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó un plan fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que cambia las bases de negociación con los acreedores de la corporación pública, un grupo mayoritario de estos pidió al tribunal de quiebras ejercer su facultad de impugnar los pagos que se le hacen al consultor de la AEE, la empresa McKinsey & Company.

La moción que sometieron a la jueza Laura Taylor Swain los tenedores del 61% de los bonos de la autoridad pide que se les reconozca su facultad de impugnar los pagos, actuales y pasados, que se han hecho a McKinsey en el marco de la quiebra de la corporación pública. Este periodo de extendería hasta 14 días después de que se resuelva el caso o de que se levante la protección de litigios de acreedores. Esto último sería su la jueza desestima la quiebra por imposibilidad de resolverla mediante acuerdo entre las partes o mediante la aprobación de un plan de ajuste de deuda.

La jueza concedió hasta el 21 de febrero para que las partes se expresen sobre la solicitud de GoldenTree Asset Management LP, Assured Guaranty Inc., Syncora Guarantee, Inc., National Public Finance Guarantee Corporation y el Grupo Ad Hoc de la AEE, este último un conglomerado de bonistas de la corporación pública.

Una representante de los bonistas y aseguradoras que suscribieron la moción indicó que era la primera vez que se movían para impugnar los honorarios de McKinsey. Como regla general, las facturas de honorarios las revisa un examinador que puede recomendarle a la jueza cambios o reducciones en los pagos. También como regla general, los honorarios están sujetos a aumentos automáticos anuales.

La petición surgió un día después de que la Junta certificara un plan fiscal en el que plantea que el repago de la deuda no puede salir de la tarifa que pagan los abonados porque el dinero de tarifas se tiene que usar completo en el mantenimiento y mejoramiento de la red eléctrica. Esto no significa que los residentes de la isla no pagan la deuda, sino que el gobierno de Puerto Rico tendría que hacer un ejercicio de prioridades e identificar alguna otra fuente de fondos públicos con la cual pagar la deuda. Además, la exposición de necesidad financiera de la red eléctrica apunta a que los abonados de todos modos tendrán un aumento en la tarifa para sufragar ese mantenimiento e inversión en el sistema.

Según el ente fiscal, el repago debe limitarse a $2,600 millones, pero los bonistas sostienen que su deuda original de $8,500 millones ya va por $12,000 millones tomando en cuenta intereses. La Junta no identificó la fuente alterna para el pago a los bonistas ni tampoco para cubrir el pago de pensiones en la AEE. Hasta ahora, la base de negociación en el caso era que el repago de la deuda saldría de un aumento en la tarifa.

Los bonistas argumentaron al tribunal que la AEE ha gastado sobre $400 millones en servicios profesionales durante los ocho años que lleva pendiente la quiebra “y, sin embargo, casi nada constructivo o de valor para la AEE y las partes interesadas se ha alcanzado”. No están cerca de un acuerdo, el sistema sigue degradándose y la corporación pública no tiene acceso a los mercados financieros, añaden.

“La Junta de Supervisión continuará generando honorarios de consultores que drenan impropiamente, y desperdician, los fondos de la AEE; fondos que pueden y deben ponerse a mejor uso”, resaltaron al calificar el proceder de la Junta en este caso como una “cruzada miope” en la que no han convencido al tribunal de sus posiciones.

La movida de los bonistas ocurre ante la más reciente factura de McKinsey, de $3.7 millones, que cubre servicios entre enero y junio de 2024. Pero este no es el único dinero que esa empresa ha cobrado por la quiebra pública. De hecho, son los consultores principales de la JSF para toda su gestión, tanto en los casos de quiebra como en el descargue de sus otros poderes bajo la Ley PROMESA.

El mismo día de la moción el miércoles pasado, la entidad sin fines de lucro Espacios Abiertos (EA) emitió su más reciente informe de monitoría sobre el costo de la quiebra pública en la isla y precisaron que, relativo al caso de la AEE, el gobierno ha pagado $438.8 millones en servicios profesionales. Específicamente McKinsey, ha cobrado $307.3 millones desde que la JSF la contrató, no tan solo en el caso de la AEE sino en todo los trabajos que han realizado para el ente fiscal. Solo el bufete Proskauer Rose LLP la supera, con $355.8 millones.

EA sumó que todo el proceso de quiebra le ha costado a los contribuyentes $2,000 millones en honorarios de asesores durante casi nueve años. Esto contrasta con los $370 millones que el Congreso estimó que le costaría la quiebra a la isla en 10 años.

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