Por 60 días, no puede haber nuevas versiones del plan de ajuste de deuda ni otros asuntos litigiosos, solo negociaciones para llegar a un consenso.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) quería someter un plan de ajuste con enmiendas mínimas y los bonistas querían abrir varias controversias sobre cuánto dinero está realmente disponible en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para recobrar su deuda, pero la jueza Laura Taylor Swain les quitó los juguetes legales a ambos, decretó una moratoria en todo asunto litigioso y los mandó a someterse a mediación por los próximos 60 días.

Ese fue el saldo de una vista hoy en el caso de la quiebra de la AEE que la jueza Swain comenzó repartiendo regaños a ambas partes con tal intención que hasta se le olvidó que la secretaria del caso abriera formalmente la sesión. El periodo de enfriamiento tiene varios efectos: evita que se multipliquen las controversias ante el tribunal; da otra oportunidad a que las partes hagan algo que no han hecho hasta ahora, realmente mediar en vez de solo hacer el aguaje de una negociación; y que se resuelva en el Primer Circuito de Boston una solicitud de la Junta para que revisen su decisión del mes pasado solamente en un punto bien específico y técnico sobre si la garantía de los bonistas en cuanto a los “ingresos netos” ya está perfeccionada o no.

Es la primera conferencia de las partes con la jueza desde que el Circuito revocó una determinación de Swain sobre la garantía de cobro que tenían los bonistas y determinó que, en efecto, estos tienen una deuda garantizada, que su capacidad de cobro es el valor completo de sus bonos e intereses y que la fuente para pagarle serían los “ingresos netos” de la corporación pública.

Es también la primera vista desde una moción la semana pasada en la que las partes evidenciaron que no se han movido de sus posiciones. La Junta piensa que no hay que reabrir el proceso que Swain llevó a cabo en marzo para evaluar el plan de ajuste y que concluyó con la determinación de que, a lo sumo, los bonistas podrían recobrar solo $2,388 millones. Los bonistas insisten en que tienen capacidad de realizar estudios contables para identificar lo que creen son hasta $6,000 millones que la AEE ingresó desde la radicación de la quiebra hace siete años y que debieron ser “ingresos netos” disponibles para que les repagaran, entre otros asuntos.

“Este empecinamiento no pinta bien”, soltó la jueza al recordarles a las partes que, igual que dijo en la primera vista del caso hace siete años, “el fracaso no es una opción” en ese proceso.

A la Junta le planteó si no le parecía “miope” insistir en que el valor del pago a los bonistas va a ser el mismo a la luz de la decisión del Circuito y se preguntó si el ente fiscal cree que la Ley PROMESA concedió “infalibilidad permanente” a sus cálculos.

A los bonistas les dijo que sus “intentos agresivamente expansivos” de cobrar más y más podían ser “ilusorios” y advirtió que “la isla (Puerto Rico) puede colapsar por el peso de sus exigencias”, en referencia al efecto que puede tener el descalabro del sistema eléctrico como resultado de la quiebra.

A ambas partes les pidió que tuvieran “compasión por la situación difícil de millones” de puertorriqueños y también recordó el “estado hobbesiano” que puede alcanzar la confrontación si se desestima la quiebra. Esto es una referencia a la filosofía y describe un escenario donde las controversias se definen por fuerza bruta.

A estas declaraciones de la jueza siguieron turnos de los abogados de las partes en los que ninguno dijo concretamente qué estaba dispuesto a ceder en su posición para llegar a un acuerdo.

Martin J. Bienenstock, abogado de la JSF, se dio picó con las expresiones de la jueza y reaccionó que “la Junta no se considera infalible”, y que, incluso, prefiere hacer cálculos conservadores sobre la capacidad de repago para evitar incumplimientos en el futuro.

Mark C. Ellenberg, abogado de la aseguradora de bonos Assured, uno de los líderes entre los que quieren cobrarlo todo, reafirmó que su cliente, en efecto, quiere cobrar todo el valor de los bonos que compró (que en el acumulado son unos $8,500 millones), “pero lo último que quieren es colapsar la isla”.

Por su parte, la exjueza Shelley C. Chapman, líder del equipo de mediación, le aseguró a la jueza Swain que las partes “hablan y hablan de la mediación, pero no hacen nada”. Ahora el movimiento del caso recae esencialmente en manos de Chapman, quien timoneará el caso en mediación durante al menos los próximos 60 días.

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