El ente fiscal pide explicaciones sobre la tardanza para el inicio del programa de poda pagado por FEMA y se ofrece para acelerar permisos.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pidió a LUMA Energy LLC información sobre su plan de manejo de vegetación para evitar apagones, explicaciones por su lentitud y se ofreció a aplicar su proceso “fast track” para atender cualquier necesidad de permisos de gobierno que tenga el mismo.

La comunicación ocurrió mediante carta el miércoles. Estas cartas a entidades de gobierno se han hecho más frecuentes en los meses recientes, pero el ente fiscal no rinde cuentas sobre el resultado de estas comunicaciones así que no se sabe si las agencias responden, qué información entregan y qué hace la Junta más allá de enviar la carta, si algo.

En particular, la comunicación a LUMA ocurre después de que el ente fiscal se expresara a favor de que al operador privado de la red eléctrica se le diera una tajada más grande del presupuesto de unos $1,300 millones que se divide entre los componentes del sector eléctrico. También, la Junta instruyó al Negociado de Energía (NE) a reiniciar lo más pronto posible el proceso para revisar la tarifa de energía eléctrica, lo que había sido una exhortación permanente del operador privado, llegando al punto de que este amenazó con dejar de realizar trabajos preventivos y de mantenimiento porque el dinero no le da, debido a lo que entienden es una tarifa insuficiente.

A preguntas de la prensa esta semana sobre qué hacían para asegurarse de que las operaciones de LUMA y del operador privado de las plantas de generación, Genera PR, fueran eficientes, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, soltó que iba a hacer una reunión con todos los componentes del sector. Hasta la fecha de esta publicación, la Junta no ha ofrecido ningún detalle sobre fecha de esa reunión o quiénes serían los convocados.

“Yo voy a llamar a todos los directivos y a sus socios para discutir esto. Lo más importante aquí no es estar echando culpas. Tenemos un problema, un reto que afecta a los puertorriqueños todos los días. Así que los vamos a traer a todos, ya se acabó el tiempo de echar culpas para que todos juntos podamos trabajar para lograr progreso y eso es lo que queremos hacer”, dijo Mujica en referencia también a una petición que le hizo el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón Ortiz, para que investigara los $200 millones en gastos que tiene LUMA por concepto de alojamiento y traslado de trabajadores que trae de fuera de la isla.

La poda de vegetación es la apuesta concreta y reiterada que ha hecho LUMA para atender el problema de apagones, que se han vuelto peores bajo su manejo de la red. De la carta se desprende que las bases para emprender este programa estaban identificadas desde antes de que LUMA entrara a operar el sistema hace tres años, más uno de transición. Pero el operador dice que el programa tardará tres años más en completarse y apenas comenzaría este mes en San Juan. Ese es el primero de 31 proyectos de poda que la Administración Federal de Manejo de Emergencia (FEMA) le autorizó al operador en 2023, como una medida extraordinaria, con un presupuesto de $1,200 millones y que abarca 16,000 millas de vegetación.

La tardanza de un año es una de las cosas por las que la Junta pide cuenta en la carta.

“El programa (de poda) se ha movido demasiado lento… Hay una necesidad urgente para un plan público detallado e implementación atinada del proyecto”, dijo el ente fiscal al operador privado.

A la vez, le pidió que, para el 12 de julio, entregue información sobre varios elementos relacionados, como un calendario de trabajos, explicaciones de la dilación del inicio y de por qué tardará tres años, un reporte mensual del progreso del proyecto, una explicación de cómo impactará las métricas de cantidad y duración de apagones y una explicación de cómo se ordenaron por prioridad las áreas o municipios en el programa.

El ente aseguró que ha aprobado todos los contratos que se le han presentado para el manejode vegetación y ofreció a LUMA activar el Título V de la Ley PROMESA, que le permite designar “proyectos críticos” que el gobierno estará obligado a evaluar de forma expedita para cualquier permiso que requieran.

La Junta tiene ese poder prácticamente de adorno. Solo han tramitado un proyecto crítico (un condominio que no se ha construido) y dejaron vacante por años la posición de “coordinador de revitalización” que provee la ley para supervisar este Título V. El año pasado, llenaron la posición con el exsecretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, e, incluso, le dieron poderes a este sobre toda la estrategia de desarrollo económico. Pero, casi un año después, no se sabe en qué está trabajando el coordinador ni si se ha logrado completar otro “proyecto crítico”.

La oferta de la Junta de activar su “fast track” para el proyecto de poda ocurre también después de que la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, advirtiera que las agencias debían examinar con cuidado los planes de LUMA para la poda porque podía convertirse en “un grave desastre ambiental” e implicar el uso de herbicidas cerca de cuerpos de agua, que podrían resultar contaminados.

Para leer la carta de la Junta, pulse aquí.

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