El ente fiscal se concentra en contribuir a que el gobierno de la isla pueda volver al mercado financiero con claridad en sus datos económicos, pero todavía no identifica estrategias de crecimiento económico.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) asumió el rol de comenzarle a hablar al mercado bursátil sobre las finanzas del gobierno de Puerto Rico con la inauguración de un informe trimestral con el que, además, esperan poder lograr “despolitizar” el presupuesto público y provocar que los esfuerzos legislativos y gerenciales estén sujetos a una lista de prioridades en gastos y servicios.

“Quiero ponerlo todo sobre la mesa… usualmente es incómodo ser tan transparente (pero) si quieres volver al mercado financiero con tasas razonables, ellos (los potenciales bonistas) tienen que verlo”, expresó el director ejecutivo del ente fiscal, Robert Mujica, en una mesa redonda el miércoles para presentar la primera entrega del informe trimestral sobre el plan fiscal del gobierno.

Para que la Junta cese de intervenir con el gobierno de Puerto Rico con los poderes que le provee la Ley PROMESA se supone que se hayan producido cuatro años consecutivos de presupuestos balanceados y que el gobierno tenga acceso a los mercados financieros para tomar prestado con tasas de interés “razonables”. Ninguno de las dos requisitos tiene criterios específicos definidos en ley, pero Mujica argumentó que la publicación del informe trimestral contribuye a los dos.

PROMESA también responsabiliza a la Junta con contribuir al crecimiento económico, pero eso permanece como una meta difusa en este momento. El propio informe muestra que el pico del Producto Nacional Bruto en la isla se registró en 2006, el último año en que estuvo activa la Sección 936 que daba un crédito contributivo federal para el establecimiento de empresas manufactureras en Puerto Rico. Desde entonces, la actividad económica ha registrado reducción constante hasta 2019 que comenzó a registrar un patrón leve de alza, coincidiendo con la inyección de fondos federales por huracanes y pandemia. Los fondos por la pandemia siguen impulsando la economía, pero ya tuvieron pico en 2021, mientras que los fondos de recuperación tendrían pico en 2027, según el documento.

PROMESA también responsabiliza a la Junta con contribuir al crecimiento económico, pero eso permanece como una meta difusa en este momento.

Claramente, Mujica aludió a que un informe periódico también busca minimizar el tira y hala político que ha ocurrido entre el gobierno y la Junta en cuanto al presupuesto, que ha llevado a que los tres presupuestos más recientes sean impuestos por el ente, en vez de desarrollados entre Ejecutivo y Legislativo.

“Cuando hablamos de restaurar la responsabilidad fiscal, no creo que el concepto sea aprobar cosas y gastar y luego la Junta dice no y así es como se equilibra (el presupuesto). Creo que el objetivo es que la Legislatura trabaje en conjunto con el gobernador también aprobando leyes. Idealmente, no tendríamos que estar diciendo no a cosas. Idealmente, todo estaría dentro del presupuesto, todos estaríamos de acuerdo y despolitizaríamos el presupuesto y simplemente gastaríamos”, dijo.

“No quiero estar en el negocio de decir que deberíamos hacer esto o aquello. En lo que realmente deberíamos estar es en determinar cuántos recursos tenemos”, apuntó.

Algunos de los puntos que contiene el informe y que Mujica presentó son:

-Los $7,930 millones en la cuenta única del Departamento de Hacienda no están disponibles para cualquier cosa. $7,100 están restringidos o con uso definido y solo $816 no están asignados. Algunas de las restricciones de uso de esos fondos están atadas al Plan de Ajuste de Deuda aprobado por el tribunal, principalmente, se comenzó a repagar deuda después de cinco años sin hacerlo.

-Entre 2024 y 2025, el gobierno enfrenta $2,500 millones en riesgos potenciales para los que no hay todavía un plan o decisión. Esto incluye reestructuración de deuda de la Autoridad de los Puertos, más gastos de Medicaid, más gastos para el Crédito Contributivo de Ingreso por Trabajo (EITC en inglés), aumentos salariales en el Departamento de Educación inicialmente pagados con fondos federales que se acaban en 2024, y peticiones para mantener o aumentar las aportaciones a la Universidad de Puerto Rico y municipios.

“No quiero estar en el negocio de decir que deberíamos hacer esto o aquello. En lo que realmente deberíamos estar es en determinar cuántos recursos tenemos”, apuntó Robert Mujica.

Los anuncios recientes de que los recaudos han excedido las proyecciones vienen con asterisco porque la base contributiva de la isla es volátil y precaria en la medida en que es mucho más dependiente de impuestos corporativos que de impuestos personales. Los impuestos corporativos no bajaron tanto como se esperaba después de la nueva modificación al impuesto de las empresas foráneas (a su vez, un eco de los impuestos bajo la Sección 936), pero tan solo 20 empresas generan el 29% de ese impuesto. En el área de impuestos personales, solo 3% de los contribuyentes reportan ingresos mayores a $100,000 y representan el 55% de todo el dinero generado por ese impuesto.

Para efectos de tener un cuadro real de las finanzas públicas, el registro de aumento en recaudos choca con la imprecisión y tardanza en registrar los gastos. Las agencias no hacen cierres contables trimestrales y a veces las reconciliaciones duran muchos meses después de que cierra el año fiscal. Por ejemplo, se sabe que se han gastado, pero no se registraron el primer trimestre del año, $140 millones en nómina de Educación. Aparte las malas prácticas contables, las agencias operan con seis versiones distintas de un programa de Oracle que son totalmente compatibles entre sí. Hacienda lleva cinco años y decenas de millones en gastos de consultoría, tratando de desarrollar, sin éxito, un programa que le provea visibilidad en tiempo real de los gastos, ingresos y otros movimientos financieros de las agencias.

En los cinco meses desde que se adoptó el presupuesto en verano, la Legislatura ha aprobado (y en ocasiones el Gobernador ha convertido en ley), 60 piezas legislativas que añaden $1,000 millones en gastos no contemplados. Entre estas, la reducción de tasas contributivas, conversión de empleados temporeros a plazas permanentes, medidas a favor de los cuidadores y crédito a agricultores.

“Es una conversación de priorizar recursos, no de si se quiere hacer o no… no es ser conservador, es ser realista y responsable”, planteó el director ejecutivo del ente fiscal tras discutir estos señalamientos y explicar que es una discusión pública que tendrá cada tres meses.

La información que provee la JSF sobre sus operaciones y las finanzas del gobierno es la que desea ya que el Tribunal Supremo federal validó que tenían inmunidad frente a demandas bajo el derecho constitucional de acceso a la información, en un pleito que presentó el Centro de Periodismo Investigativo y en el que inicialmente un juez federal determinó que tenían que responder a solicitudes de acceso a la información.

Para ver el primer informe trimestral, pulse aquí.

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