La fecha de efectividad del aumento de salario a los jueces está en el aire y la de los fiscales depende de que el Ejecutivo entregue análisis económicos a la Junta de Supervisión Fiscal.

Los aumentos salariales a los fiscales, que ya el Gobernador y la Legislatura convirtieron en ley, y a los jueces, que la judicatura misma avaló mediante una decisión del Tribunal de Primera Instancia, están en el aire y fuera de la cancha de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El director ejecutivo del ente fiscal, Robert Mujica, dijo ayer que están esperando porque el Ejecutivo les envíe las certificaciones que requiere la Ley PROMESA sobre el impacto fiscal del aumento de los miembros del Ministerio Público y procuradores para así evaluar estas alzas salariales.

Por otro lado, indicó que no van a emitir una determinación sobre el aumento de jueces hasta que sea final y firme la sentencia del juez Anthony Cueva Ramos el 17 de noviembre con la que avaló las escalas nuevas.

De ordinario, la sentencia de Cuevas Ramos sería final y firme cerca de mediados de enero, pero, a preguntas de NotiCel, el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, confirmó que planifican apelar la sentencia. En el pleito por el salario de los jueces, son demandantes el juez de apelaciones Ricardo Marrero Guerrero y la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y son demandados el Ejecutivo (a través del Departamento de Justicia), la Cámara y el Senado.

El presidente cameral no especificó cuándo someterían la apelación, pero sostuvo que, “en cumplimiento de los términos procesales, con respeto y deferencia, defenderemos nuestra responsabilidad legislativa a nivel estatal para mantener el balance de pesos y contra pesos con las otras ramas de gobierno”.

En el pleito, la posición de la Cámara, a la que el Senado se unió, es que la Constitución requería una ley que específicamente fijara las escalas salariales de los jueces. Pero Cuevas Ramos concluyó que no hacía falta porque ya la resolución del presupuesto de este año separaba $11.2 millones para el aumento, que esa resolución es la “ley especial” que requiere la Constitución y que la Junta ya tenía en el plan fiscal la determinación de escalas, por lo que solo restaría el aval de ese ente para que el primer aumento en 20 años para la judicatura entrara en vigor con retroactividad al 1 de julio.

Pero la JSF nunca fue parte del pleito, así que no tiene una orden de un tribunal sobre cómo proceder y el mismo Mujica había adelantado en una carta, antes del pleito, su visión de que los aumentos requerían una ley específica para que entraran en vigor.

Durante una presentación ayer, Mujica aludió a que lo que contenía su carta era “la ley como la interpretábamos en ese entonces” y que ahora “hay una decisión de un tribunal inferior que dice que la ley ya cambió”. “Eso no es final, hay oportunidades de apelar… estamos esperando”, concluyó. En la demanda de Marrero Guerrero se hizo referencia a la carta de Mujica, pero se despachó argumentando que ese ente no es la autoridad en cuanto al derecho puertorriqueño.

La única orden vigente de Cuevas Ramos en el pleito es contra la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para que tramite con la Junta la transferencia de la partida a la Oficina de Administración de Tribunales y así se puedan hacer los desembolsos que implican 24% de aumento para llevar el salario del juez presidente a $154,556; 20% para llevar el de los jueces asociados a $144,480; 24% para llevar el de los jueces apelativos a $130,579; 32% para llevar el de los jueces superiores a $118,133 y 32% para llevar el de los jueces municipales a $91,764.

A insistencia de Marrero Guerrero sobre el cumplimiento de la sentencia, el gobierno dijo al juez que había hecho las comunicaciones debidas con la Junta y advirtió a la parte demandante que con su empuje “realiza un peligroso e innecesario llamado para que la (Junta) se convierta en parte indispensable en este pleito”. Ante esto, el juez no dispuso medidas adicionales y solo pidió que mantenga al tanto al tribunal de las gestiones.

En cuanto al salario de los fiscales y procuradores, OGP no produjo aclaraciones sobre el trámite pero los comentarios de Mujica parecen referirse a un problema que el ente fiscal ha señalado con otras piezas de legislación, a los efectos de que se espera a que los proyectos sean ley para entonces ponerse a trabajar en el análisis de impacto fiscal, en vez de preparar la certificación desde antes. Se supone que la certificación de impacto debe estar sometida a la Junta dentro de los siete días siguientes a la aprobación de una ley y el aumento a los fiscales fue convertido en ley el 14 de diciembre. La medida, sin embargo, fue objeto de discusión pública y de cabildeo desde semanas antes.

Vea:

Convertido en ley el proyecto que incrementa el salario de los fiscales

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