Como parte del Plan de Ajuste de Deuda, los acreedores del gobierno central pueden recibir cientos de millones si los ingresos del gobierno resultan mayores a lo proyectado.

Camuflado en los detalles del anuncio reciente del Departamento de Hacienda de que los ingresos del gobierno excedieron las proyecciones, está que el aumento de esos ingresos se debe en parte al Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU), un número impactado por la inflación que representa directamente menos dinero en el bolsillo del consumidor y más en el bolsillo de los acreedores del gobierno.

Como parte del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) que la jueza Laura Taylor Swain aprobó para dar por terminada la quiebra del gobierno central, el gobierno y los acreedores pactaron que parte del repago de la deuda se haría mediante el Instrumento de Valor Contingente (IVC). Este mecanismo sirvió para viabilizar la negociación porque a los acreedores se les prometió que, si los ingresos del gobierno excedían una proyección establecida en el Plan Fiscal de 2020, entonces podrían recibir parte de ese recaudo extra. Los dos componentes de ingresos que se tomarán en cuenta para el IVC son el IVU y los arbitrios por el ron, explicó el Centro para una Nueva Economía (CNE).

El gobierno le salda ese “bono” a los bonistas en noviembre, antes que nadie más reciba su bono de Navidad. Según reseñó Bloomberg, el año pasado el pago a los acreedores por este concepto fue $362 millones y este año fue $388.7 millones.

Los acreedores no se llevan todo el exceso en lo recaudado. El CNE explica que 60% del exceso va al gobierno y 40% a los acreedores. Este arreglo está vigente por 20 años o hasta que a los acreedores se les pague $1,000 millones. El gobierno distribuye una porción de su parte en un pago a los empleados que es adicional al bono de Navidad y que según la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), este año es de $235.

El IVU, que está actualmente en el 11.5% cuando se combinan su parte del gobierno estatal y su parte del gobierno municipal, es uno de los mecanismos de recaudo más consistente que tiene el gobierno. Ese fondo tiene su propia reestructuración de deuda, pero su repago anual típicamente se consigue completo tan solo en los primeros tres meses del año fiscal. Cualquier reducción o modificación en la aplicación del IVU cae dentro del control de la JSF. La parte de 5.5% del IVU que corresponde al gobierno estatal recaudó $1,750 millones en el año fiscal pasado, que son $474 millones por encima de lo proyectado.

Los números de recaudo recientes del IVU están impactados por dos factores que no son permanentes: el movimiento de bienes y servicios que han provocado las obras de reconstrucción financiadas con fondos federales tras los huracanes y por la inflación. Esto último porque, como el impuesto se basa en el precio que pagan los consumidores, cada centavo que se aumenta en el precio representa un aumento en el recaudo del IVU para el gobierno. En su anuncio de exceso de ingresos, Hacienda confirma que uno de los artículos que impulsa el aumento en el IVU es el de los alimentos preparados.

Un informe de Hacienda indica que la inflación en 2021 fue 4% y en el 2022 aumentó a 6.3%. La JSF estima que el indicador debe bajar a 3.3% este año, pero el Departamento de Trabajo indicó que, a febrero de 2023, el número seguía en 6.3%.

El otro componente del IVC, los arbitrios por el ron, estuvieron este primer trimestre del año fiscal $27.9 millones por encima de lo recaudado al mismo periodo del año fiscal pasado, añadió Hacienda.

En la negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), también se discute la utilización de un IVC.