El ente fiscal había emitido un análisis económico en junio pasado sobre las deficiencias de la legislación.

El Senado celebró ayer que aprobó una medida para “garantizar” un pago mínimo del 50% a los policías retirados sin indicar que la legislación ya había sido objetada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en junio pasado.

Incluso, el ente rector de las finanzas del gobierno divulgó en junio un cálculo del impacto fiscal de la medida, el Proyecto de la Cámara 1593. Este cálculo sería el paso preliminar que los tribunales han reiterado, una y otra vez, para que la Junta tenga la facultad de pedir la anulación si es que el Gobernador convierte el proyecto en ley.

La JSF dijo en su carta a los presidentes de los cuerpos legislativos, los autores de la medida y el Gobernador que, aparte del cálculo de impacto fiscal, la medida estaría vedada por la orden de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda del Gobierno de Puerto Rico que emitió la jueza Laura Taylor Swain y que directamente prohíbe la creación de un plan de retiro o la modificación de cualquier beneficio de retiro.

El proyecto dispone que los dueños de máquinas de juegos de azar están obligados a remitir quincenalmente a la Comisión de Juegos el 60% de los ingresos de sus máquinas para que sean depositados en el Fideicomiso para el Retiro de la Policía. “Esta aportación garantizará a todo policía un cincuenta por ciento (50%) de su retribución promedio al momento de retirarse como pago mínimo de retiro”, añade al disponer que esté pago beneficiará a todo policía retirado desde 2013.

El Senado indicó también que el proyecto “fue enmendado para incluir que la medida tiene como propósito regular la cantidad de máquinas de juegos de azar por negocio y sus premios” y para “establecer el periodo en que dueños mayoristas podrán pagar la totalidad de licencias de máquinas a las que tengan derecho”, pero el detalle de esas enmiendas no estuvo disponible al momento de la publicación de esta historia.

En su carta, la JSF se opone a la medida porque, “en esencia, establece un nuevo plan (de retiro) de beneficios definidos para los oficiales policíacos”. Por esta razón, aunque se cantaron dispuestos a seguir discutiendo el desarrollo del proyecto, consignaron que no tienen “intención de participar en discusiones de ninguna legislación que violente la orden de confirmación”.

El análisis del ente fiscal destaca los múltiples detalles que la legislación dejó fuera para ni siquiera poder hacer un cálculo más preciso de cuánto costará y también resaltaron que la medida no enmienda ninguna disposición de la Ley de Retiro, que es donde habría que hacer lo cambios, y no en la Ley de Máquinas de Juegos de Azar.

No se dice específicamente a qué grupo de oficiales aplicaría, cuáles requisitos tienen que cumplir para recibir el beneficio del 50%, y no especifica fecha de reclutamiento o fecha en que se retiraron. Subraya que se legisla una “garantía” de pagar el 50% pero no se provee ningún mecanismo para “garantizar” ese pago, a la vez que, al dejarlo expresado como una “garantía”, se estaría obligando al gobierno a sacar dinero del Fondo General para este propósito si los ingresos de las máquinas no son suficientes para cumplir con los pagos.

La Junta estimó que el proyecto tendría un costo de $3,400 millones durante la vida de los retirados actuales de la Uniformada y observó que en el Plan Fiscal se estipula que las máquinas tragamonedas van a dejar $0 de ingresos al gobierno por ahora. En uno de los escenarios considerados en el cálculo, de haber 45,000 máquinas en funcionamiento, el gobierno podría ver un ingreso de entre $46 y $59 millones anuales, lo que no es suficiente para el pago de 50% a los policías retirados.

Para ver la carta de la Junta, pulse aquí.