El ente fiscal sometió su tercer Plan de Ajuste de Deuda enmendado para la Autoridad de Energía Eléctrica y todavía hay incertidumbre sobre cuánto aumentará la factura por concepto de pago de pensiones.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sometió un tercer Plan de Ajuste de Deuda (PAD) enmendado para a Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que reduce el monto total de la deuda en 80% y que propone cargos nuevos de casi $9 mensuales para los abonados residenciales, sin incluir el impacto que tendría atender el plan de pensiones de la corporación pública.

El nivel de reducción de la deuda surge principalmente de dos determinaciones que tomó la jueza a cargo de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, Laura Taylor Swain. Primero, en marzo pasado la jueza concluyó que la deuda de la corporación pública no estaba garantizada por todos los ingresos futuros que generara, sino solo del dinero que llega a unos fondos menores. Como secuela a eso, en junio la jueza determinó que lo que podrían razonablemente cobrar los acreedores si ejercieran todos sus poderes sería $2,388 millones. La reclamación total de los bonistas es $8,477 millones.

A su vez, estas determinaciones sobre el monto total y las garantías de recobro sobre la deuda incidieron sobre el cálculo de lo que la Junta llama el “cargo heredado” (“legacy charge”) que los abonados tendrían que pagar por aproximadamente 35 años para completar el repago de la deuda.

Con la presentación del tercer PAD, quedó claro que, aparte de ajustar los números, el ente fiscal no hizo ningún otro cambio a la estructura que habían propuesto en febrero pasado. A saber, eliminar del repago a casi la mitad de los abonados que están en categorías que actualmente son subsidiadas (por ingresos o por otras condiciones), concentrar el repago en el resto y, a esos, imponerles un cargo fijo mensual y también un cargo que va a depender del consumo similar a la estructura tarifaria que utiliza la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Esa separación entre abonados implica que 600,000 estarán exentos y la carga recae sobre unos 750,000.

La propuesta de febrero le representaba a los abonados residenciales un pago promedio de $19 mensuales, mientras que la propuesta más reciente les representa $8.71. La parte fija del cargo mensual, la llamada tarifa de conexión, eran $13 en febrero y $1 en la propuesta nueva. Este cargo fijo lo pagan incluso los abonados que han instalado sistemas de placas y baterías en sus hogares. Una propuesta que se ha discutido, pero que no está adoptada en el plan, es que el cargo fijo, y también algún elemento del cargo por consumo, se distribuya entre todos los abonados, aún los que están subvencionados.

A los abonados comerciales, la propuesta de febrero representaba entre $16.25 y $1,800 mensuales solo en el cargo fijo, sin contar el aumento en la parte que tiene que ver con el nivel de consumo. La nueva propuesta le representa a estos abonados cargos fijos de entre $1.25 hasta $112.50 mensuales, sin contar consumo.

Los cargos nuevos propuestos tienen que pasar por el proceso de aprobación del Negociado de Energía. Mujica planteó que el PAD enmendado apoya la política pública de que la isla genere mediante energía renovable el 100% de la energía que consume par 2050 en la medida en que lo números se ajustan al Plan Fiscal de la AEE y en ese plan hay reservas de dinero para apoyar las inversiones que la corporación tendría que hacer para lograr esa meta.

El presidente de la JCF, David Skeel, y su director ejecutivo Robert Mujica, indicaron en una conferencia de prensa virtual que esperan que el plan pueda ser confirmado para enero de 2024, un proceso que sigue adelante aunque paralelamente algún grupo de acreedores someta apelaciones sobre las determinaciones de Swain.

“Es una victoria significativa para el pueblo de Puerto Rico”, opinó Mujica. “Tenenos un plan completamente viable… un plan confirmable”, aseguró Skeel, quien añadió que el PAD sometido hoy es resultado de una “propuesta muy creíble” que desarrollaron algunos acreedores después de las decisiones judiciales.

Antes de la fecha de confirmación proyectada se conocerá cuánto más añade al impacto mensual de los abonados la decisión que se tome sobre el financiamiento de las pensiones de los jubilados de la AEE, el cual está financiado de manera provisional con fondos del gobierno solo hasta fines de 2023. La deuda de pensiones es de unos $4,300 millones.

El trato de las pensiones no cambió en esta versión del PAD, lo cual fue una de las razones para la reciente renuncia del miembro de la Junta, Justin Peterson, designado al ente por el expresidente Donald Trump. La intención es pagar todos los beneficios a los jubilados hasta la fecha de efectividad del PAD (lo que ocurre después de que sea confirmado por el tribunal).

Luego de ese momento, el plan de pensiones se cierra, cesa la acumulación de beneficios y los empleados que queden de la AEE, así como los que pasaron al gobierno central tras la entrada de los operadores privados LUMA y Genera PR, tienen la opción de inscribirse en el plan de pensión nuevo del gobierno, que es de aportaciones definidas.

En cuanto al elemento de cuánto apoyo tiene el plan entre los acreedores, uno crucial para el proceso de confirmación que comienza ahora, el ente fiscal informó que esta versión del PAD tiene el apoyo del 43% de los acreedores. La ventana para que más acreedores apoyen sigue abierta. El plan dispone que los bonistas que lo apoyen pueden recuperar 44.4% del valor de su reclamación, mientras que los que no lo apoyen recibirían 12.5%. Los acreedores que no tienen garantías recuperarían 13.5%.

El PAD sometido hoy preserva acuerdos que había en planes anteriores, e incorpora nuevos. Los acuerdos que ya estaban son con los Prestamistas de la Línea de Combustibles, con la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee Corp. (que recobra 68.4% de su reclamación), y con un grupo de bonistas que había aceptado el acuerdo original. El acuerdo nuevo es con BlackRock Financial Management Inc., Nuveen Asset Management LLC, Franklin Advisers, Whitebox Advisors LLC y Taconic Capital Advisors LP. Estos aceptaron comprar deuda nueva por $1,600 millones a una tasa de 7% garantizada con los cargos nuevos. El efectivo que la AEE va a sacar de esa emisión irá a pagar a otros acreedores.

A grandes rasgos, Mujica calculó que unos $1,400 millones del repago de $2,500 millones va a bonistas y $650 millones van a prestamistas de combustible.

Vea:

Jueza determina que $2,388 millones es lo más que podrían cobrar bonistas de AEE

Bonistas de AEE plantean que, para lo que le ofrecen, mejor desestimen la quiebra