La jueza Laura Taylor Swain accedió a una petición de la Junta, y otras partes del caso, para que suspendiera el programa de confirmación debido a que esta semana se presentará nuevo plan fiscal para la AEE.

El proceso de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) quedó suspendido hoy sin fecha de renovación debido al atraso de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en someter un nuevo Pan Fiscal para la corporación pública y al anticipo de que la presentación de ese documento este viernes puede provocar cambios sustanciales en el PAD que se había propuesto.

La determinación de la jueza de la quiebra de la AEE, Laura Taylor Swain, se registró hoy después de una moción en la que la JSF le hizo el pedido con la anuencia de las demás partes en el caso, incluyendo los acreedores.

En su orden de suspensión, la jueza no hizo expresiones adicionales a las meramente formales, pero el 8 de mayo había dicho que estaba “decepcionada” con el atraso del plan fiscal y adelantó que no estaba inclinada a permitir más cambios que atentaran contra el inicio de la vista de confirmación del PAD el 17 de julio próximo. En esa vista de mayo, la representación legal del ente fiscal solo indicó que el plan fiscal traería modificaciones importantes en la proyección de consumo de energía que confecciona LUMA. Sin embargo, en una moción esta semana, los acreedores apuntan que son los mismos asesores de la Junta los que trabajan esas proyecciones con LUMA, anticipando así que será una proyección hecha a la medida de las necesidades del ente fiscal en este litigio. “Si nada más, esta historia demuestra que la Junta no pude proyectar de manera creíble y confiable el consumo o los ingresos de la AEE”, dijeron los bonistas.

Se supone que el plan fiscal nuevo de la AEE estuviera listo para el 2 de junio, según un calendario que propuso la misma Junta en marzo. Pero entonces la Junta movió ese plazo al 9 de junio, luego al 16 de junio y ahora al 23 de junio.

¿Por qué el plan fiscal es el timón del proceso? Porque la Ley PROMESA dice que para que un PAD pueda ser aprobado por el tribunal tiene que se conforme con un plan fiscal y la misma ley dice que solo la Junta, más nadie, ni el tribunal, tiene la última palabra sobre la certificación de un plan fiscal.

Las partes en el caso, los ciudadanos y la propia Junta acaban de terminar de someter sus objeciones al PAD propuesto. Incluso, la jueza realizó vistas al respecto, pero ahora el anuncio de la suspensión por posibles enmiendas implica que buena parte de ese esfuerzo ya no sirve y que se tendría que comenzar de nuevo a hacer análisis y desarrollar argumentos nuevos sobre el PAD enmendado. Según los acreedores, se trata de un desperdicio de “decenas de millones de dólares”, que paga el pueblo de Puerto Rico.

Ya la jueza había suspendido unos plazos interinos antes de la vista de confirmación. La suspensión de todo el proceso hoy ocurrió después de mociones en las que las partes le confirmaban que tenían un “consenso” sobre que el atraso en el Plan Fiscal hacían insostenible el señalamiento del 17 de julio.

“La Junta espera y aspira a moverse rápidamente hacia la confirmación después de la certificación del Plan Fiscal 2023 y la identificación de las enmiendas necesarias al (PAD)… En el informe de status del 28 de junio, la Junta anticipa poder proveer información sobre si se requieren resolicitaciones y, si es así, cuándo se podrían radicar una declaración de divulgaciones suplementaria y una enmienda completa al (PAD), y el camino adelante hacia la confirmación”, declaró el ente fiscal a la jueza al recordar que regularmente ha tomado dos semanas entre la certificación de un plan fiscal y que se pueda compartir con los acreedores los modelos y datos usados para el mismo.

Por otro lado, el principal grupo de acreedores criticó a la JSF.

“Los bonistas están de acuerdo en que los anuncios recientes de la Junta hacen insostenible el programa de confirmación existente. Sin embargo, no están de acuerdo de antemano a ‘cualquier camino hacia la confirmación’ que la Junta pueda proponer. Al contrario, los bonistas someten que las fallas repetidas de la Junta en cumplir con los plazos que ellos mismos se imponen para certificar un plan fiscal y para cumplir con las órdenes de calendarización de este tribunal constituyen una dilación indebida que afecta a los acreedores de la AEE y a Puerto Rico”, indicaron.

“Los bonistas han hecho todo lo posible para mantener este caso de quiebra de seis años encaminado hacia la vista de confirmación de julio para darle a la Junta una oportunidad más de confirmar un (PAD). En contraste, la Junta se comporta como si el calendario de confirmación fuera meramente opcional, y sujeto a cambios de último minuto por fiat. La Junta simplemente asume que ahora puede someter un plan de ajuste diferente, algo que no está contemplado en las órdenes previas del tribunal. De hecho, en la conferencia de status del 8 de mayo de 2023, el tribunal específicamente dijo que si la Junta no puede confirmar el (PAD) actual, podría no estar dispuesta a concederle a la Junta el tiempo y el dinero ‘para experimentar con el desarrollo de una estrategia para otro plan tómalo o déjalo’. En vez de arriesgarse a este resultado, la Junta simplemente asumió permiso para someter un plan fiscal nuevo y planteó su intención de hacerlo para este viernes. Los bonistas se reservan todos los derechos para oponerse a la presentación de un (PAD) nuevo en esta etapa del proceso”, habían dicho en una moción previa.

“Después de seis años en quiebra, tiene que haber algún fin a estas maniobras (de la Junta)”, apuntalaron.

El Gobierno de Puerto Rico dijo sobre la suspensión que “[s]i la Junta necesita más tiempo para abordar si el (PAD) es asequible, viable y sostenible a la luz del Plan Fiscal 2023 de la AEE, entonces (creemos) que debe hacer lo necesario para cumplir sus responsabilidades y obligaciones estatutarias”. “La Junta debe hacer todo lo que pueda para 1) mantener la tarifa eléctrica asequible; y 2) preservar la economía de Puerto Rico y la funcionalidad de la AEE mediante asegurarse de que su deuda reestructurada sea sostenible”, subrayaron.

En un ejercicio que la jueza Swain ha mantenido de manera paralela a la confirmación del PAD, la Junta ha argumentado que lo más que podrían cobrar los acreedores bajo ese esquema de un síndico son $2,000 millones de los poco más de $8,000 millones que acumula su deuda. Los bonistas, por el contrario, plantearon que ese esquema les permitiría recobrar toda su deuda. El PAD sometido le ofrece a los bonistas unos $5,000 en repago, pero estos no lo aceptan.

Aparte de los problemas con el calendario para la confirmación del PAD, la jueza estaría emitiendo una determinación sobre hasta cuánto pueden recobrar los acreedores, de acuerdo a sus derechos en ley y a la determinación previa de ella de que su derecho a recobro no está garantizado con todos los ingresos futuros de la AEE, sino que solo está garantizada una parte menor y el resto tendrían que tratar de recobrarlo por el mecanismo del síndico.

Vea:

Auge de energía renovable sigue desordenando la quiebra de la AEE

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