Bonistas de AEE plantean que, para lo que le ofrecen, mejor desestimen la quiebra
La mediación en la quiebra de la AEE, que se había reiniciado, volvió a quedar en el aire mientras la mayoría de los bonistas se oponen a recobrar solo la mitad de su deuda.
A la vez que el equipo de mediación notificó que las conversaciones entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los bonistas están paralizadas, estos acreedores plantearon su objeción al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) comentando que, para lo que le ofrecen, mejor buscan hacer valer sus derechos fuera de la quiebra.
La jueza Laura Taylor Swain había realizado una vista de emergencia el 8 de mayo para reactivar la mediación entre las partes después de meses sin actividad. Y las conversaciones reiniciaron, pero igual de rápido, parecen haber terminado. Según un informe que el equipo de mediación sometió ayer, las conversaciones “están paralizadas”. “No está claro para el Equipo de Mediación cuándo las discusiones reanudarán, si reanudan”, añadieron al informar que no hay sesiones de mediación programadas.
El lunes, cuando se registraron sobre 400 mociones de oposición al PAD por parte de ciudadanos individuales que encuentran insostenible un aumento a la tarifa para repagar la deuda, los principales acreedores de la misma también sometieron su oposición pero por el argumento contrario, que el repago que le ofrecen es muy bajito cuando, a su entender, tienen derecho y posibilidad de recobrar su deuda entera, incluso con una desestimación del caso de quiebra.
“[L]os bonistas de la AEE no están ante un Plan consensuado que les provee un recobro mayor y una alternativa mejor que una desestimación y, por lo tanto, el Plan como está propuesto actualmente no satisface la prueba de la Ley PROMESA sobre los mejores intereses de los acreedores”, planteó la aseguradora de bonos Syncora Gurantee, Inc. en su objeción.
“Las partes están conscientes de las dificultades que podrían encontrarse al procurar remedios en Puerto Rico fuera del proceso de quiebras. Sin embargo, cualquiera de esas dificultades palidece en comparación con el tratamiento que recibirían bajo el Plan. El voto claro de una proporción predominante de los acreedores que se espera rechacen el Plan refleja su creencia de que la búsqueda de remedios fuera de la quiebra provee una mejor alternativa que el tratamiento propuesto bajo el Plan. Por tanto, el Plan no está en los mejores intereses de los acreedores cuando se considera en el agregado”, afirma Syncora en una posición avalada por otros acreedores.
La propuesta de la Junta a los bonistas es repagarles cerca de 50% de su deuda mediante la imposición de un cargo fijo de unos $19 mensuales a los abonados por al menos 35 años y de cargos adicionales que dependerían del consumo. El cargo fijo se tendría que pagar aún si el abonado ha invertido también en un sistema de energía renovable que minimiza su consumo de la energía que suple la AEE.
La apuesta de los bonistas fuera de la quiebra es el derecho que tienen a pedir la designación de un síndico que tome control de la AEE y la administre con la misión de repagarles lo más posible de su deuda y estos acreedores entienden que eso significa toda la deuda, sin descuento. Ya la jueza Swain decidió en marzo que este grupo no tiene una garantía para recobrar de todo ingreso futuro de la corporación pública, sino solo de unos fondos específicos dentro de su presupuesto y que, el resto, es una deuda no garantizada. La jueza también realizó una vista la semana pasada para explorar cuánto podrían recobrar los bonistas mediante el mecanismo del síndico, a lo que ellos sostuvieron que los poco más de $8,000 millones que se le debe, mientras que la JSF argumentó que sería solo poco más de $2,000 millones por los obstáculos que enfrentarían. Estos obstáculos incluyen la reactivación de los poderes del Gobierno de Puerto Rico para evitar ese repago porque ya no estarían limitados por el proceso de quiebras.
Además de esta posición aparentemente común y base de que estarían mejor fuera de la quiebra que dentro de ella, los bonistas presentaron otra serie de argumentos legales en contra del Plan.
Uno sobre el que también coincidieron es que la Junta no propuso el Plan de buena fe sino que está diseñado específicamente para minimizar al máximo el potencial de repago. Para esto, cuentan con el testimonio del miembro de la JSF, Justin Peterson, quien antes de integrar el ente fiscal fue cabildero y relacionista de acreedores del Gobierno de Puerto Rico.
“Como reveló en su deposición (Peterson), los asesores de la Junta han hecho un análisis ‘a la medida’ cuya intención es ‘pagar lo menos posible’ a los bonistas y otros acreedores. El Sr. Peterson está en lo correcto. El Plan simplemente erige una fachada de análisis económico desapasionado, que esconde una agenda dirigida a llevar el recobro de los acreedores tan bajo como se pueda llegar”, señaló el grupo de bonistas Ad Hoc en su objeción.
Las objeciones también apuntan a tratamiento discriminatorio entre acreedores porque la JSF llegó a un acuerdo con los que financian la compra de combustible (Fuel Line Lenders) y la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee, para pagarles sobre 70% de su deuda, respectivamente, $700 millones y $836 millones. “[A] National se le da un trato que es superior incluso al que se le da a los bonistas que litigan sus reclamaciones y ganan”, subrayó Syncora.
Sobre la determinación previa de la jueza de hasta dónde podían cobrar, otra objeción fue que el Plan deja a la discreción de la Junta el ponerlo en efecto aún antes de que esa decisión de la jueza pueda ser revisada por tribunales apelativos. Los bonistas entienden que esto se podría atender si la jueza pone una tranquilla para que el Plan no pueda entrar en vigor hasta 30 días después de que advenga final y firme esa apelación, o que se separe una reserva para atender la eventualidad de que la jueza fuera revocada y la deuda de los bonistas resulte estar garantizada con los ingresos futuros. Además, ofrecen que el cargo fijo puede comenzar a cobrarse para acumular ingresos y la repartición del mismo puede estar sujeto a la determinación final de esta controversia.
Otra aseguradora que se opone, Assured Guaranty Corp., utilizó su objeción para impugnar la constitucionalidad de la Ley PROMESA porque no es una ley de quiebra “uniforme” como lo requiere la Constitución de los Estados Unidos. Esto implica un aviso al Departamento de Justicia federal para que el gobierno federal decida si quiere comparecer al proceso de confirmación del Plan para defender la constitucionalidad del estatuto.
Una impugnación similar se registró cuando la jueza consideraba el PAD del gobierno central. En esa ocasión, un grupo de acreedores decían que era inconstitucional porque les representaba una expropiación ilegal ya que tenían distintos tipos de reclamos sobre propiedad pendientes en los tribunales y, debido a que el Plan limitaba los pagos de estas reclamaciones, ocurría la expropiación sin compensación debida. Para entonces, Justicia federal pidió postergar el proceso de confirmación de manera que pudieran intervenir, pero la Junta modificó la reserva que el Plan hacía para estos casos y la objeción se volvió académica. En este caso, ese tipo de resolución se dificulta porque lo que plantea Assured implica la disolución de todo el proceso por inconstitucionalidad del estatuto habilitador del proceso de quiebra de la AEE.
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