En la vista que atiende la jueza de quiebras Laura Taylor Swain se habló de las formas para extraerle a los abonados el dinero para pagar la deuda de la AEE.

En la vista que atiende la jueza de quiebras Laura Taylor Swain con el propósito de estimar cuál es la deuda real que podrían reclamar los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y cómo la pueden cobrar, testigos expertos discutieron ayer las forma en que se le podría extraer dinero para el repago de esa deuda al ya atribulado residente de la isla.

Los testigos y abogados llenan el récord de discusiones técnicas, pero, para los abonados comunes y corrientes que pudieran escuchar, era como si un prisionero estuviera presenciando la discusión de dos torturadores sobre los distintos métodos que le aplicarían. Si fracturas, extracción de uñas, simulación de ahogamiento o descarga eléctrica a los genitales. Dejar ir al prisionero no es una de las opciones, la disyuntiva es qué tipo de dolor le van a infligir.

Las vistas ocurren también, no por culpa del tribunal, en medio de una ola de calor histórica que los abonados empeorada por apagones debido a la insuficiencia de generación de electricidad.

Como explicó NotiCel el mes pasado, a la vista de esta semana se le conoce en el mundo de las quiebras como una “vista 502”, en la que el tribunal se supone que llegue a una conclusión sobre la cuantía de la reclamación de un acreedor con la intención de que eso influya en el proceso de confirmación de un plan de reestructuración de deuda. En la quiebra de la AEE, ese proceso de confirmación de plan comienza el mes que viene.

Las posiciones de las partes están fijadas, también desde el mes pasado, mediante informes y declaraciones de sus respectivos peritos. En general, el experto de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y, por ende, el del Gobierno de Puerto Rico, entiende que lo más que podrían recobrar los bonistas, aún ejerciendo su derecho a pedir la designación de un síndico que opere la corporación pública, es unos $2,000 millones, o lo mismo que aproximadamente una cuarta parte de los poco más de $8,000 millones que reclaman. Esta cantidad no incluye lo que la AEE debe a sus pensionados y a otros acreedores como los prestamistas de compra de combustible. Por su parte, los expertos de los acreedores, representados por algunas aseguradoras de bonos y el llamado Grupo Ad Hoc de bonistas, aseguran que los abonados de Puerto Rico tienen capacidad para repagarles toda la deuda.

De fondo, está la determinación que tomó Swain de que los bonistas no tienen una deuda asegurada que les da derecho sobre toda fuente de ingreso futura de la AEE, sino solo tienen derecho al dinero depositado en ciertos fondos especiales y, el resto, no está asegurado.

El factor que más diferencia a los acreedores de la AEE de otros acreedores en la quiebra del Gobierno de Puerto Rico es que sus bonos están respaldados con un acuerdo de fideicomiso que les permitiría ir al tribunal a reclamar la designación de un síndico para tomar control de la AEE con el fin de ejecutar las medidas necesarias para asegurar el repago de la deuda.

Pero, a la hora de la verdad, en la vista, el experto de los bonistas sobre cómo sería esta sindicatura dejó muchas preguntas sin contestar.

John S. Young Jr. indicó que tiene sobre 40 años en utilidades, pero su área es las utilidades que proveen servicio de agua, no de energía eléctrica. De hecho, una de sus experiencias recientes de más alto perfil fue consultor de la ciudad de Flint, estado de Michigan, para atender la crisis que se desarrolló allí por presencia de plomo en el agua que se servía a los residentes. Para efectos del caso de la AEE, los bonistas resaltaron su experiencia como síndico en el condado de Jefferson (Alabama), pero fue en el Departamento de Servicios Ambientales trabajando con el suplido de agua y del propio testimonio surgió que su intervención, de apenas un año, no logró que la clasificación de crédito de esa dependencia mejorara ni que se tuviera que acoger a la Ley de Quiebras. Es decir, la experiencia que los acreedores resaltaron fue una que resultó en que la dependencia se acogiera a la quiebra sin poder lograr un pago de su deuda por otras vías.

Young admitió que, en su preparación para este caso, no tuvo comunicación con persona de la AEE o del privatizador del sistema de transmisión y distribución, LUMA ni estaba empapado de los detalles financieros y operacionales de la corporación pública puertorriqueña. A preguntas sobre qué diferencia podría hacer el nombramiento de un síndico en la AEE, no fue específico y optó por reiterar que todo va a depender de los poderes que el tribunal otorgue a ese síndico. Young sí aseguró que tiene experiencia atendiendo las presiones políticas que surgen cuando se habla de aumento de tarifas y aseguró que todavía no había visto a un político que desafiara la orden de un tribunal ejecutada a través de un síndico. “Se echan para atrás”, comentó. “Nadie gana si tienes que apagar las luces”, dijo para rechazar que la operación de un síndico lleva a debacle financiera y al afirmar que el trabajo del síndico es atender los intereses no solo de acreedores sino de abonados y de la propia utilidad que administra.

Llamó la atención que cuando era síndico en el condado de Jefferson, no tenía que someter su solicitud de aumento de tarifas a un regulador, sino que era un ejercicio de comunicación política que podía resolver ejerciendo su poder legal. Pero en Puerto Rico el aumento de tarifa eléctrica tendría que pasar por el Negociado de Energía como regulador del sector.

A lo largo de los testimonios, resaltó también que una de las limitaciones que tiene el ejercicio es que los análisis y conclusiones se supone que se nutran de una visión de la AEE previa al huracán María porque se supone que el punto de corte sobre la reclamación de deuda es cuando la JSF sometió el caso de quiebra de la corporación pública, lo que ocurrió en 2017 meses antes del impacto de ese ciclón.

Por ejemplo, los bonistas pudieron enfatizar que el experto de la JSF, David Plastino, contó como uno de los proyectos a los que la AEE tendría que asignar fondos la plataforma de gas en Aguirre que ya está descartada. El testigo dijo que era porque estaba contemplado en el Plan Fiscal de la AEE de 2017. Los bonistas destacaron también que en sus proyecciones Plastino tampoco comparó a la AEE con otras utilidades de energía eléctrica en el mismo estado de deterioro.

El testigo defendió que su análisis utiliza un enfoque práctico de negocios donde no se puede proyectar que los clientes se van a quedar pagando cada vez más en su factura de energía cuando está instalando sistemas de placas solares y batería que le permiten recibir cada vez menos servicio de la AEE.

A contrapelo, la experta de los bonistas, Maureen M. Chakraborty, defendió su proyección de que se puede recobrar la deuda completa bajo distintos escenarios que va desde lograrlo en 27 años hasta hacerlo en 42, pero admitió que no tomó en cuenta los trámites y obstáculos que tendría que pasar un síndico para lograrlo.

La jueza Swain escuchará los argumentos finales de los abogados en la mañana del jueves y luego emitiría decisión por escrito.

A la par con este proceso, los ciudadanos pueden expresar su posición sobre aumentos en la tarifa en el enlace No Más Aumentos.

Vea:

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