En medio de la disputa entre el Departamento de Educación y su casero, la Junta de Supervisión Fiscal urgió a la agencia a buscar edificios de gobierno que pueda usar para bajar sus costos de renta y que busque también locales fuera de San Juan.

Mientras que el tribunal emitió una orden de desahucio para que el Departamento de Educación (DE) desaloje su sede, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) está empujando a que la agencia identifique planteles cerrados a los que se pueda mudar para que se ahorre el arrendamiento que paga a caseros privados.

La pugna entre el DE y su casero, Luis Rivera Siaca, por la antigua sede de la agencia y un anexo en la calle Calaf de Hato Rey está corriendo hace años y ya implicó que al exsecretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, y a otros tres miembros de su equipo ejecutivo están sometidos a investigación de un fiscal especial independiente (FEI) por pagarle $4,754,014.81 al casero sin tener un contrato formalizado. Esa pesquisa inició por referido de la JSF al Departamento de Justicia al observar que, al menos desde junio de 2019, la agencia estaba pagando el alquiler sin un contrato.

En marzo de 2023, Rivera Siaca demandó al DE porque no le pagaban alquiler desde diciembre de 2021 para una deuda, hasta entonces, de $4,658,457.70. El miércoles, 31 de mayo, la jueza Glorianne M. Lotti Rodríguez emitió la orden de desahucio ante el incumplimiento de la agencia, que se supone hubieran realizado pagos y presentado un acuerdo para el 30 de mayo.

Pero, aunque no está demandada, el tira y hala del casero es realmente con la JSF, que ha estado controlando los movimientos del DE tras bastidores.

El ente fiscal reveló esos movimientos en una carta el 20 de abril en la que evaluaron la extensión del nuevo contrato que se hizo con Rivera Siaca para formalizar lo que no estaba formalizado bajo Hernández Pérez. La Junta quería acortar el acuerdo de arrendamiento al 30 de abril de 2023, pero Rivera Siaca lo rechazó y el ente fiscal ordenó a la agencia a que hiciera un proceso competitivo para buscar nuevos espacios.

A ese proceso solo compareció el mismo Rivera Siaca, pero, según la carta de la JSF, el supuesto diseño competitivo de la propuesta estaba fundamentalmente viciado y defectuoso. El DE pidió propuestas para exactamente el mismo pietaje que ocupaba con Rivera Siaca, en vez de pedir propuestas para un rango de pietaje, y limitaba solo a San Juan los espacios que consideraría, en vez de abrirlo a pueblos que todavía pueden ser área metro, como Bayamón, Guaynabo y Carolina.

Ante esto, el DE decidió suspender el proceso competitivo y tratar de renegociar con Rivera Siaca, lo que resultó en términos menos favorables que los actuales porque implicaban un arreglo mínimo de cinco años con cánones más altos que los actuales y que los indicadores del mercado. De ahí, el DE se movió a pedirle a la Junta que extendieran los acuerdos actuales para llevarlos a 2025 la sede y 2026 el anexo.

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Pero la JSF solo aprobó extensiones hasta el próximo 30 de junio de 2023 y pidió un proceso competitivo nuevo, esta vez posibilitando la consideración de espacios menos caros fuera del área metropolitana, a la vez que recordó que la agencia ni siquiera tendría que hacer ese proceso si modifica sus expectativas para que se cumplan en edificios de gobierno, incluso hasta escuelas cerradas, que no necesariamente tienen que estar localizadas en San Juan.

“El (DE) no debe estar pagando tarifas premium para espacio de almacenamiento e infraestructura si puede asignar mejor sus recursos y usar opciones más asequibles para estos fines”, indicó la Junta en su carta.

Como parte de la ronda de cierre de planteles entre 2016 y 2021, el DE dejó de usar 480 planteles, la mayoría de los cuales siguen en desuso y abandonados. La agencia no ha podido demostrar todavía que los cierres han conllevado reducción significativa de gastos en su presupuesto. En el plan fiscal se señala que el DE supuestamente había identificado 56 planteles que podía reconfigurar para uso administrativo, incluyendo 41 que podían servir para archivo inactivo y oficinas regionales, así como 15 que podían estar al servicio del Proyecto Centros de Apoyo Sustentable al Alumno (CASA).

“Otra vez, urgimos (al DE) que analice si puede ayudar a alcanzar los ahorros requeridos en el plan fiscal mediante minimizar su dependencia en alquileres de propiedad privada y para reacondicionar a esos fines escuelas cerradas”, añade el ente fiscal en la carta.

El jueves, después de conocerse la orden judicial de desahucio, el gobernador Pierluisi Urrutia despachó las preguntas al respecto aludiendo a que era una controversia larga que su gobierno había heredado.

Mientras, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, comentó que “es un asunto bien complejo” y que el más reciente tranque es a raíz de condiciones que impuso el Departamento de Justicia, las cuales no detalló, a la oferta transaccional que se estaba discutiendo en el tribunal con el casero. En el espacio en controversia, el DE tiene sus oficinas de Sistemas de Información, de Recursos Humanos y la Región Educativa de San Juan.

A pesar de las observaciones de la Junta sobre moverse a espacios del mismo departamento o a otros edificios de gobierno para minimizar costos, Ramos Parés dijo que su intención es permanecer en el espacio de Rivera Siaca.

“Ya yo di instrucciones para trabajar sobre el lenguaje de la estipulación para ver si podemos tener algo que preserve los derechos del dueño del edificio e igualmente del Estado a través del Departamento de Justicia, en caso de que surja la oportunidad de reclamar aquellos pagos que fueron indebidos”, expresó en referencia a que se quiere prevenir que una transacción ahora afecte los derechos que tiene el gobierno sobre los fondos que se desembolsaron de manera ilegal, cuando no había contrato.

Para ver la carta de la Junta, pulse aquí.