Las partes han hecho sus estimados, pero la jueza queda con la facultad de decidir la cantidad.

La jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, fijó para el 6 de junio la vista en la que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los principales bonistas de la AEE (el Grupo Ad Hoc) argumentarán cuánto es que le debe la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), esto después de que en marzo pasado la jueza emitiera una decisión que da al traste con el reclamo de los bonistas de que tenían derecho a cobrar de forma garantizada de los ingresos futuros que tuviera la corporación pública.

En el proceso de quiebras, el proceso señalado se conoce como una vista 502, por la sección correspondiente en el Código de Quiebras. En términos generales, es una facultad que tiene el tribunal para evitar atrasado en un caso mediante fijar la cantidad de la reclamación monetaria que hace un acreedor, aún cuando hay otras controversias pendientes alrededor de esa deuda.

En el caso de la quiebra de la AEE, la vista se fija en el marco del tren acelerado que Swain le puso desde principios de año para lograr que el Plan de Ajuste de Deuda de la AEE vaya a vista de confirmación este verano a una posible fecha de ejecución a fin de año.

Como parte de eso, en marzo pasado emitió la decisión que llevaba años pendiente sobre la naturaleza y el alcance de las garantías de los bonistas y también como parte de eso la semana pasada reanudan sesiones de mediación presionadas por la jueza, quien en una vista de emergencia reciente advirtió a todas las partes que ninguna de sus posturas sobre la deuda de la AEE estaba sólida o eran infalibles.

Al final de una vista 502, el juez de quiebras hace una determinación de la cantidad de la reclamación que se supone sea realista y ayude a traer certeza para que el resto del caso se pueda mover más ágilmente. Las partes pueden hacer argumentos basados en conceptos extremadamente sofisticados y con fórmulas matemáticas complejas para llegar al número que reclaman, pero los jueces no están obligados a adoptar ningún método particular y pueden emitir su decisión sobre la cantidad final sin tener que basarse en alguna ecuación o fórmula. Es un ‘momento de la verdad’ dentro de una quiebra.

En la reestructuración de la AEE, esa evaluación ya tiene algunas premisas y argumentos establecidos.

En la decisión de marzo, Swain dejó a los bonistas sin una reclamación asegurada sobre todo los ingresos futuros de la corporación pública, con lo que esperaban cobrar al 100% la deuda de $8,477 millones que tienen acumulada. Estableció que solo tienen una reclamación garantizada sobre los “dineros” que están depositados en ciertos fondos específicos y que, el resto de la deuda, es una reclamación no asegurada. Con una reclamación asegurada, la expectativa es que la deuda se paga al 100%, o por lo menos, se paga con prioridad por encima de otros acreedores. Con una reclamación no asegurada, el repago podría ser de centavos por cada dólar, si alcanza el dinero.

En la misma orden, la jueza dirigió a las partes a prepararse para ponerle un valor a esa parte no asegurada de la deuda, la que llamó Reclamación No Asegurada sobre los Ingresos Netos.

Un elemento para este cálculo es la estimación de cuánto podrían cobrar los bonistas si ejercen otros poderes que tienen sus bonos para obligar a la AEE a repagarles, principal entre ellos el poder que tienen de nombrar un síndico que tome control de la corporación pública y que tiene la capacidad de aumentar tarifas con el propósito de pagar la deuda. Esos aumentos, sin embargo, estarían limitados por el lenguaje del acuerdo con los bonistas y de la ley habilitadora de la AEE que establece que las tarifas tienen que ser “razonables”.

Las partes ya han sometido informes periciales sobre lo que estiman podría ser el recobro de los bonistas si se nombra a un síndico.

En su informe, la JSF resalta que un síndico solo sería nombrado si la AEE está fuera de la protección del tribunal de quiebras, como lo está ahora por disposición de la Ley PROMESA, por lo que se reactivan las facultades de las ramas constitucionales del gobierno, particularmente Legislatura y Judicial, para intervenir en la controversia y se activarían leyes que limitan la capacidad de recobro. Por esto, estimó que, a lo sumo, los bonistas cobrarían solo $2,000 millones.

El Grupo Ad Hoc sometió su informe pericial estableciendo que el poder que tienen con un síndico es el de recobrar hasta el último centavo que se les debe, por lo que argumentaron a la jueza que si estimado de recobro es la totalidad de los $8,477 millones.

Mientras progresa este aspecto del caso, prosiguen también los preparativos para la vista de confirmación pautada para julio. Los bonistas y otros grupos avisaron la semana pasada su intención de deponer a miembro de la Junta, Justin Peterson (un cabildero de acreedores que ha sido vocal en su oposición al plan de reestructuración), al director ejecutivo, Robert Mujica, y también a la propia AEE y a su alter ego provado en gerencia y sistema de distribución, LUMA Energy, quienes tendrán que proveer información sobre elementos como el robo de electricidad, los fondos recibidos para mejoramiento del sistema desde los huracanes de 2017, la integración de fuentes de energía renovable y sus proyecciones de costos, de consumo y sobre los abonados.

Vea:

Junta muestra a bonistas, y a Swain, lo caótico que sería un síndico en la AEE