Aún después de decisión de jueza Swain que limita la capacidad de recobro de los bonistas de la AEE, las partes siguen sin mediar y la Junta no echa para atrás su propuesta de un cargo fijo para todos los abonados, aún los que tienen sistemas solares.

Con menos de tres meses en el calendario antes de que se supone comiencen las vistas del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), los bonistas y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no han tenido mediación formal, lo que provocó que la jueza de quiebras Laura Taylor Swain convocara a una vista urgente este próximo lunes.

La divulgación del equipo de jueces mediadores de que las partes no habían recurrido a ellos para buscar solución a su impase ocurrió a pesar de que, desde hace meses, pero especialmente desde fines de marzo, Swain emitió una orden para que las partes comenzarán a trabajar “inmediatamente de buena fe” con los mediadores. No es la primera vez que lo pide y no es la primera vez que no le hacen caso.

Ocurre también cuando se alinean varios testimonios de expertos en contra del llamado “cargo heredado”, o lo mismo que el cargo fijo que la JSF propuso a los bonistas en febrero y que podría representar un aumento de por lo menos $19 en la factura mensual de los abonados, incluso aquellos que han invertido en sistemas de placas solares y baterías para tratar de las alzas de costo y vaivenes del servicio eléctrico. Los expertos que se oponen al cargo han coincido en decir a la jueza Swain que provocaría un impacto negativo en la economía y encarecería innecesariamente la transición hacia la adopción de fuentes de energía renovable.

El equipo de mediación notificó el miércoles que no había ocurrido mediación y no había ninguna sesión programada para el mes de mayo, a pesar de la orden de la jueza en marzo. De hecho, no ha ocurrido mediación significativa desde que la jueza designó el equipo hace más de un año, el 8 de abril de 2022. Ese mismo día, Swain emitió la orden para la vista de emergencia con instrucciones de que comparecieran personalmente, entre otros, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, su presidente, David Skeel, o ambos.

La Junta no ha dado indicios de modificar su propuesta de febrero, a pesar de que el 22 de marzo pasado la jueza Swain alteró fundamentalmente las bases de los reclamos de los bonistas cuando les dijo que no tienen razón en su pretensión de que tienen el poder de obligar a la AEE a repagarles toda su deuda utilizando los ingresos futuros que tenga la corporación pública. En esa decisión, que finalmente resolvió unas controversias planteadas desde 2019, la jueza concluyó que los bonistas solo tienen derecho a los dineros que la AEE tenga en una serie de fondos específicos y que, lo que los bonistas no puedan cobrar de ahí, solo constituye una deuda no asegurada. Teóricamente, los bonistas podrían pedir al tribunal la designación de un síndico con el poder de aumentar las tarifas para lograr el repago de su deuda, pero la jueza les recordó en el mismo escrito que las tarifas que ese síndico ponga tienen que cumplir con el criterio de que sean “razonables”. Los fondos son: de amortización, de autoaseguro, de mejoras capitales, de reserva de mantenimiento y de construcción.

Antes de esta decisión, la Junta había propuesto un repago de $5,680 millones, que representa un recorte de casi 50% pero que, aún así, expone a los abonados a un cargo fijo de por lo menos $19 mensuales. Este cargo es por encima de cualquier consumo que tengan y no es el único porque hay otros dos nuevos cargos, llamados volumétricos, que se activan por etapa y que dependen de lo que el abonado consuma pero que, de la manera en que están diseñados, se constituyen también, por lo menos el primero de los cargos, en uno fijo porque el abogado promedio tiene hoy día un consumo que lo activa.

Ese cargo fijo, que la Junta denomina “cargo heredado” (legacy charge), es el foco principal de los testimonios expertos que se le han sometido a la jueza de cara a las vistas de confirmación del PAD programadas para comenzar el 17 de julio.

El propio experto económico de la Junta, Glenn R. George, reconoció que, por el nivel de ingresos en la isla, una factura por encima de los $120 mensuales ya está en terreno prohibitivo para el abonado, cuando se compara con estándares usados para definir lo que se llama la “pobreza energética”. Esos $120 sería el total máximo de consumo y cualquier cargo fijo.

Con este testimonio, la Junta pretende caminar una cuerda floja. Por un lado, quieren reforzar su estrategia de que el recobro de la deuda se haga mediante un cargo fijo aplicable a todos los abonados, pero, por el otro, quieren convencer a la jueza que no se puede ofrecer más de lo que ofrecieron.

“[C]erca de la mitad de los residentes de Puerto Rico enfrentarían una carga energética alta como resultado del cargo heredado… Para la AEE, imponer cargos para el repago de deuda y otros gastos prudentes a través de un cargo fijo asegura que se cobrará ese ingreso aún si los abonados optan por baja su consumo o buscan una alternativa de generación distribuida”, dijo en referencia a los sistemas de placas y baterías.

En oposición, el exrepresentante del interés público en la Junta de Gobierno de la AEE, Agustín Irizarry Rivera, dijo en su testimonio pericial que “el componente fijo del propuesto ‘cargo heredado’ está diseñado como un impuesto a la adopción de la energía solar residencial y penaliza la adopción de la medición neta de le generación fotovoltaica en los techos”. Añadió que la propuesta de la JSF a los bonistas mantiene de rehén a los abonados que quieren bajar costos y tener servicio más confiable porque les encarece artificialmente la conversión a solar al enfrentar costos fijos aumentados. Aún así, el impulso hacia la adopción de energía renovable hará que la AEE venda cada vez menos energía, lo que activará un “círculo vicioso” que hará que los bonistas no puedan cobrar su deuda, aseguró.

También en oposición, los economistas José Alameda Lozada y Ramón Cao García y el excontralor de la ciudad de Nueva York, Tom Sanzillo, aseguraron a la jueza que el PAD propuesto es inconfirmable porque afecta tanto el plan de ajuste y plan fiscal del gobierno central como el plan fiscal de la propia AEE. Esto porque la Junta ha sido demasiado optimista en algunas proyecciones y ha escondido gastos que se tendrán que tener para lograr la transformación del sistema energético de la isla que se supone sea el propósito de la asignación histórica de fondos que ha hecho el gobierno federal tras el azote del huracán María. Para estos, una de las cosas que la Junta no explica es cómo su propuesta afecta los indicadores macroeconómicos de la isla, o lo mismo que los efectos que puede tener fuera de la encasillado pequeño de si la AEE paga o no su deuda. Una de las cosas que no han considerado es la reducción en empleo que se puede causar cuando los cargos fijos en la factura de energía encarezcan todo.

“[L]a JSF no ha hecho estudio o evaluación de las consecuencias macroeconómicas de su propuesta para reestructurar la deuda de la AEE. Nuestros estimados son que la implementación de esta propuesta tiende a resultar en una reducción del Producto Nacional Bruto de Puerto Rico por $155 millones, o 2.70% en el año fiscal 2024 y $472.4 millones, o 8.59%, en 2030, lo que tienden a causar reducción en el empleo de 25,010 en el año fiscal 2024 y 79,472 en el año fiscal 2030”, argumentó Cao García.

“[N]o hay espacio para un cargo heredado”, sentenció Sanzillo.

Para el testimonio de George, pulse aquí.

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Vea:

Cargo mensual de $19 por 35 años a abonados de AEE propone Junta en nuevo plan