El pleito impugnaba el control de la Junta de Supervisión Fiscal sobre el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico.

Tras cuatro años de litigio, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston desestimó el pleito mediante el que profesores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) impugnaban la presión que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ejerce sobre el Sistema de Retiro de la institución a través del plan fiscal del sistema universitario y de su Junta de Gobierno.

Con la decisión, el tribunal revisor parece haber dado conclusión a un pleito que comenzó en 2019 y que tiene todavía controversias vigentes. El razonamiento del tribunal fue que la Ley PROMESA impide que las cortes evalúen controversias sobre los planes certificados ya que los mismos son del control exclusivo de la JSF. Al concentrarse en la determinación sobre su falta de jurisdicción, los jueces dejaron sin atender los demás argumentos de los profesores.

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y sus miembros Ángel Rodríguez Rivera, Javier Córdova Iturregui, Heriberto Marín Centeno, Yohanna de Jesús Berríos, Annabell C. Segarra, Nydia E. Cheverez Rodríguez, Frances Bothwell del Toro, Ivette Bonet Rivera y Lida Orta Añes sometieron la petición buscando un remedio interdictal para prohibir a la JSF y a la Junta de Gobierno de la UPR intervenir con el Sistema de Retiro que, sostienen, es una entidad independiente de la universidad.

Pero los jueces encontraron que la UPR sí es una entidad cubierta por la Ley PROMESA y que el impacto y efecto que un plan fiscal pueda tener sobre una entidad como el Sistema de Retiro, es un elemento sobre que el tribunal tampoco se puede meter. La ley prohíbe que la corte se meta en un plan fiscal certificado y también en los efectos del mismo sobre acreedores, como puede ser el Sistema de Retiro, plantearon los jueces para desestimar.

La intervención de la JSF en la UPR con relación al retiro de los profesores comenzó, según la sentencia, en 2019 con la certificación de un plan fiscal que concluía que el sistema estaría insolvente para 2031 si se mantenía en su forma actual. El ente fiscal presentó tres recomendaciones de política pública para la Junta de Gobierno y expresó su preferencia por la opción de cambiar el plan de uno con modalidad de beneficios definidos, como la mayoría de los planes de retiro en el resto del gobierno, y moverlo a un plan de contribución definida, que es el tipo de plan al que la Junta movió los demás planes de retiro públicos.

En este tipo de plan, el pensionado no tiene un nivel de pago garantizado por el resto de su vida sino que, a la fecha de su retiro, recibe una cantidad acumulada cuya permanencia está sujeta al rendimiento de la inversión en el mercado. Además de cambiar la naturaleza del plan, la opción preferida por la JSF implica reducción de los beneficios que se reconocían hasta ahora.

En marzo de 2021, la Junta de Gobierno decidió que el 31 de diciembre de ese año el plan cesaría de funcionar como hasta ese momento y la JSF expresó aprobación, pero continuó abogando por la implantación total de lo que habían expresado como opción preferida.

Tras la publicación original de esta historia, la Junta de Retiro de la UPR aseguró que la desestimación del pleito no afecta sus operaciones y que la fecha de insolvencia proyectada se ha podido situar en 2054 debido a medidas que se han tomado para la protección financiera del sistema. “[E]l sistema no está en quiebra ni en riesgo de insolvencia”, indicaron.

“La decisión del Tribunal, que hemos leído nosotros y nuestros asesores legales, no habla sobre la fecha del cambio a un plan de contribuciones definidas ni si se puede hacer o no. Lo que sucedió aquí fue una desestimación de la demanda presentada por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y lo que el Tribunal dice es que no tiene jurisdicción para entrar en los méritos de lo que pide la APPU, que es que se desautorice a la JSF de hacer planes fiscales sobre la universidad, que afecten o puedan afectar al Sistema de Retiro”, explicó el presidente de la Junta, Luis Vicenty Santini.

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