Incentivos al cine es dar dinero a quien no lo necesita, sostiene Junta
El Gobernador firmó aumento en incentivos de cine, pero no pueden entrar en vigor porque la Junta de Supervisión Fiscal se opuso.
A pesar de que La Fortaleza anunció el martes pasado que el Gobernador había firmado una medida que aumenta la cantidad de crédito contributivo disponible para incentivar la actividad cinematográfica en la isla, y de que esa industria lo celebró, la ley no puede entrar en vigor porque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) lo ordenó así, ya que se oponen a estos incentivos.
La oposición del ente fiscal ha ocurrido a lo largo de la discusión legislativa de las distintas versiones del incentivo y, más recientemente, el 28 de diciembre pasado en una comunicación extensa en la que notificaron al gobierno la posición opositora que asumieron sus miembros mediante resolución ese mismo día. No se indica cómo fue la votación de los miembros de la Junta en cuanto al Proyecto del Senado 552, que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia convirtió en ley y que, a su vez, fue un proyecto sometido por La Fortaleza.
La medida aumenta el límite de créditos contributivos disponibles para proyectos cinematográficos de $38 millones anuales a $100 millones y elimina algunas restricciones y controles que regían estos incentivo que administra el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Dar esos $100 millones en crédito le costaría unos $38.1 millones al gobierno, por lo que, para la Junta, el incentivo no crea ganancias sino solo le cuesta al gobierno.
Los incentivos contributivos para la filmación de películas y programas de televisión en la isla generan cabildeo intenso y han sido objeto de controversias en el pasado, que incluyen el proceso de selección de los proyectos que reciben el incentivo, la acaparación de los créditos por pocos productores y la proporción de producciones locales versus producciones de afuera que se benefician.
La teoría detrás de incentivos como este, que le cuestan al gobierno porque es dinero que se deja de recibir en el fisco, es que actúan como imán para que se escoja a la isla como localidad de filmación, se emplee mano de obra puertorriqueña, redundando en actividad económica. Pero en su carta la Junta disputa estas premisas.
“La industria del cine tiene un gran potencial en nuestra Isla y lo hemos visto en acción por los pasados años mediante producciones locales y nacionales de gran renombre y éxito. Esto ha generado miles de empleos y ha tenido un impacto positivo en la economía de la Isla. He reiterado mi apoyo a esta industria y a que se brinden mayores incentivos para aumentar las producciones fílmicas en Puerto Rico, lo que además de tener un efecto positivo en el desarrollo económico, promueve el turismo en nuestra Isla”, dijo Pierluisi Urrutia al anunciar la firma de la medida.
Pero en su resolución, la JSF recuerda que el Plan Fiscal establece que los incentivos deben estar “concentrados en aquellos proyectos que más probablemente dejen beneficios económicos al Gobierno de Puerto Rico”. Y un análisis económico que incluyeron en la carta concluye que “los beneficios de los créditos fluyen a un número selecto de empresas y localidades alrededor de la isla y subsidian un industria acaudalada”. “Por otro lado, los contribuyentes alrededor de la isa aportan su dinero de impuestos para pagar por estos créditos”, añade.
Aportan también que los $100 millones son más cantidad de créditos que los que ofrece para esta industria cualquier estado, de los que tienen tope para sus incentivos. Por ejemplo, Nueva Jersey solo dispone hasta $75 millones anuales para esta actividad.
Los $100 millones ya parecen tener dueño, porque el estudio económico del ente fiscal apunta a que ya el DDEC tiene pendientes de evaluación $96 millones en solicitudes de incentivo.
Un estudio de 2019 del gobierno federal (National Bureau of Economic Analysis) encontró que los incentivos para el cine “no resultan en aumentos significativos de empleo, salarios o empresas en la industria o en industrias relacionadas”.
En defensa del incentivo, La Fortaleza apuntó que la filmación de la cinta "The Plane" implicó $65.7 millones en incentivos, pero un impacto de $136 millones por ocupación hotelera de 3,964 cuartos noche de hotel; nómina de $5.1 millones y participaron de más de 500 trabajadores puertorriqueños. También, que la serie "Fantasy Island" tuvo un impacto económico de sobre $54.7 millones, creó 418 empleos directos y generó 2,000 cuartos noche. Y que "Black Panther: Wakanda Forever" empleó a 423 personas y produjo inversión económica de más de $8 millones.
Pero el análisis económico de la Junta subraya que los incentivos de cine solo reflejan un retorno positivo de inversión para los gobiernos en aquellos estudios que la propia industria cinematográfica financia. En los independientes, no.
En la estimación del ente fiscal, el gobierno solo pudo recapturar el 30% de los créditos concedidos entre 2020 y 2022. Esto implica que de $165 millones que el gobierno concedió en esos años, el fisco perdió $108 millones y lo igualan a haber invertido $85,477 en fondos públicos por cada empleo neto que generaron los créditos.
Aunque la carta no lo menciona, el atractivo financiero principal de este tipo de incentivo es que el que lo recibe lo puede vender inmediatamente convirtiendo algo que no es dinero en la mano, porque no es un cheque que el gobierno le hace a la producción sino un crédito, en dinero en la mano porque se le vende a otra persona o entidad que puede que no tenga nada que ver con la industria del cine, creando así un mercado secundario lucrativo para estos créditos.
Con la firma de esta ley, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), mediante Reglamento o Carta Circular, está autorizado a distribuir estos 100 millones de dólares entre todos los proyectos fílmicos elegibles que garanticen no menos de un 10 por ciento del total del incentivo para producciones locales y documentales.
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Para ver la carta de la Junta, pulse aquí.