Uno de los indicadores que se usan en la negociación con los bonistas de la AEE es qué porciento del ingreso de los puertorriqueño se va en costos de energía y las proyecciones son tétricas.

El hogar promedio puertorriqueño sufre “pobreza energética” y cualquier negociación con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) nos condenaría a esa pobreza por al menos 10 años, según documentos confidenciales de mediación publicados después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio por terminado ese proceso y sometió un Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para la AEE el viernes pasado.

En noviembre pasado, la Junta causó un terremoto en el caso de quiebra de la AEE cuando dijo a la jueza Swain que abandonó la noción de negociar con los acreedores de los poco más de $8,000 millones de deuda de la corporación pública y ahora prefiere litigar la validez de la mayor parte de esa deuda porque habían concluido que los abonados no podían aguantar los aumentos a la tarifa para pagar la deuda. Añadió que los aumentos de tarifa provocarían que más personas instalen sistemas de placas solares y baterías, haciendo más pequeño el universo de abonados que pagarían la deuda causando un ciclo en el que cada vez hay que aumentar más la tarifa porque cada vez habrá menos gente a quien cobrársela.

Los documentos de negociación, que representan conversaciones descartadas pero que ilustran cuáles eran los números que se estaban intercambiando las partes, exponen las bases de la Junta para este cambio de posición. The Wall Street Journal indicó que la Junta ofrece a los bonistas negociar solo por la mitad de su deuda, o exponerse al litigio y a la posibilidad de cobrar menos.

Estadísticas del gobierno federal indican que ya los abonados residenciales en la isla pagan casi el doble del kilovatio hora que lo que se paga en los Estados Unidos, los abonados comerciales pagan poco más del doble y los abonados industriales pagan más del triple. Respectivamente, 27.68 centavos kilovatio hora contra 16.32; 30.06 contra 13.45 y 28.30 contra 9.34.

Esa diferencia de costos provoca también que los puertorriqueños consuman solamente una tercera parte del promedio que se consume en los 50 estados. La gente ya se ha autolimitado su consumo de energía para enfrentar los costos, lo que apunta a que hay poco ajuste en consumo que pueda suceder para enfrentar aumentos futuros en la tarifa.

Con esto de trasfondo, los documentos indican que temprano en noviembre la Junta abandonó la discusión de un cargo fijo para todos los abonados que hubiera significado un aumento de hasta $300 mensuales en la tarifa residencial y de hasta $240,000 en la tarifas comercial e industrial.

A fines de noviembre, la estructura de la discusión cambió a una “híbrida” compuesta por un cargo fijo de $21 mensuales ($252 anuales) a abonados que no estuvieran en categoría de subsidio o que fueran beneficiarios de Medicaid, así como cargo de $26 mensuales ($316 anuales) para negocios pequeños y $2,363 mensuales ($28,350 anuales) para clientes comerciales más grandes.

A ese cargo fijo se le sumó un nuevo “cargo volumétrico” que los documentos no dicen cuánto significaría en total para el abonado porque depende de su consumo mensual. Esto implica un cargo de 0.75 centavos kilovatio hora por los primeros 500 kilovatios hora de consumo (lo que resulta en $375) y tres centavos por el resto del consumo. A nivel comercial/industrial, el cargo volumétrico va de 0.75 centavos a 2.25 centavos en los primeros 500 kilovatios hora y de 0.75 a tres centavos en el resto del consumo. Las estadísticas de LUMA Energy LLC, no son suficientemente detalladas para que el documento tuviera indicadores del consumo promedio. Tan pronto los acreedores hubieran aceptado en principio esta propuesta se hubiera impuesto un cargo de un centavo kilovatio hora a todos los abonados que hubiera estado vigente hasta que el PAD fuera aprobado y ejecutado.

Todo este andamiaje sería para que los bonistas recuperen 71.65% de la deuda.

Luego, desde fines de noviembre hasta la semana pasada, el juego de números se plasmó en lo que se le denominó “la tajada de la cartera”, que significa cuánta parte del ingreso del hogar se tiene que separar para pagar la tarifa, incluyendo los aumentos para pagar la deuda.

A nivel internacional, esto es lo mismo que uno de los medidores de “pobreza energética”. No hay un estándar único aplicable a todo el mundo, sino que distintos países han desarrollado el suyo para demarcar cuánto del ingreso del hogar debe ir a pagos de energía para que se considere “pobre”. La Junta usó 6% como el límite y expuso que si se aplica este cargo híbrido, estaríamos hasta aproximadamente el 2033 pagando más del 6% del ingreso en costos de energía.

El ente fiscal advirtió que este cálculo todavía podría verse aumentado por fluctuaciones en el precio del combustible, inversiones que la AEE tiene que hacer para poder complementar las asignaciones federales de reconstrucción de la red, reducción en la población, que los municipios no paguen sus cuentas, que la gente siga independizándose de la red, si LUMA no consigue los ahorros operacionales que se supone alcance, y los efectos sobre la red de cualquier huracán futuro.

Para este ejercicio, la JSF partió de una media de ingreso anual por hogar de $21,400. Para los acreedores, la Junta falla en su cálculo porque entienden que históricamente el ente fiscal ha sido pesimista en sus proyecciones, porque el ingreso medio sería un poco más alto y porque el consumo de energía promedio sería un poco menos que lo que están usando de base. Los acreedores plantean también que todo este análisis económico que hace la Junta es acomodaticio y con el propósito de allegarlos a la meta ya expresada de pagarles lo menos posible.

El 6% que usó la Junta como límite para demarcar la “pobreza energética” es el mismo indicador que usa Canadá. Pero en Canadá los abonados residenciales promedio pagan 0.12 centavos kilovatio hora, mientras que en la isla se paga 27.68. Además, en Canadá la mediana de ingreso anual es $53,312 por hogar, más del doble de los $21,000 que la Junta usó en sus cálculos. Esto sugiere que la “pobreza energética” en Puerto Rico es aún más profunda que lo que presenta la fórmula de la Junta.

Otro elemento de la “pobreza energética” es la calidad de la energía disponible. Calidad tanto desde la perspectiva de cuán limpios son los combustibles que se usan para generarla, como de cuán confiable es. La dependencia del petróleo en Puerto Rico y el aumento en apagones durante el último año también hacen de la isla una jurisdicción más “pobre” en energía que meramente el indicador de cuánto del ingreso del hogar se va en pagar la factura.

Con la radicación del PAD el viernes pasado, un documento que los acreedores han criticado porque no tiene suficiente especificidad para evaluarlo, se inicia un proceso que la jueza Laura Taylor Swain ya mostró indicios de querer mantener en movimiento rápido hacia una vista inicial el 28 de febrero y una vista de confirmación en verano que viene. A la misma vez, corre la impugnación con la que la Junta pretende invalidar una parte de la deuda que todavía no han definido cuánto podría ser.

Para ver los documentos de mediación descartados, pulse aquí.

Vea:

Aumento de sistemas solares en hogares descalabró los cálculos de la deuda de AEE