La jueza de la quiebra de Puerto Rico decidió que un abogado que pedía la descalificación del bufete y el consultor de la Junta de Supervisión Fiscal no tiene capacidad para presentar los reclamos.

La jueza de quiebras Laura Taylor Swain echó mano del criterio más básico para descartar, sin entrar en los méritos, las alegaciones de conflictos de interés que enfrentaban el bufete de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), O'Neill & Borges (OB), y el consultor principal del ente fiscal, McKinsey & Co.

Swain decidió el miércoles que el abogado que presentó las imputaciones en varias mociones, Carlos Lamoutte, no tenía capacidad legal para intervenir en los procesos de quiebra del gobierno de Puerto Rico, descartando así las alegaciones de conflictos de interés sin entrar a dirimirlas en detalle.

Un fallo a favor de Lamoutte conllevaría la descalificación de ambas empresas y la posibilidad de que tuvieran que devolver lo que han cobrado por su trabajo en la quiebra de Puerto Rico.

Las imputaciones están basadas en divulgaciones que el propio bufete y McKinsey tuvieron que hacer cuando entró en vigor en 2021 la ley federal "Puerto Rico Recovery Accuracy in Disclosures" (PRRADA en inglés), que fue un esfuerzo de la congresista Nydia Velázquez y la Administración Biden de inyectar un poco de transparencia en el mercado de los profesionales que intervienen en el caso de la quiebra y que ya han facturado al pueblo de Puerto Rico $1,000 millones por sus servicios. Bajo la ley, los pagos de los profesionales están sujetos a que divulguen sus vínculos con cualquier otra parte en el caso.

Tras estas divulgaciones, Lamoutte señaló que OB no divulgó que fueron abogados de las entidades PR Recovery and Development JV LLC, PR Recovery and Development REO LLC, Parliament Capital Management LLC, Parliament High Yield Fund LLC e Island Portfolio Services LLC, que participaron en una transacción con el Banco de Desarrollo Económico (BDE) para adquirir una cartera de préstamos en términos que se alega son muy ventajosos para estas entidades compradoras.

Más pertinente a la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la más crucial pendiente ante Swain, Lamoutte había señalado que tanto el bufete como los consultores tenían de clientes a por lo menos seis empresas que son acreedores de la corporación pública, lo que pondría a OB y a McKinsey dando servicio a partes encontradas, por un lado los acreedores y por el otro el deudor.

El miércoles, la jueza Swain descartó tanto la moción de Lamoutte que pedía acción contra OB como la que pedía acción contra McKinsey.

"Un interés generalizado en que el gobierno y otros actúen de una manera legítima no es suficiente para darle capacidad legal para intervenir", concluyó la jueza al notar que Lamoutte no había establecido ninguna conexión directa suya con el caso de quiebra y que tampoco pudo concluir que las transacciones del BDE estuvieran abarcadas en los casos de quiebra del gobierno.

OB había pedido sanciones contra Lamoutte, pero Swain no las impuso, al determinar que las alegaciones del abogado no demuestran mala fe.

"[A]unque Lamoutte ha hecho varias radicaciones que contienen cantidades sustanciales de inuendo e injuria, con el expediente actual el tribunal no está preparado para concluir que el licenciado Lamoutte está actuando con mala fe o que sus radicaciones con respecto a esta disputa sean irrazonables, hostigantes o molestosas, aunque no tengan mérito", dijo Swain.

Para ver la decisión de Swain, pulse aquí.

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