La quiebra de la AEE entra en un proceso híbrido en el que la mediación se mantiene a la misma vez que el tribunal entra a decidir algunos asuntos claves y la Junta prepara un Plan de Ajuste de Deuda.

La jueza Laura Taylor Swain adelantó hoy que no desestimará el caso de quiebras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ordenará la continuación del proceso de mediación con mayor intervención de partes afectadas y que, a la vez, resolverá la controversia fundamental sobre hasta dónde abarca el derecho que tienen los bonistas de la corporación pública para cobrar sus deudas y también atenderá un borrador de Plan de Ajuste de Deuda que podría someter a vista de confirmación en verano del 2023.

La determinación de la jueza implica que lo que hasta ahora era un proceso que descansaba solo en mediación, con todos los demás reclamos legales en suspenso y dependientes de lo que ocurriera en esa mediación, ahora se convertirá en un proceso híbrido con varios carriles paralelos de acciones simultáneas en los que, a la vez, ocurrirá mediación, litigio de derechos y la redacción de un Plan de Ajuste de Deuda.

La acción del tribunal es en respuesta a las mociones múltiples desatadas en la última semana y mientras los puertorriqueños estaban, y en parte siguen, a oscuras por el paso del huracán Fiona. Las mociones se dispararon cuando el viernes pasado el Comité de Mediación anunció que daba por terminado ese proceso porque las partes no se ponían de acuerdo y, en escritos posteriores, apuntaron a deficiencias de liderato y falta de transparencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como algunos de los elementos que tendrían que ajustarse para retomar efectivamente la mediación.

Luego de este aviso, la Junta sometió un plan para litigar varias controversias a la misma vez que se podía mantener mediación, mientras que el grupo principal de acreedores de la deuda de poco más de $8,000 millones pidió que se desestimara el caso y se les permitiera ejercer su derecho de obtener la designación judicial de un síndico que entraría a dirigir la AEE sin intervención gubernamental y con el propósito de hacer los cambios necesarios para que los acreedores puedan cobrar su deuda. La posición de los acreedores es que la AEE tiene capacidad para repagarles completamente.

Swain va a atender dos controversias cuya resolución tiene el potencial de impactar profundamente las negociaciones. La primera es si los acreedores principales, que reclaman el 65% de la deuda de $8,300 millones de la corporación pública, en efecto tienen un interés perfeccionado sobre la deuda, es decir, si no hubo algún error o deficiencia en el proceso de la venta de la deuda o de las características de la misma que les impida realmente convertirse en acreedores. La segunda es, de ser acreedores válidos, si su derecho a cobrar se limita a un fondo especial en la AEE o si se extiende a todos los bienes de la corporación pública, incluyendo el más valioso, que es su capacidad de cobrar la tarifa mensualmente de los abonados y de establecer aumentos a estos cargos. Para este litigio, la Junta tiene que tomar unos pasos técnicos para enmendar la demanda que ya estaba radicada sobre este tema y se abre la posibilidad de que más partes entren al mismo.

En cuanto a la mediación, reiniciaría ante el mismo comité de tres jueces que la habían llevado a cabo desde abril y que lidera la jueza Shelley C. Chapman, del Tribunal de Quiebras para el Distrito Sur de Nueva York. Swain no concedió todas las recomendaciones que hizo el comité, pero le ordenó a la Junta a designar a un negociador principal que debe estar "informado, preparado y empoderado" para representar al ente fiscal, aunque no le dijo quién debería ser. El comité parecía objetar que fuera de los mismos asesores que tiene la Junta ahora y se sabe, por una controversia separada, que tanto el principal bufete de la Junta, O'Neill & Borges, como su principal asesor, McKinsey & Co., representan a contratistas de la AEE. Swain dispuso que el comité debe solicitar las divulgaciones necesarias a las partes y, de haber alguna disputa que no se resuelva en mediación, se puede elevar a la magistrada Judith Dein, quien asiste a la jueza en estos casos de quiebra. La jueza adoptó calendario de la Junta para la mediación extendida y abrirá el mismo a otras partes, como la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Inc. (UTIER) y el Sistema de Retiro de Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (SREAEE), a quienes la Junta había dejado en segundo plano hasta ahora.

En cuanto a preparar un Plan de Ajuste de Deuda para la AEE, junto con su correspondiente divulgación de términos, la Junta tiene hasta el 1 de diciembre para someterlo y podría incluir, pero no está obligada a hacerlo, escenarios alternos que respondan a las distintas posibilidades de repago presentes a ese momento. La Junta también debe someter una moción para que el tribunal enfile el plan hacia confirmación en junio de 2023.

Esta fecha para radicar un plan es justo el día después en que vence el contrato suplementario de LUMA Energy LLC. La intención de ese contrato era proveer los términos de la relación entre el gobierno y la compañía mientras estuviera pendiente el proceso de quiebra de la AEE porque se entendía que para esa fecha ya estaría finalizado. Pero las determinaciones que la jueza Swain anticipó hoy dejan claro que el proceso no estará terminado y que está vigente la pregunta de qué va a pasar con ese contrato.

Previo al huracán Fiona, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo que el consorcio privado seguiría siendo el operador de la red eléctrica el 1 de diciembre. Para ese entonces, había dicho que tenía al consorcio en "probatoria". Luego del fenómeno, y a pesar de las varias instancias en que incumplieron con los plazos que puso el Primer Ejecutivo para la restauración del servicio eléctrico, Pierluisi Urrutia se reiteró en que era "un escenario totalmente irreal" hablar de cancelar o no renovar el contrato provisional de LUMA porque el proceso para sustituirlos podía tomar "fácilmente, un año y medio".

LUMA no se dicutió significativamente en la vista de hoy, pero el abogado de la Junta, Martin J. Bienenstock mencionó que la permanencia del consorcio como operadores, y los asuntos legislativos alrededor de eso, son "complicaciones" que pueden provocar enmiendas al plan que se radique el 1 de diciembre.

"Espero ver un proceso y ese proceso tiene que empezar con establecer, de buena fe, cuáles son los resultados potenciales", ripostó la jueza.

La abogada de los acreedores principales, Amy Caton, recaló sobre esto en su intervención al insistir en la desestimación y nombramiento de un síndico porque "la situación política solo se pone más y más difícil y mientras más se alargue este caso, más difícil se pone".

En una de sus pocas preguntas a los abogados, Swain le lanzó a Caton que si realmente creía que abrir espacio para que comenzaran a pelear con el gobierno por la designación de un síndico sería la cura a los problemas de la AEE. "No hay una bala de plata mágica, pero mantener el status quo no ha mejorado las cosas", respondió al argumentar que un síndico tendría poderes y capacidad de acción para operar el sistema eléctrico incluso mayores a los que tiene la Junta.

Enfocó también en que la AEE apenas ha usado en cinco años casi el 2% de los fondos federales asignados para la restauración de la red, pero la Autoridad de Energía de Long Island, cuyo contrato de operación privada fue el modelo del contrato de LUMA, ha usado el 86% de los fondos que se le asignaron después del huracán Sandy en 2012. Atacó también a la Junta por decir hoy que de la reestructuración de la deuda de la AEE depende el éxito de todos los demas planes de reestructuración logrados hasta ahora, pero eso no lo dijeron cuando estaban pidiéndole al tribunal que aprobara esos otros planes.

Otras partes que apoyan la desestimación de la quiebra, y consecuente nombramiento de un síndico, apuntaron al mucho tiempo que llevan los acreedores de la AEE esperando y las varias veces en que el gobierno o la junta han roto acuerdos. Pero, para la UTIER y SREAEE, quienes no apoyan la desestimación, el hecho de que ellos y otras partes se van a poder unir a la mediación lo que significa es que "ahora es que el caso empieza de verdad", según su abogada, Jessica Méndez Colberg.

"Desestimar el caso hará peores todos los factores que están afectando a la AEE", concluyó Bienenstock.

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