El fracaso en las negociaciones para la deuda de la AEE abre la puerta a que venza el contrato provisional de LUMA.

El sábado pasado, mientras los residentes de Puerto Rico hacían los últimos preparativos para enfrentar el paso del huracán Fiona, y temían el efecto que el fenómeno podría tener en la todavía frágil red eléctrica, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) emitió el equivalente a un aviso de huracán para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuando confirmó que el proceso de mediación con sus acreedores terminó sin acuerdo.

Aunque los pocos que pudieron conocer de la acción en medio de apertrecharse para Fiona quedaron con la impresión de que se había declarado un cierre total a las negociaciones, el cuadro que ha ido surgiendo en los días siguientes no es tan blanco y negro.

El aviso de la JSF fue en cumplimiento a una orden de la jueza Laura Taylor Swain que responsabilizaba al ente fiscal con recomendar cuál podía ser el camino a seguir en la quiebra de la AEE, una vez el comité mediador ejerciera su discreción de dar por terminado su esfuerzo porque las partes no parecen poder llegar a un acuerdo. La recomendación incluía si el caso debía de ser desestimado.

Pero la Junta no recomendó esa opción extrema, sino que planteó a la jueza que resolviera una serie de controversias de umbral porque, una vez el tribunal decidiera sobre esos puntos, o la mera posibilidad de que el tribunal fuera a decidir, podía mover a que los acreedores y otras partes accedieran a términos extrajudicialmente. No es una táctica nueva, se usó en casos como el de los bonos de la Autoridad de Carreteras y Transportación y los de COFINA.

De hecho, la Junta pidió al tribunal que, a la misma vez que establecía un calendario para recibir por escrito las distintas posturas sobre las cuales resolver las controversias, mantuviera activado también al grupo de jueces mediadores para seguir las negociaciones extrajudiciales.

En una moción posterior, el propio comité mediador avaló esta estrategia al indicar que si no fuera por unas "dolencias" y "malentendidos" que surgieron en las discusiones, se hubiera llegado a un acuerdo, por lo que afirmaron que siguen convencidos en que "una negociación está al alcance y es mucho más preferible que los meses de litigio que se divisan". No hay especificad sobre esas "dolencias", pero le pidieron a la jueza que, si autoriza que la mediación prosiga, le ordene a las partes "exhibir mayor transparencia sobre sus análisis y proyecciones económicas" y "enfrascarse en mayor diálogo sobre esos análisis y proyecciones".

Ayer, lunes, el grupo Ad Hoc de acreedores de la AEE, que tienen el 65% de la deuda de $8,300 millones de la corporación pública, aumentaron los vientos y lluvias cuando le plantearon a la jueza que lo que quieren es que se desestime el caso de quiebras y que se les permita nombrar a un síndico que entre a gerenciar la autoridad y que consiga los aumentos tarifarios necesarios para pagar la deuda. Porque, como es de esperar, su posición es que la autoridad y el gobierno tienen los mecanismos y recursos para que se repague la deuda completamente.

La negociación de deuda en la AEE lleva pendiente ocho años y comenzó incluso antes de que fuera aprobada la Ley PROMESA que establece el proceso de quiebras para el gobierno de la isla y sus dependencias.

Los bonistas plantean que un síndico es necesario porque la politiquería no permite que el gobierno y la AEE tomen las medidas impopulares, pero necesarias según ellos, para enderezar a la corporación pública y repagar sus deudas.

Según el resumen de la negociación, algunas de estas medidas son cobrar cuentas atrasadas a agencias de gobierno y eliminar los subsidios a distintos tipos de abonados, incluyendo lo que llaman un regalo de energía a los municipios, o que los mismos sean sufragados por el Fondo General del gobierno. Los mismos términos apuntan también a que la transacción implica un aumento de por lo menos 3.5 centavos kilovatios hora a los ya altos 32 a 34 centavos el kilovatio hora que están obligados a pagar los abonados hoy.

"El caso está estancado", plantearon los acreedores a la jueza a la vez que pusieron sobre la mesa el equivalente a una bomba en cuenta regresiva cuando recordaron que la suspensión de la mediación y el calendario de litigio que propone la Junta, con fechas hasta 2023, "muy bien podría resultar en una causa de terminación bajo el contrato de $115 millones con LUMA el 30 de noviembre de 2022, dándole a los políticos la opción de no renovar el contrato de LUMA, arriesgando más fallas en el servicio en la medida en que LUMA salga y poniendo aún más en peligro la transformación de la AEE, a menos que se nombre a un síndico".

En su moción sobre el fin de la mediación, la Junta ni mencionó la posible terminación del contrato provisional de LUMA en noviembre porque a esa fecha no se habría alcanzado un acuerdo con los bonistas de la AEE. Lo que sí le recordó al tribunal es que el paso del tiempo sigue perjudicando a los bonistas que cada vez tienen un pastel más pequeño por el que pelear porque cada vez más abonados optan por salirse de la red instalando sistemas de placas solares y baterías. Como dato, recordó que tan solo en los primeros nueve meses de LUMA, unos 18,000 abonados se habían independizado de la AEE.

Al recordar que ya el tribunal había denegado una solicitud que los acreedores hicieron para designar un síndico, una decisión emitida seis días antes del impacto del huracán María en 2017, la Junta propone un orden para atender las controversias y que así las partes vayan conociendo hasta donde llegan sus capacidades para conseguir pagos.

La primera controversia sería un barrecampo, porque pondría a la jueza a decidir si los acreedores tienen algún reclamo valido o si, por algún defecto, es posible eliminarles todos sus reclamos sobre la deuda. De tener algún reclamo válido, el tribunal tendría que decidir también si pueden cobrar, por décadas, del dinero que los abonados pagan en tarifa o si su repago se limita a lo que haya en un fondo de reserva que mantiene la AEE. De la misma manera, piden que la jueza decida sobre la validez de los reclamos que hacen las empresas que le han financiado el combustible a la AEE ($700 millones) y los que hacen los empleados retirados ($800 millones).

Para la Junta, estas adjudicaciones deben venir primero que la discusión sobre cuánto tiene la AEE para pagar su deuda. Sobre esto, también recordaron que, aunque el tribunal tiene el poder para ordenar un aumento de tarifa suficiente para pagar a los acreedores, "como un asunto práctico, la necesidad patente que tiene la AEE de modernizar sus equipos y sistemas puede extinguir todo el flujo de efectivo disponible... es un asunto de cuánta reparación y conversión debe postergar la AEE lo que, a su vez, es un asunto de preocupaciones humanas, económicas y políticas".

El aviso de la Junta y las mociones subsiguientes se iban a discutir en una vista mañana ante la jueza Swain. Pero, tras una moción con un fuerte reclamo del Sistema de Retiro de Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre la insensibilidad de seguir adelante con esta discusión cuando todavía los puertorriqueños están respondiendo a los estragos del huracán Fiona, la jueza decidió el martes suspender la vista y estableció hasta el 27 de septiembre para que las partes y la Junta sometan sus escritos finales.

También, pidió al comité de mediación que para el 26 de septiembre le "identifique un periodo de tiempo apropiado para la próxima fase de mediación y provisiones necesarias para atender los obstáculos" que el comité había mencionado en su informe.