La Junta de Supervisión Fiscal y su asesor, McKinsey, no abordaron directamente la alegación principal de que el consultor revisó contratos de empresas a las que también asesoraba.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y su asesor principal, McKinsey & Co., ripostaron las alegaciones que hizo en el Tribunal de Quiebras el abogado Carlos Lamoutte Navas sobre los conflictos de interés que se reflejan en las divulgaciones, tanto del asesor de la Junta como de su bufete, O'Neill & Borges.

Los argumentos se concentraron en que Lamoutte Navas supuestamente no tiene capacidad legal ('standing') para hacer sus pedidos de que la jueza Laura Taylor Swain descalifique al asesor y al bufete y les ordene devolver los millones que han cobrado por su trabajo en la quiebra del Gobierno de Puerto Rico. También, negaron de manera general que hayan incurrido en conflictos, pero no abordaron el detalle de los señalamientos que hizo el abogado.

Esta controversia es resultado de la nueva ley federal "Puerto Rico Recovery Accuracy in Disclosures Act of 2021" (PRRADA), que obliga desde este año a los profesionales y entidades que intervienen en la quiebra del gobierno a identificar si tienen relaciones o negocios con una lista de entidades relacionadas con el gobierno.

Lamoutte Navas ha impugnado, tanto en el tribunal local como en el federal, la participación de O'Neill & Borges en la venta de la cartera de préstamos del Banco de Desarrollo Económico (BDE) a una entidad privada y el hecho de que la Junta no revisó esa transacción. En esta serie de mociones que la Junta y McKinsey contestaron ayer, el abogado imputa que las divulgaciones bajo PRRADA revelan que el bufete y el consultor fueron contratados por al menos seis empresas contratistas del gobierno y acreedores del caso de quiebras a la misma vez que el bufete y el consultor daban servicios a la Junta.

La JSF y McKinsey enfocan en que la PRRADA no le da capacidad para intervenir al público o a otras partes del caso y que es la Oficina del Síndico del Departamento de Justicia federal el que puede intervenir y hacer recomendaciones al tribunal basándose en los hallazgos que haga en las divulgaciones.

McKinsey dijo a la jueza que está en contacto con la Oficina del Síndico para contestar sus preguntas sobre las divulgaciones y que ninguno de sus trabajos con las entidades que incluyó en la divulgación está relacionado con la Ley PROMESA y los procesos de quiebra.

"[P]ara evitar duda, McKinsey no tuvo ningún rol en seleccionar a proponentes, negociar contratos o precisar los términos de dichos contratos. McKinsey proveyó análisis fáctico sobre ciertos contratos a la Junta pero no tomó decisiones sobre si aprobar o rechazar dichos contratos. No hay base para descalificar a McKinsey simplemente porque ciertos de sus clientes tienen contratos negociados por separado con el gobierno y sus instrumentalidades sin que McKinsey los haya asesorado en dichas negociaciones", argumenta el asesor en su moción. El documento deja en el aire la pregunta de si su trabajo de revisión de contratos públicos para la Junta incluyó o no incluyó contratos de alguno de los clientes que identificó Lamoutte Navas.

El consultor dice que las alegaciones son "infundadas", pero no aborda el historial notorio de conflictos de interés graves en los que ha incurrido en varios casos, incluyendo el de los opiodes, que fue objeto de un informe congresional detallando sus actuaciones cuestionables y que fue objeto de una transacción en la que McKinsey pagó millones a los estados, incluyendo a Puerto Rico, para transar alegaciones judiciales sobre su rol en las muertes por el abuso de opiodes en Estados Unidos.

Por su parte, la Junta dice a la jueza Swain que es víctima de una serie de "ataques sin fundamento" de parte de Lamoutte Navas porque en sus mociones solo señala las supuestas conexiones que implicarían un conflicto de interés sin decir específicamente cuáles actuaciones del bufete o el consultor constituyen, de hecho, un conflicto.

"El Sr. Lamoutte (Navas) carece de capacidad legal para presentar sus reclamos, está interpretando mal la ley y está procediendo impropiamente", dijo la Junta al advertir que podrían pedirle al tribunal que le imponga el pago de honorarios y al defender que no pueden tomar a la ligera este intento de "privarle de sus abogados de hace tiempo en San Juan y de sus asesores de hace tiempo".

"Como un asunto práctico, el rol de McKinsey ha sido principalmente ayudar a la Junta a formular los planes fiscales y las medidas para hacer más eficientes las operaciones gubernamentales. No ha negociado con acreedores ni recomendado algún tratamiento para alguna clase de acreedores en su plan de ajuste", dijo la Junta en una descripción de la involucración de McKinsey que, notablemente, omite toda mención del trabajo de revisión de contrato que el propio consultor admite.

Vea:

Impugnada la Junta, sus asesores y sus abogados por conflictos de interés

Identifican a empresas que son clientas de los mismos abogados y consultores de JSF