El bufete de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), O'Neill & Borges, y el consultor principal del ente fiscal, McKinsey & Company, tienen de clientes a por lo menos seis empresas que, a la vez, son acreedores en el caso de quiebras y tienen contratos públicos que la Junta supervisa, creando un conflicto de interés.

Esto sostiene el abogado Carlos Lamoutte en su solicitud renovada ante la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, para que no se le paguen las facturas pendientes al bufete y a la firma de consultoría y para que se le obligue a devolver los millones que ya han cobrado como parte del caso de quiebra por violar la "Puerto Rico Recovery Accuracy in Disclosures Act of 2021" (PRRADA en inglés). Además, pide la descalificación del bufete y los consultores.

La jueza Swain estableció un calendario hasta fines de septiembre para que las partes sometan sus posiciones en torno a las alegaciones de Lamoutte, quien el miércoles pidió a Swain que consolide en un solo proceso sus impugnaciones de los pagos a O'Neill & Borges y a McKinsey al apuntar a que ambas coinciden en tener de clientes a un grupo de empresas.

Estas son: AES Puerto Rico LP, EcoEléctrica LP, New Fortress Energy LLC h/n/c NFEnergía LLC y Puma Energy Caribe LLC, todas del sector de energía, así como la aseguradora de salud Molina Healthcare of Puerto Rico Inc. y la consultora financiera UBS, incluyendo sus fondos de inversión y afiliadas en la isla.

PRRADA busca traer a la superficie los conflictos de interés en el caso de quiebra de la isla al obligar a los profesionales participantes, que cobran fondos públicos porque el mismo gobierno les paga sus tarifas, a divulgar su relación con cualquier entidad participante en el caso.

Como parte de las divulgaciones que hicieron el bufete y la consultora, Lamoutte argumenta que se confirma cómo tuvieron de clientes a por lo menos las seis empresas enumeradas a la misma vez que el bufete y la consultora tenían también de cliente, como la siguen teniendo, a la JSF. Eso pone a O'Neill & Borges y a McKinsey a, por un lado, cobrar de clientes privados por asesorarles y, por el otro, cobrar de la Junta a la vez que el ente fiscal está manejando el caso de quiebra que afecta las reclamaciones de esos clientes privados y a la vez que hace cosas como revisar los contratos de esos clientes con el gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones.

Lamoutte pidió que la Oficina del Síndico del Departamento de Justicia federal investigue "todas las conexiones de clientes privados que comparten" el bufete y los consultores.

"Una línea fina separa las transgresiones éticas del crimen organizado, la confabulación y el abuso del proceso de quiebras. Los esquemas de pague por jugar en la quiebra pública más grande de la historia de los Estados Unidos no pueden ser tolerados por este tribunal", planteó en una moción en la que añade que resolver estos conflictos a favor del bufete y los consultores "crearía el precedente terrible de que que la forma más ventajosa en la que un contratista privado puede obtener o mantener un contrato a gran escala con una instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico durante la tramitación de la quiebra pública más grande de los Estados Unidos es mediante contratar, y pagarle dinero, a los mismos y exactos consultores que usa la Junta de Supervisión".

Tras la publicación original de esta historia, la jueza de quiebras denegó la solicitud de consolidación, pero las controversias siguen pendientes de adjudicación por separado.

Vea:

Impugnada la Junta, sus asesores y sus abogados por conflictos de interés

Junta mantendrá contrato con consultor McKinsey