El ente fiscal sigue insistiendo en que no le aplican los requisitos de transparencia y acceso a la información que le aplican a las demás agencias del gobierno de Puerto Rico.

Una empresa que participó en el proceso abortado para crear una alianza público privada (app) para la optimización de la medición y la operación comercial en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) demandó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que le entreguen información relacionada con ese proyecto.

La compañía neerlandesa Miya Water Projects Netherlands B.V. presentó su reclamo en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico el 27 de junio pasado después de que los abogados de la Junta le dijeran mediante carta que "el derecho de acceso a la información (bajo la Ley 141 de 2019) no le aplica" al ente fiscal. El abogado dirigió a Miya a la AAA y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas para que les hiciera la solicitud de información a ellas.

La demanda de Miya observa que la Junta mantiene esta postura a pesar de que tanto el Tribunal de Distrito como el Primer Circuito de Apelaciones le han dicho al ente fiscal que le aplica el derecho constitucional de acceso a la información que faculta a que cualquier persona en Puerto Rico obtenga información de cualquier dependencia de gobierno. Estas determinaciones judiciales ocurrrieron en un pleito que el Centro de Periodismo Investigativo presentó contra la Junta en 2017 y que ahora esa agencia del gobierno de Puerto Rico intenta que el Tribunal Supremo federal revise y revoque.

"Ante evidencia abrumadora al contrario, la demandada (JSF) aparentemente cree que disfruta de la capacidad de conducir sus trabajos envueltos en un manto de secretividad absoluta. A pesar de ser una entidad gubernamental puertorriqueña, reclama ser inmune a la obligación básica de permitir la inspección pública de sus expedientes, una obligación impuesta por la ley de Puerto Rico sobre cada entidad gubernamental puertorriqueña y, de hecho, encumbrada en estatutos y el derecho constitucional puertorriqueño.... Esta demanda busca compeler a que (la Junta) cumpla el nivel básico de transparencia gubernamental que tienen que cumplir todas las demás entidades del gobierno de Puerto Rico", indica la la reclamación de Miya.

En el documento, la empresa no divulga detalles sobre la transacción fallida. Menciona que hasta hace poco integraron un consorcio que había sido designado el "proponente preferido" entre los cuatro proponentes que la Autoridad de las APP seleccionó para el proyecto de medición de consumo y operaciones comerciales. Miya no identificó cuál es el consorcio, pero en 2018 el gobierno había dicho que los proponentes cualificados eran BLU Water Consortium, IBT Group Team, Puerto Rico Advanced Intelligent Metering Services y SUEZ Group. Miya fue vinculado con IBT.

En enero de 2021, el director ejecutivo de la Autoridad de las APP dió a conocer que habían cancelado esa app porque "la AAA ahora cuenta con la capacidad para sufragar el costo de la compra e instalación de metros inteligentes e infraestructura relacionada con los fondos federales asignados por FEMA". Esos fondos federales sumaban $3,700 millones.

En la solicitud de información que cursaron a la Junta el 31 de mayo pasado, Miya pide: todos los expediente sobre el proyecto de medición; todos los expedientes entre septiembre de 2018 y mayo de 2022 relacionados con una serie de entidades privadas e individuos que desglosa; todos los expedientes entre septiembre de 2018 y mayo de 2022 relacionados con FEMA, la AAA o la Autoridad de las APP; los récords financieros de la AAA y la Autoridad de las APP para ese periodo; y lo relacionado a auditorías sobre la AAA y la Autoridad de las APP para el mismo periodo.