El ente fiscal reitera que los reglamentos sobre tragamonedas, que han sido objeto de múltiples controversias incluyendo ante el Supremo, no puede ponerse en práctica.

El tranque entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Comisión de Juegos (CJ) continuó escalando con una comunicación en la que el ente fiscal dio un plazo para que la comisión provea evidencia de cualquier actuación que haya realizado bajo los reglamentos de tragamonedas que no están autorizados y planteó que la versión actual de los mismos violenta el Plan Fiscal.

Una carta del viernes pasado de la JSF establece hasta el miércoles para que la CJ provea evidencia de cualquier acción que haya tomado bajo los reglamentos. Esto se contrastaría con alegaciones que ya el ente fiscal ha recibido de que, en efecto, se han realizado acciones a pesar de que los reglamentos no están autorizados. Específicamente, la Junta pidió cualquier acto relacionado con la imposición de multas, que pueden llegar hasta los $10,000 por infracción.

La JSF recibió quejas de la Asociación de Dueños y Operadores de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta (DOMAR) y de Francis & Gueits Law Offices.

"[L]os reglamentos propuestos son voluminosos y técnicos y, como hemos compartido anteriormente, levantan preocupaciones serias sobre si son inconsistentes con el Plan Fiscal", indicó la Junta en la carta del viernes en la que menciona los "informes alarmantes" que han recibido de que la CJ está implantando los reglamentos sin autorización del ente fiscal.

Con estos reglamentos se pretende legalizar decenas de miles de máquinas de entretenimiento para adultos mediante un proceso de licenciamiento que, como propuesto en los reglamentos y aparentemente ejecutado por la comisión, tiene efecto discriminatorio para los dueños de hace mucho tiempo de estas tragamonedas y favorecedor para nuevas entidades conectadas políticamente.

Los reglamentos 9174 y 9175 ya fueron materia de un caso que llegó al Supremo y que trataba de la forma en que se habían confeccionado, ya que los hizo la Compañía de Turismo en medio de la pandemia durante la Administración Vázquez Garced, a pesar de que tendría que haberlos hecho la CJ. El tribunal superior declaró los reglamentos nulos y el de apelaciones revocó con un argumento que no entra en los méritos sino que versa sobre falta de capacidad de los demandantes. El Tribunal Supremo dijo que iba a revisar la determinación y ordenó la paralización de los reglamentos, pero luego echó para atrás y dijo que no iban a revisar, por lo que los reglamentos quedaron liberados y se mantuvo la determinación apelativa..

A pesar de que el Supremo dio paso a su implantación, los mismos se mantienen detenidos en la JSF pendientes del proceso de revisión de reglamentos de ese ente, en parte porque el gobierno tardó 17 meses en entregar una traducción provisional, no final, de los reglamentos. La Junta levantó varias objeciones a los reglamentos, que no divulgó en su carta del viernes.

Según la Junta, el director de la CJ, Orlando Rivera Carrión, entiende que al ente fiscal se le pasó el tiempo de revisar los reglamentos y por eso los puede implantar, pero el ente le dijo que está equivocado y que los impugnaría en el tribunal si los pone en vigor.

Rivera Carrión también está bajo la mira de la Cámara de Representantes y del propio Departamento de Desarrollo Económico y Comercio por su participación en un chat con miembros de la industria de tragamonedas a los cuales debe regular. Una demanda por parte de varios dueños de estas máquinas, que todavía está pendiente en el tribunal, plantea que le proceso de licencias se ha llevado a cabo a base de sobornos e ilegalidades.

Vea:

Junta paraliza reglamento de tragamonedas en pugna con Comisión de Juegos