La Junta de Supervisión Fiscal y otras partes se oponen a la solicitud de grupos magisteriales para paralizar implantación de plan de ajuste.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), bonistas y otros acreedores se opusieron ayer a la solicitud de un grupo de asociaciones magisteriales para que la jueza Laura Taylor Swain paralice la implantación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) hasta que terminen las apelaciones que se han planteado impugnándolo.

La solicitud de los grupos magisteriales también la repitieron por separado otras entidades como la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ).

Estas solicitudes no tienen que ver con los méritos en sí del PAD, algo que se maneja formalmente ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, sino en el elemento de si el Plan se va a implantar o no el 15 de marzo próximo, como adelantó la JSF que planifica hacer.

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Los maestros y los jueces plantearon a Swain que debería paralizar la implantación por el efecto que sufrirían en sus planes de retiro y, añadieron, por las renuncias o jubilaciones masivas, que eso puede causar tanto en el sistema educativo como el judicial.

La JSF y otros grupos, por su parte, enfatizaron en que paralizar la implantación sería "catastrófico" para la isla porque dejaría al gobierno bajo el "estado de emergencia fiscal" que lleva hace más de cinco años y que ha impedido entorpecido el funcionamiento del gobierno y la recuperación económica.

Una coalición de bonistas, cuya representación está liderada por el exjuez de quiebras Geraldo Carlo Altieri, precisó a la jueza Swain que, si la implantación se paraliza por apenas seis meses, los bonistas tendrán daños por $279 millones en rendimiento por el pago de $7,100 millones que se supone reciban, $40 millones en reducción de valor de los nuevos bonos que se deben emitir para sustituir la deuda vieja y $12 millones en honorarios profesionales y legales. Una paralización por 13 meses, que se acerca más al tiempo real que puede tardar el Circuito en resolver la apelación, conllevaría daños por al menos $700 millones.

El desglose responde a que estos grupos entienden que la jueza Swain tendría que pedirle a los opositores que presten una fianza de $722 millones si les concede la paralización y que estos grupos no tienen los recursos para cubrir esa fianza. En su oposición, la Junta calcula que la fianza debe ser de $1,500 millones.

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Los bonistas añaden que la paralización conlleva el riesgo de que el Plan se desmorone, sea porque algunos acreedores se retiren o porque la Legislatura pase leyes que incidan sobre la implantación, lo cual conllevaría comenzar de cero y que todas las partes sigan incurriendo en gastos que, al final, los paga el Gobierno de Puerto Rico.

También, le recordaron a la jueza que ella misma había advertido, por escrito, que si no se resolvía el impase entre la Legislatura y el Gobernador por el tratamiento del retiro de los empleados públicos en el Plan tendría que ejercer su facultad para desestimar el caso de quiebras.

Por su parte, la oposición de Salud Integral de la Montaña, Inc., representada por el licenciado John Mudd, enfatiza en que el interés público no favorece la paralización de la implantación del Plan. "Especialmente cuando el interés obvio de (los grupos magisteriales) es descarrilar el Plan, no alterarlo", dijeron.