Anteriormente, habían dado un ultimátum a la Legislatura para que derogaran la ley.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó una demanda contra el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, en su capacidad oficial; la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF); el presidente del Senado, José Luis Dalmau, en su capacidad oficial como representante del Senado de Puerto Rico; y contra el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, para prohibir que se ejecute y para que se anule la Ley 7-2021 conocida como Ley de Retiro Digno.

Según argumentó el ente fiscal en declaraciones escritas, esta ley hace promesas "falsas" a los retirados y además, pone en peligro el retiro mismo de futuros jubilados.

“La Ley 7 le hace la falsa promesa de un ‘retiro digno’ a los empleados retirados del gobierno mediante mayores beneficios que Puerto Rico no puede pagar”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel en comunicación escrita.

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“La Ley 7 resulta en todo lo contrario a un ‘retiro digno’; pondría en peligro los beneficios de retiro en el futuro, ya que la ley no puede ni podrá financiar adecuadamente lo que promete. Puerto Rico permanece en una crisis fiscal y la implementación de la Ley 7 descarrilaría el progreso logrado en alcanzar una reestructuración de deuda consensuada, prolongaría la bancarrota, resultaría en inestabilidad fiscal y retrasaría la recuperación”, añadió.

El Gobernador aprobó la Ley 7 el 9 de junio de 2021, pero certificó, por medio de AAFAF, que la ley es “significativamente inconsistente” con el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico de 2021.

La certificación del Gobernador admitió además que la aplicación de la ley podría violar varias otras disposiciones de PROMESA, incluyendo la autonomía de la Junta de Supervisión (Sección 108(a); implementar una reprogramación de fondos gubernamentales sin la aprobación de la Junta de Supervisión (Sección 204 (c)), y modificar miles de millones de dólares de deuda sin la aprobación de la Junta de Supervisión, (Sección 207).

Según Skeel, la Ley 7 debe ser anulada porque le prohíbe al Gobierno cooperar con cualquier plan de ajuste que contradiga las disposiciones de la Ley 7, incluido el Cuarto Plan de Ajuste Enmendado presentado el 29 de junio de 2021. La negativa del Gobernador a confirmar que no implementará la ley, y la negativa de la Legislatura a derogar cualquier parte de la ley deja a la Junta de Supervisión sin otra opción que recurrir al litigio.

"Esta ley establece un nuevo Fideicomiso de Pensiones que probablemente resultará insolvente para el 2053, y posiblemente mucho antes. La ley 7 revierte además las políticas de pensiones de los gobiernos anteriores, que fueron diseñadas para promover la sostenibilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital, regresándonos así a la mala administración fiscal que resultó en niveles insostenibles de deuda y la bancarrota de Puerto Rico", alega la Junta también.

Según sus proyecciones, la ley aumentaría la deuda de las pensiones del Gobierno en unos 17,000 millones de dólares hasta el año fiscal 2049, y propone pagarlo al desviar los fondos designados para el servicio de la deuda sin demostrar que dichos fondos serán suficientes para satisfacer estas obligaciones.

"Por lo tanto, es inconsistente con el mandato de PROMESA para que Puerto Rico logre la responsabilidad fiscal".

“Durante cuatro años, la Junta de Supervisión, el gobierno de Puerto Rico, los retirados y los acreedores han estado negociando para llegar a un acuerdo consensuado que permitiría a Puerto Rico salir de la bancarrota”, dijo por su parte Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión.

“Esta ley descarrilaría ese progreso y podría resultar en años de estancamiento y litigios. La Ley 7 no le conviene a nadie, ni a los trabajadores gubernamentales retirados ni a los puertorriqueños que trabajan con ahínco”, añadió.

Por último, Jaresko mencionó que la Ley es incompatible con las disposiciones de PROMESA, las cuales otorgan a la Junta de Supervisión la autoridad exclusiva para proponer o modificar un plan de ajuste. También perjudica y frustra los propósitos de PROMESA al obstaculizar la capacidad de la Junta de Supervisión de proporcionar un método para que Puerto Rico logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital.

Reacciona el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia:

Tras la radicación de la demanda, el Primer Ejecutivo del país reaccionó reconociendo que la medida incumple con el Plan Fiscal pero recordó que él envió una carta a la Junta solicitando tiempo para buscar opciones.

"Reconozco que la ley tiene disposiciones que son significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal Certificado y que hay una controversia con la Junta de Supervisión y Administración Financiera en cuanto a la viabilidad de la misma. Por consiguiente, le cursé ayer una carta a la JSF en la que le solicité tiempo para buscar alternativas fiscalmente responsables que aseguren los pagos a nuestros pensionados actuales y garanticen una pensión justa a los empleados que laboran en el gobierno desde antes del año 2000, quienes contaban con un compromiso de una pensión definida", dijo.

"Entiendo que no es necesario litigar en este momento y así lo haremos saber al tribunal. Al mismo tiempo, me voy a continuar enfocando en buscar las soluciones a esta controversia que protejan a nuestros pensionados y que sean fiscalmente viables. Seguiré el curso de trabajo para presentar las medidas legislativas necesarias y resolver esta controversia en beneficio de Puerto Rico y su gente", cerró diciendo.