Aprobado el presupuesto que sería el comienzo del fin de la Junta
Es la primera vez después de la Ley PROMESA que la Junta aprueba un presupuesto confeccionado por la Legislatura y firmado por el Gobernador.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó lo que calificaron como un presupuesto histórico ya que es el primero, desde la creación de la Ley PROMESA que es avalado por el ente fiscal, pero confessionado en la Legislatura y firmado por el Gobernador.
Además, “es la mayor cantidad de dinero disponible, creemos que jamás, para invertir en Puerto Rico y eso es causa de celebración”, dijo la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, al resumir que, entre fondos locales, fondos federales y asignaciones por pandemia y desastres naturales, el gobierno puede gastar este año $34,000 millones. De ordinario, el presupuesto consolidado, fondos locales y federales, del gobierno es de unos $21,000 millones.
Según documentos de la Junta, el presupuesto del Fondo General ($10,112 millones) se divide en $2,120 millones para salud, $2,060 para pago de pensiones, $1,882 millones para educación, $1,283 millones para seguridad, $416 millones para desarrollo económico, $371 millones para tribunales, $259 millones para la Oficina del Principal Oficial Financiero (OPOF), $249 millones para familia y servicios sociales, $216 millones a agencias independientes, $188 millones a municipios y $164 millones para infraestructura.
Se espera que en septiembre pueda ocurrir un ajuste de acuerdo a los aumentos de asignación, particularmente en fondos de salud, que se consigan en el presupuesto federal, para el que el presidente Joe Biden llamó también a otorgar paridad a la isla en varios programas de beneficiencia. Pero lo que ya se tiene en fondos federales adicionales son por lo menos $12,000 millones para este año, según Jaresko.
Un detalle más preciso de los totales asignados está contenido en un informe que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) sometió hoy también al mercado financiero. De la Ley Cares, la isla acabaría recibiendo $18,000 millones, de la Ley CRA, también relacionada al coronavirus, recibiría $7,370 millones, y del nuevo paquete federal de infraestructura recibiría $17,730 millones. El documento asegura que, desde el 25 de marzo de 2020, se han desembolsado un promedio de $4.6 millones diarios en ayudas relacionadas a la pandemia.
Como ejemplo, el ente indicó que para el área de educación, entre fondos propios y fondos federales especiales, este año habrán disponibles $9,000 millones, lo que casi triplica la cantidad promedio que hay disponible para esa área en un año.
Un ánimo celebratorio permeó la breve reunión, la vigésimonovena que hacen en público, en la que la Junta certificó un presupuesto en vez de imponer el suyo. Esta misma semana se cumplieron cinco años de la vigencia de la ley federal con la que el Congreso impuso el ente fiscal a la isla como una alternativa a la incapacidad del Gobierno de Puerto Rico para pagar sus deudas, dotándole de poder para certificar su propio presupuesto si la Legislatura y el Ejecutivo no se ponían de acuerdo o no podían producir uno que cumpliera con la ley federal.
Ante los varios análisis expertos que se han registrado esta semana poniendo en duda la efectividad de la Junta, hubo expresiones de defensa institucional, particularmente del miembro más nuevo, el puertorriqueño Antonio Medina Comas, quien recordó que en estos cinco años hubo huracanes, terremotos y pandemia. No lo mencionó explícitamente, pero de las expresiones de los demás miembros también se concluye que una de las cosas que consideran un desastre superado con este presupuesto es también la falta de cooperación entre Legislatura y Ejecutivo, así como la hostilidad de un Gobernador, como ocurrió el cuatrienio pasado cuando el Partido Nuevo Progresista (PNP) controlaba ambos poderes constitucionales.
Esto no implicó que la Junta no hizo cambios finales ya que Ginorly Maldonado, la gerente del ente que presentó el presupuesto del gobierno central, dijo que se le corrigieron “errores matemáticos” y “lenguaje de control de presupuesto” que no especificó. Jaresko dijo que el lenguaje sobre cómo el Gobernador puede hacer reasignaciones se había quedado igual, algo que cobra relevancia particular porque el presupuesto aprobado no tiene fondos asignados para la Delegación Congresional que juramenta hoy.
El gobernador Pedro Pierluisi, miembro sin voz ni voto del ente fiscal, puntualizó que este presupuesto tiene la “bendición” de la Junta y que tanto él como la Legislatura “cedieron de buena fe” para conseguir consenso. Anunció también que someterá dos proyectos de ley para atender el punto contencioso que permanece, el tratamiento de los pensionados en el Plan de Ajuste de la Deuda. La Junta se mantiene en su posición de que Pierluisi debe certificar que no pondrá en vigor la nueva Ley de Retiro Digno que el ente objeta, o enfrentará consecuencias legales.
A la vez que reiteró la postura de la Junta sobre esto, Jaresko pidió que en la discusión sobre los retirados se tenga una visión “más abarcadora”. Propuso que se debe tomar en cuenta que la reducción de hasta 8% en las pensiones es solo para los que reciben más de $1,500 mensuales, por lo que 72% de los retirados no tendrían recortes. Añadió que se crea un fondo de pensiones, que los recortes pueden evitarse en años en que el gobierno tenga un nivel particular de ingresos mayor al anticipado, y que 38,000 participantes bajo las leyes 1 y 447, así como los de Sistema 2000, tendrían sus aportaciones restablecidas. Estas aportaciones habían sido dilapidadas antes de la quiebra.
John Nixon, el miembro con más experiencia en procesos presupuestarios públicos, explicó que con el de este año se “empieza a marcar el reloj” de los cuatro presupuestos balanceados que PROMESA establece como uno de los requisitos para la extinción de la Junta. Pero el exjuez Arthur Gonzales afinó que sería el primero si se aprueba el Plan de Ajuste, se factoriza el pago de deuda y se comienza a realmente pagar la deuda.
Un segundo requisito es salir de la deuda mediante la aprobación de un Plan de Ajuste, lo cual está sometido ante la jueza de quiebras Laura Taylor Swain. Gonzales evadió atender directamente la contoversia sobre si haría falta legislación aprobada por la Legislatura para ejecutar el plan. Enfatizó que “se mueven en la dirección” de obtener el aval legislativo sin tener que recurrir al tribunal para probar las teorías de si hace falta o no, o de si se puede obligar a aprobar legislación.
El martes pasado, la Junta sometió una enmienda al Plan de Ajuste con la que por primera vez presentan el escenario de actuar aún cuando la Legislatura o el Gobernador no adopte o implemente la legislación requerida, lo que provocó que el gobierno, a través de AAFAF se reservara formalmente el derecho de retar eso legalmente. Señalando que ese curso de acción anticipado por el ente sería “más de países autoritarios”, el escrito adelanta que “no conocemos de caso alguno en el que un tribunal federal, basado en jurisdicción de quiebra o de poder territorial, haya compelido exitosamente a que una legislatura local o estatal legisle”. El estimado de la Junta y el gobierno es que el Plan de Ajuste esté confirmado para fin de este año calendario.
El presidente de la Junta, David Skeel, defendió el arreglo con los bonistas como el más beneficioso para la isla y Gonzales, ante preguntas sobre la auditoría de la deuda, planteó que ya el ejercicio se hizo en el informe de Kobre & Kim y advirtió que no se debe confundir el qué se hizo con el dinero con el si el dinero estaba bien prestado o no. “[C]ómo se uso la deuda es un asunto que no tiene que ver nada con que si se debe o se paga”, sentenció.
Un tercer requisito, reinsertarse en los mercados bursátiles, está atado a que el gobierno pueda producir estados financieros auditados a tiempo, lo que Comas Medina resaltó todavía no es el caso, aunque hoy mismo el Departamento de Hacienda sometió el estado correspondiente al 2018. El estado financiero auditado desglosa que ese año el gobierno reflejó déficit acumulado de $72,500 millones, pero pudo recaudar $1,300 millones más de lo que gastó.
El presupuesto “refleja a un Puerto Rico viviendo dentro de sus medios”, comentó Skeel a la vez que Nixon recordó que falta todavía trabajo de monitoreo, de controles y de entender mejor cuáles con las contingencias fiscales a las que está expuesto el gobierno. “Hay que salir de estar pensando en el hoy y el ahora y comenzar a ver dónde queremos estar en cuatro o cinco años”, apuntó.
Jaresko argumentó que se trataba del presupuesto más transparente porque contenía cantidades reales para gastos que antes se ponía una cantidad en el presupuesto pero realmente se gastaba otra y estableció como próximos pasos la formación de la Oficina del Principal Oficial Financiero, la reforma de recursos humanos en el sector público y el sistema de “Enterprise Resource Planning” que daría visibilidad a todos los movimientos contables en las agencias públicas. NotiCel explicó en un reportaje reciente que la implantación de este sistema ha conllevado decenas de millones de dólares y sigue atrasado.
La Junta también certificó presupuestos para la Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Carreteras y Transportación, Universidad de Puerto Rico, Corporación del Fondo de Interés Apremiante, Compañía de Fomento Industrial, Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas y Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.
Vea:
Para ver la presentación de la Junta de los presupuestos aprobados, pulse aquí.
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