Junta de Supervisión defiende su presupuesto y anota que los fondos asignados a las agencias toman en cuenta su capacidad real para gastar el dinero federal.

El reto casi nunca mencionado, pero real, de que el Gobierno de Puerto Rico no tenga la capacidad de aprovechar la mayor inyección de fondos federales en la historia de la isla volvió a quedar planteado esta semana con un informe federal y de parte de la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko.

En una conferencia para defender su versión del presupuesto, sometida la semana pasada a la Asamblea Legislativa, Jaresko argumentó que los $10,100 millones asignados para gasto en el Fondo General son “el nivel más alto desde que se estableció la Junta”. Añadió que se partió de la premisa de que, después de cuatro años de reducciones (“right sizing”) en los presupuestos, se supone que las agencias ya sepan qué pueden dejar de hacer o qué pueden hacer diferente para ser más eficientes.

Como se notó desde el nuevo Plan Fiscal, el presupuesto integra “el incremento sustancial de fondos federales disponibles para Puerto Rico” que no se compara con nada en años previos de la historia financiera de la isla, según la Directora Ejecutiva.

“Es una oportunidad que es rara y extremadamente valiosa. Es un cojín de tiempo y de recursos”, comentó Jaresko al opinar también que el gobierno debe usarlo como base para despegar el desarrollo económico.

Para ver el desglose de fondos federales por la pandemia, pulse aquí.

Según el propio desglose de la Junta, las tres legislaciones federales relativas al COVID-19 significan $45,000 millones tanto a nivel de gobierno, como de individuos y comercios. A esa cantidad se añaden por lo menos $60,000 millones relacionados a la recuperación y reconstrucción por los huracanes y terremotos, según el portal de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

Pero la capacidad de aprovechar ese “cojín” quedó cuestionada esta misma semana con un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas federal (GAO, por sus siglas en inglés), sobre la falta de un análisis completo de cuál es la capacidad real del gobierno de Puerto Rico para recibir y procesar las asignaciones federales relacionadas a la reconstrucción.

De los $23,800 millones asignados bajo el programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), solo se han gastado $158 millones en proyectos de reconstrucción a largo plazo, consigna el informe. GAO desglosa que los retos para el uso de esos fondos de FEMA incluyen que es un programa de reembolso y que, como el gobierno está quebrado no tiene suficiente dinero para cubrir el costo del proyecto que luego será reembolsado. También que “funcionarios de FEMA y de Puerto Rico indicaron que el personal de las agencias del gobierno carece de la pericia para desarrollar miles de proyectos, lo que presenta riesgos de atraso”. Toma en cuenta también que “Puerto Rico tendrá que comenzar construcción en miles de proyectos, presentando riesgos como la falta de financiamiento para construcción y la capacidad para conseguir mano de obra, equipo y materiales”.

Esos problemas de capacidad también informan el ejercicio presupuestario que hizo la Junta. Jaresko subrayó que la asignación de fondos a cada ente gubernamental tomó en cuenta “la capacidad de la agencia para gastar en el año fiscal”. “El presupuesto que (la Junta) ha propuesto refleja la realidad de Puerto Rico”, dijo.

Para ver el resumen de la Junta sobre su presupuesto, pulse aquí,

La Junta volvió a insistir en la necesidad de reformas estructurales, una de las cuales tiene que ver con levantar la capacidad gerencial en el gobierno, como un elemento del Plan Fiscal que el gobierno mantiene sin cumplir.

Ripostan a la UPR: “No hay que cerrar recintos”

Según la Ley PROMESA, que habilitó el proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico y la creación de la JSF, la autoridad final sobre el presupuesto es de la Junta, por lo que, aunque se está siguiendo un proceso de consulta con el Ejecutivo y la Legislatura, la versión del presupuesto que sometió el ente fiscal es la que prevalecerá, si así lo decide la propia Junta.

En ese contexto, Jaresko ripostó las quejas sobre su versión del presupuesto y los cambios en el que incluye para la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En términos generales, Jaresko enfatizó que lo crítico, y que “a nadie le gusta discutir”, es la gran limitación que ha demostrado el gobierno de Puerto Rico para aumentar sus recaudos y apuntó a que las reformas tributarias han sido principalmente para recortar impuestos y no para aumentar recaudos. “La clave es crecer el bizcocho”, dijo.

La Directora Ejecutiva repitió las posturas previas del ente fiscal de que el presupuesto solo va a incluir asignaciones y gastos que sean reales y no meramente proyectados, prometidos o que no están legislados. Por tal razón, se rehusó a aumentar el nivel de aportación federal al Medicaid y también se reiteró en que no se va a incluir todavía el pago de la deuda que está proyectado en el Plan de Ajuste sometido para la aprobación del tribunal. “El Plan de Ajuste no ha sido aprobado… hay que respetar a la jueza”, además de que puede surgir litigio que provoque cambios en el Plan, reconoció.

Para ver el informe de GAO sobre capacidad del gobierno para usar fondos, pulse aquí.

Jaresko explicó que, de aprobarse el Plan de Ajuste, se enmendaría el presupuesto para asignar el pago de la deuda. “Yo creo que sí”, contestó cuando se le preguntó si la integración del pago de deuda en el presupuesto lo convertiría en el primero de los cuatro presupuestos consecutivos balanceados que son uno de los requisitos para que la Junta deje de existir y el gobierno salga de la quiebra. El Plan proyecta un pago de deuda de $1,500 millones, de los que entre $600 y $700 millones salen del Fondo General.

Específicamente sobre la UPR, Jaresko tomó excepción de las expresiones de su presidente, Jorge Haddock, sobre los supuestos efectos de la reducción presupuestaria. “Nada de lo propuesto requiere cerrar recintos, ningún recinto debe cerrar. Nada requiere reducción de la facultad y el personal docente, de hecho hay un aumento de 3% para el personal docente. Nada refleja una reducción en los servicios a estudiantes”, sostuvo al detallar que el cambio de $94 millones en el presupuesto de $1,200 millones de la institución no se traduce a recortes completamente. Argumentó que es una combinación de aumento de ingresos y reducción en gastos operacionales que se cubren, en parte, con la baja que ha reflejado la operación de la universidad.

Estas decisiones presupuestarias sobre la UPR no son negociables, pero sí se podrían revisar de acuerdo a los requisitos que tengan los fondos federales de rescate por la pandemia, admitió Jaresko.

En una expresión que va a un señalamiento permanente que han hecho los acreedores, sobre que la Junta nunca ha decretado cuáles son los servicios esenciales que tienen que cubrirse en el presupuesto del gobierno, Jaresko afirmó que “la ley no nos requiere definirlos, la ley nos requiere financiarlos y creemos que los hemos financiado en este presupuesto”.