Junta ordena que no entren en vigor medidas legislativas anticontrato de LUMA
Legislatura y Gobernador no podrían aprobar o convertir en ley medida para posponer la vigencia del contrato ni para darle poder a la Asamblea Legislativa sobre operaciones de la AEE.
En la antesala de la visita de los ejecutivos principales del consorcio contratado para administrar la red de distribución de energía, la Junta Fiscal ordenó a la Legislatura y al Gobernador a que no aprueben o pongan en vigor dos medidas que pospondrían la vigencia del contrato y que daría a la Asamblea Legislativa capacidad decisional sobre transacciones en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La carta es del martes, justo antes de que los presidentes y principales ejecutivos de LUMA Energy LLC, Wayne Stensby, ATCO Ltd., Nancy Southern, y Quanta Services, Earl C. "Duke" Austin, Jr., visitaran el jueves los predios de Canóvanas donde ubicarán las oficinas del consorcio y el LUMA College for Technical Training (LUMA CTT), una escuela de celadores que las empresas construirán como parte sus trabajos en la isla proyectados para durar por 15 años bajo el contrato firmado el año pasado.
El Proyecto del Senado 213 y la Resolución Conjunta de la Cámara 88 son los dos objetos de la orden de la Junta contra la Asamblea Legislativa y el Gobernador para no actuar o exponerse a acciones judiciales. El 213 requeriría la ratificación de la Asamblea Legislativa para varias facultades de la AEE que ahora solo requieren aprobación del Negociado de Energía (NE) como, por ejemplo, entrar en acuerdos de Alianza Público Privada y dividirse en subsidiarias para las áreas de generación, transmisión y distribución. Estos dos son elementos críticos del Plan Fiscal y la nueva política pública de dividir las áreas de la corporación pública y someterlas a acuerdos de privatización. La 88 pospondría la efectividad del contrato con LUMA del 1 de junio de 2021 al 15 de enero de 2022 con el propósito expreso de enmendar el contrato.
El ente rector de las finanzas públicas argumentó que de ejecutarse las medidas legislativas, se violentaría la Ley PROMESA porque sería un acto del gobierno sobre propiedad pública que no está autorizado por el representante del gobierno en el caso de quiebras, que es la Junta, coartaría los poderes e independencia del NE, insertaría a la Legislatura en el proceso de revisión de contratos de sobre $10 millones que es terreno exclusivo de la Junta, y sería una violación de la Constitución de los Estados Unidos que permitiría que LUMA ejerza sus derechos de cancelación y compensación.
"(Las medidas) arriesgan el futuro de la inversión del sector privado en la AEE y en Puerto Rico a nivel general al pretender insertar la Legislatura en el ya complejo proceso de aprobación de cualquier contrato futuro o presente de Alianzas Público Privadas", indica la carta de la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko.
En la actividad de Canóvanas, los ejecutivos del consorcio se cantaron confiados en comenzar su operación de la red de transmisión para la fecha contractual del 1 de junio, aunque los números de contrataciones que divulgaron están lejos todavía de los casi 4,000 empleados que necesitan para manejar la red.
También, se esforzaron por plantear su deseo de trabajar con los empleados unionados de la AEE, a pesar de que los empleados de la AEE que LUMA contrate dejan de estar cobijados por su convenio colectivo para convertirse en empleados del sector privado que comienzan desde cero con el consorcio.
"Tenemos brazos abiertos para la gente de la AEE. Ellos conocen el sistema, conocen la isla... no entiendo cuál es la indecisión", dijo Southern.
ATCO y Quanta son las empresas reales detrás de LUMA que, a su vez, es solo el ente corporativo que se creó para que la unión de las primeras dos entrara en el contrato. "Ambas de nuestras compañías matrices tienen uniones", aseguró Stensby, a la vez que Austin sostuvo que "trabajamos con las uniones a diario" y se preguntó por qué "alguien no querría unirse a esta fuerza en LUMA" a la luz de la importancia que la empresa le coloca a los beneficios y la seguridad de sus empleados.
Para ver la carta de la Junta, pulse aquí.