El intercambio de cartas comenzó a finales de marzo y en más de una ocasión la Junta ha insistido en un calendario preliminar de aprobación de fondos.

Aunque con dudas internas sobre su intervención en asuntos relacionados al estatus de Puerto Rico, la Junta Fiscal aprobó la petición del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para revisar el presupuesto vigente y así incluir la asignación de fondos para la elección especial de los cabilderos proestadidad.

Sin embargo, la medida requiere nueva acción de la Asamblea Legislativa, tal como ha establecido en unas cuatro ocasiones la directora ejecutiva del ente financiero, Natalie Jaresko, lugar también donde la cantidad de votos del Partido Nuevo Progresista (PNP) representa una minoría.

Según las minutas de una Sesión Ejecutiva de la Junta, el presidente David Skeel, Andrew Biggs, Arthur González y Betty Rosa votaron a favor de aprobar la resolución de revisión de presupuesto, fundamentada en la Sección 2020 de la Ley Promesa.

“Desde su concepción, la Junta ha evitado cuidadosamente asumir una postura sobre el estatus político de Puerto Rico. La petición de enmendar el presupuesto pone a la Junta en una posición muy difícil, ya que se relaciona al asunto del estatus. Los integrantes de la Junta llegaron a diferentes conclusiones sobre cómo mejor cumplir con nuestras responsabilidades, sin intervenir en el debate de estatus. Los integrantes que votaron a favor de enmendar el presupuesto creen que el acercamiento más neutral es considerar únicamente si la revisión de presupuesto cumple con el Plan Fiscal vigente, como requiere PROMESA, sin tomar una posición respecto a sus méritos. La enmienda presupuestaria será enviada a la Legislatura de Puerto Rico para su consideración, como PROMESA también lo requiere”, plantearon Skeel, Biggs, González y Rosa.

Por otro lado, Antonio Medina, John Nixon y Justin Peterson votaron en contra. Este último solicitó que las minutas estipularan que su oposición se basaba en que la Ley Promesa no aborda la autoridad de la Junta para subvencionar actividades políticas que favorezcan a un partido sobre otro. Por tanto, de acuerdo al texto, “la pregunta a si la petición de enmienda de presupuesto cumplía o no cumplía [con el Plan Fiscal] era inmaterial”.

Peterson, designado por el expresidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, añadió que su oposición se basó en que los miembros de la Junta no deben asumir postura sobre el estatus. Igual, que es un asunto que debe dejarse en manos del Gobernador y la Asamblea Legislativa.

La Sección 202 de la Ley Promesa dispone un mecanismo para asignar dinero a partidas que no se contemplaron originalmente a la hora de elaborar el presupuesto. La elección especial no forma parte del presupuesto vigente porque fue creada el 30 de diciembre del año pasado, seis meses después de la entrada en vigor del presupuesto y tres días antes del cambio de gobierno.

La petición de seguir los canales que provee la Ley Promesa fue planteada por el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz, en una carta el 23 de marzo, Día de la Abolición de la Esclavitud.

En una carta dirigida a Pierluisi Urrutia y a los presidentes legislativos, la Directora Ejecutiva de la Junta reiteró el pasado 1 de abril que el calendario de aprobación para estos fondos vislumbra el 14 de abril como el último día en que el dinero tendría que ser aprobado por el ente financiero. La elección especial está pautada para el 16 de mayo, o sea, un mes después.

Desde un inicio, la Junta planteó sus dudas con la aprobación de fondos para el evento. Inicialmente, el ente rechazó la propuesta del director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco Urrutia, de asignar $6.6 millones a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para la elección.

La CEE posteriormente bajó la cifra a $2 millones, tras eliminar el uso de escrutinio electrónico. Los gastos del evento incluyen la celebración de la elección, la publicidad del evento y los salarios y gastos de los cabilderos que resulten elegidos, quienes insistirán en la estadidad para Puerto Rico ante el gobierno federal en Washington, D.C., basados en la victoria de la estadidad en el plebiscito del 3 de noviembre de 2020.

Desde su concepción, el evento ha sido cuestionado por la oposición política del Partido Nuevo Progresista (PNP), quienes entienden que el evento busca el uso de fondos públicos para la causa de una colectividad particular. Incluso, dos representantes del Partido Popular Democrático (PPD) solicitaron al Gobernador que desista de la elección y asigne esos fondos a la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM).

A finales de marzo, el Senado aprobó derogar la consulta y sus bases, contenidas en las leyes 165 y 167. Quienes único se opusieron fueron los legisladores novoprogresistas.

En esa instancia específica, el Gobernador adelantó que, de la Cámara de Representantes también dar paso a la medida, no la firmaría y, hasta donde se conoce públicamente, la Legislatura no cuenta con votos suficientes para ir por encima del veto. Pierluisi Urrutia ha asegurado que la elección es una “inversión para abogar por la igualdad”.

Por otro lado, ninguno de los candidatos interesados en formar parte de la llamada ‘Delegación Congresional’ cumplió con los plazos dispuestos de radicación de endosos de la CEE.

En total, hay 10 aspirantes, que se dividen entre cuatro interesados en cabildear en el Senado de los Estados Unidos, de los cuales se eligen dos. Los primeros seis son: la veterana líder estadista y exsenadora, Miriam Ramírez de Ferrer; Víctor Pérez Rentas; la exsecretaria de Corrección y exintegrante de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Zoraida Buxó Santiago; la exlegisladora Melinda Romero Donnelly; Roberto Jesús López Román; y Aurelio Antonio Agelviz Rodríguez.

Los seis interesados en ir a la Cámara federal, de los cuales solo se eligen cuatro, son: la exalcaldesa de Ponce, María ‘Mayita’ Meléndez Altieri; el legislador municipal de Guaynabo, Roberto Lefranc Fortuño, Raúl Eduardo Rosas Marrero; Jorge Iván Rodríguez Feliciano; Janet Riefkohl Alicea; Elizabeth Torres Rodríguez, Adriel Jared Vélez Torres y Ricardo Andrés Marrero Passapera.

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