Advierte que si retirados votan en contra el recorte puede aumentar de 8.5 a 10%

La Junta de Control Fiscal (JCF) radicó anoche al Tribunal de Quiebras su segundo Plan de Ajuste de Deuda (PAD) enmendado con tres acuerdos de apoyo: el acuerdo con los bonistas de obligación general (GO) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), el acuerdo con el Comité Oficial de Retirados (COR), y el acuerdo con los Servidores Públicos Unidos del Consejo 95 de Puerto Rico (SPU)/Federación Americana de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME, por sus siglas en inglés) para proteger las pensiones a largo plazo y asegurar los acuerdos de negociación colectiva.

Según un comunicado, el PAD reestructura la deuda del gobierno central, la AEP, los Sistemas de Retiro, las reclamaciones contra el Estado Libre Asociado, basadas en ingresos histórica y condicionalmente apropiados a ciertas instrumentalidades; y las reclamaciones generales no garantizadas contra el Estado Libre Asociado, la AEP y el SRE.

El PAD reduce la deuda pendiente y otras reclamaciones en casi un 80%, de $35,000 millones a $7,400 millones en nueva deuda de GO y tiene un pago anual de $1,150 millones que acaba reduciendo los pagos totales de deuda de de $90,400 millones a $34,100 millones.

La JCF asegura que su nuevo límite de $1,500 de pensión mensual (antes eran $1,200), garantiza que más de 80% de los jubilados no tendrán reducción. El recorte mensual propuesto es 8.5%, pero se advierte que si el plan no resulta apoyado por los retirados en el proceso de votación que se activa ahora, el recorte sería de 10% mensuales con el mismo límite de $1,500.

Además, el acuerdo establecería un fideicomiso de reserva de pensiones gestionado de forma independiente para el sistema de pensiones PayGo para apoyar el pago de las pensiones durante los próximos 30 años. Las reducciones previstas a las pensiones pueden restablecerse si las finanzas públicas superan al Plan Fiscal en $100 millones o más en cualquier año dado; el 10% del exceso se asignaría a los retirados para compensar por la cantidad de reducción a su pensión.

El acuerdo con AFSCME/SPU asegura que los convenios permanecerán vigentes durante cinco años luego de la fecha de vigencia del Plan, para reflejar los términos laborales del Plan Fiscal Certificado y el aumento de las contribuciones de los patronos al plan médico establecido en $170 por mes, en lugar de los $125 provistos en el Plan Fiscal Certificado. Hasta $1,500 millones de las contribuciones de los empleados al Sistema 2000 se devolverían en su totalidad a los participantes junto con cualquier crédito de intereses que las contribuciones habrían acumulado previo a la bancarrota de Puerto Rico. Si las finanzas del gobierno superan el Plan Fiscal en $100 millones o más en cualquier año dado, el 25% del exceso se asignaría a los empleados elegibles, de manera que se incentiva a los empleados a ayudar al gobierno a trabajar de manera más eficiente.

Según el presidente de la JCF, David Skeel, "PROMESA le dio a Puerto Rico una oportunidad única: un camino ordenado para reducir su deuda a niveles sostenibles". "Esta oportunidad no existía para Puerto Rico ni para ningún estado. El Plan de Ajuste que proponemos al tribunal para su aprobación se basa en esta oportunidad. Es un paso hacia adelante para la recuperación, estabilidad y prosperidad de Puerto Rico. Este plan reduce de manera sustancial la carga del pago de la deuda a futuras generaciones, estabiliza y protege las pensiones que han sido mal administradas durante tanto tiempo y afirma los acuerdos de negociación colectiva de los trabajadores gubernamentales. Estos elementos son esenciales para que Puerto Rico salga de la bancarrota de una vez y por toda, y se encamine hacia un mejor futuro", añadió.

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Presentar el Plan de Ajuste es solo el comienzo, queda pelea