Del total de $157,382,498, Educación es responsable de $109,780,515, la partida más grande. El documento estipula que el dinero suponía usarse en “materiales para el Departamento de Educación”.

El Gobierno de Puerto Rico dejó vencer las fechas de uso de $157 millones disponibles en el Paquete de Ayuda de Emergencia por el COVID-19, cuya mayoría correspondía al Departamento de Educación, que intenta regresar a clases presenciales de forma apresurada en medio de la pandemia del COVID-19 ante los problemas con los cursos virtuales.

La expiración de uso de los fondos está consignada en una carta que la Junta de Control Fiscal (JCF) le envió a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y al Departamento de Hacienda para notificar el vencimiento, plazo que se cumplió el 1 de marzo.

“Luego de esta fecha, las cuentas relacionadas a estos incentivos serán congeladas y no se permitirán más desembolsos”, puntualizó la misiva, firmada por la directora ejecutiva Natalie Jaresko, quien además solicita una certificación de la congelación de las cuentas, a ser entregada el 15 de marzo.

Del total de $157,382,498, Educación es responsable de $109,780,515, la partida más grande. El documento estipula que el dinero suponía usarse en “materiales para el Departamento de Educación”.

En el reporte de uso de esos fondos que publica la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), se especifica que Educación utilizaba ese dinero para la compra de tabletas, software y para entrenar a aproximadamente 325,000 individuos a un costo de $750 cada uno.

A esos efectos, hubo tres desembolsos en octubre y tres desembolsos en noviembre, para poco más de $52 millones, lo que dejó un remanente de $72 millones, cifra menor a la compartida por la JCF. El último reporte disponible data del 26 de febrero del año en curso.

El portavoz de prensa de Educación, Alexis Ramos, confirmó que el sobrante en realidad es de $11 millones y la agencia solicitó una segunda extensión hasta septiembre. El dinero se utilizaría para el pago de licencias, como Microsoft.

Sin embargo, el portavoz de la JCF, Edward Zayas, explicó que el Paquete de Ayuda de Emergencia por el COVID-19 era un pote de $787 millones y todo dinero que sea estatal y no se use en las fechas límites, regresa al Fondo General para reabastecer el Fondo de Emergencia de $260 millones. Las partidas que sean federales, como una porción de los fondos de Educación, están fuera del alcance de la JCF.

La compra de tabletas, computadoras y los adiestramientos a maestros de la plataforma Microsoft Teams formó parte de la respuesta pública a la emergencia provocada por el COVID-19 y la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced. Ante la necesidad de continuar el semestre escolar de manera virtual, integrantes de la comunidad escolar criticaron los esfuerzos porque no recibieron los equipos a tiempo o los módulos educativos que debían accesar mediante esos dispositivos no estaban disponibles.

Ahora, la política pública del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia es comenzar las clases de manera presencial en medio de la pandemia del COVID-19, pero los estudiantes que opten por permanecer en sus hogares podrán hacerlo.

Tecnólogos y otros sin incentivos

El resto de los $157 millones no utilizados corresponden a incentivos para enfermeras del sector público y privado, médicos residentes y tecnólogos, así como hospitales públicos, agentes de seguridad pública e investigaciones en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La JCF confirmó a través de su portavoz que lo último que el Gobierno de Puerto Rico solicitó al llegar la fecha límite fue una extensión del incentivo de enfermeras de hospitales públicos.

La pasada semana, representantes de unos 35,000 profesionales de la salud en Puerto Rico explicaron a una comisión senatorial que, precisamente, no habían recibido el incentivo de entre $1,000 y $2,500 que se les prometió en el 2020 por la Legislatura y la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

La Resolución Conjunta 65 de 2020, que creó el incentivo, dispone que el dinero provendría del Fondo de Emergencia. En una carta a Vázquez Garced con fecha del pasado noviembre, la JCF explicó que el dinero no podía salir del Fondo de Emergencia regular sin una programación nueva de fondos, porque se trataba de un gasto que no estaba presupuestado.

Sacar el dinero de los Fondos de Reserva de Emergencia, en cambio, requería enmendar la medida legislativa aprobada, algo que tampoco ocurrió. El 1 de marzo, la JCF emitió la carta que le recordaba al gobierno la expiración de los $157 millones, entre ellos $2,000 para tecnólogos médicos.

En la carta también se estipula que el gobierno recibió una extensión para uso de fondos para el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau (HURRA), que el año pasado fue anunciado por Vázquez Garced como la institución en la cual se atenderían los pacientes de COVID-19. No obstante, la estructura no estaba lista y necesitaba arreglos.

Mira la carta:

Mira el plan de gastos: