La pandemia tuvo poco efecto en las negociaciones, según lo conocido hasta ahora, y la radicación del plan abre espacio para impugnación por parte de cualquier acreedor afectado.

Independiente de cuándo se permita la presentación ante el Tribunal de Quiebras del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para el Gobierno de Puerto Rico, ese acto no representa una culminación sino solo el principio de un proceso al que le quedan muchas pugnas que incluyen impugnaciones judiciales de acreedores y votaciones en la Asamblea Legislativa.

El PAD dictaría, por los próximos 20 a 30 años, que Puerto Rico está obligado a pagar una cantidad específica anual a sus acreedores. Ese pago sería fijo e ineludible, lo que quedaría en vaivén sería el crecimiento económico de la isla y la capacidad del gobierno para ser eficiente y mejorar sus finanzas. Todos los residentes de Puerto Rico, entonces, se afectan en dos vías, una por la cantidad de dinero anual que va a acreedores en vez de a servicios públicos y porque el riesgo de lo que pueda salir mal también queda sobre los hombros de los residentes en la forma de más impuestos, más tarifas y menos cantidad y calidad de servicios.

Cuando esta semana la Junta de Control Fiscal (JCF) anunció que había llegado a un “acuerdo en principio” sobre el PAD, su presidente, David Skeel, recalcó que “es una propuesta realista” y que el objetivo del ente es “presentar un plan de ajuste consensuado para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que incluya a tantos acreedores como sea posible".

Tras consultar con seguidores del tema y examinar la información disponible hasta ahora, surge que la Junta parece buscar colocar contra la pared a algunos de los acreedores más belicosos para forzarlos a aceptar términos, que los términos de la negociación no han mejorado para Puerto Rico por la pandemia sino que se han puesto peor y que el plan todavía tiene que navegar un mar legal, legislativo y de opinión pública muy picado.

Antes, un poco de trasfondo.

Este no es el único plan de ajuste, pero es el de mayor cuantía. Ya la JCF presentó y consiguió aprobación de planes de ajuste para el Banco Gubernamental de Fomento (con reducción del 45% de la deuda e impacto a los municipios), ciertas líneas de crédito de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (con ahorros de $380 millones en 10 años), unas deudas en la Autoridad de los Puertos (que bajó de $200 a unos $100 millones) y, más notoriamente, el de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), que bajó la deuda de $17,000 a $12,000 millones y evitó una confrontación judicial entre acreedores de esos bonos respaldados por el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) y bonistas de Obligaciones Generales (GO). A la Junta le quedan pendientes la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que se prevé baje esa deuda de $9,000 a unos $7,000 millones, y el plan que se anticipó esta semana que sería radicado para el 8 de marzo y que abarca $35,000 millones del gobierno central, la Administración de Edificios Públicos (AEP) y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).

La primera discusión de este plan, en septiembre de 2019, tenía como términos: a) pagar $2,900 millones en efectivo, b) emitir bonos nuevos por $11,777 millones y c) plan de pago de $1,472 millones por 30 años, seguido por 10 años adicionales de $993 millones en pagos para el acuerdo de COFINA.

Luego, justo antes de la pandemia en 2020, los términos divulgados a) aumentan el pago en efectivo a $3,809 millones, b) baja los bonos nuevos a $10,669 millones y c) se siguen pagando $1,472 millones anuales pero en 20 años en vez de en 30, quedando todavía los pagos de $993 millones anuales para cubrir los 40 años del plan de COFINA.

En noviembre de 2020, después de que la negociación quedara suspendida varios meses por la pandemia, hubo nuevas modificaciones de los términos que a) aumentaron el pago en efectivo a $5,983 millones, b) aumentaron los nuevos bonos a $11,963 (con el elemento de una fórmula de contingencia para parte de la deuda en la que los acreedores cobran más si la economía mejora hasta un límite) y c) el pago anual que se redujo a $1,050 millones por 20 años, quedando los $993 millones anuales de COFINA hasta hasta completar 40 años.

Para esta versión del plan, no se han presentado términos, pero el analista sénior de Política Pública de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots, indicó que de las discusiones han surgido la posibilidad de que a) vuelva a aumentar el pago en efectivo para llevarlo a $9,700 millones y b) aumente el pago anual para llevarlo a entre $1,100 y $1,300 millones.

Es decir, los términos para Puerto Rico no necesariamente han mejorado mientras ha pasado el tiempo, lo que para Santamaría Ots se debe a que “contra más pasa el tiempo, los acreedores se están dando cuenta de la incapacidad por parte de la Junta de implementar las medidas que van a traer los ahorros que ellos proyectan, cuanto más pasa el tiempo, se dan cuenta de que tiene mucho más valor el efectivo adelante”. Precisó que la nueva propuesta significaría un alivio menor porque en octubre de 2020 la deuda se recortaba entre 66 y 69% mientras que ahora el recorte es de solo 55 q 58%. Un estudio del premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, concluyó que el recorte que se ajusta a lo que Puerto Rico realmente puede pagar es de entre 80 y 90%. El director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Sergio Marxuach, recomendó que se aumente la cantidad del repago que está basado en los bonos atados al desempeño económico (Instrumento de Valor Contingente) y que se reduzca la cantidad que se paga con bonos nuevos de OG. “Esta es una propuesta en la que todos ganan: los inversionistas participan de cualquier escenario económico potencial al alza; Puerto Rico queda con una carga de deuda sostenible; y ambas partes mitigan el riesgo de un nuevo incumplimiento a corto y mediano plazo”, escribió en un blog.

Las ansías de más recuperación están animadas en parte por una auditoría de cuentas del gobierno que realizó la Junta en octubre de 2020 y que reflejó que hay unos $24,000 millones de los cuales al menos $10,470 millones no están comprometidos, por lo cual se interpreta que están disponibles para pagar deuda, subrayó Santamaría Ots. Además, en el caso de quiebras se permitió abrir descubrimiento de prueba sobre las propiedades que tiene el gobierno, lo cual puede ser otra fuente de dinero para pagar a acreedores, aunque sea a expensas de que Puerto Rico pierda control de esos activos públicos.

El que la jueza Laura Taylor Swain llegue a aprobar un plan de ajuste de deuda depende de una máquina con partes en movimiento, partes financieras, partes políticas y partes legales.

Según la Ley PROMESA, un plan de ajuste tiene que cumplir con siete criterios expuestos en su Sección 314, que incluyen que se haya obtenido cualquier aprobación legal o regulatoria para ejecutar el plan y que el mismo sea “factible y esté en los mejores intereses de los acreedores”, subrayó el licenciado Rolando Emmanuelli, quien participa del caso de quiebras como representante de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

Sobre lo que es “factible” o “sostenible”, Santamaría Ots recordó que la Junta nunca ha precisado dos cosas fundamentales: a) cuánto el gobierno de Puerto Rico puede pagar anualmente y b) cuáles son los “servicios esenciales” que se tienen que proteger como un mínimo. Lo que sí ha hecho es concluir en sus proyecciones que el gobierno volvería a un escenario de déficit tan temprano como en 2029, por lo que no está claro cómo compaginan estar en déficit con comprometerse a hacer los niveles de repago que plantean los planes. Ese déficit llegaría en 2024 si no se completan las reformas que la Junta ha empujado pero que el gobierno ha mayormente dilatado. Otra pieza sobre si el plan es “factible” es que, si bien el presupuesto ha tenido un alivio porque desde que se radicó la quiebra no ha tenido que pagar deuda, también el gobierno asumió el pago de pensiones que antes hacía la ASR, un pago de $2,300 millones anuales que deja el presupuesto prácticamente en la misma crisis que antes de la radicación de la quiebra.

Un elemento que levanta exponencialmente el nivel de riesgo es que, una vez el tribunal apruebe el PAD, es final y no se vuelve a revisar, quedando como única opción, si no se puede cumplir, el declarar una segunda quiebra.

Pero antes de esa aprobación, hay muchas etapas.

El PAD tiene que ser radicado y también una divulgación de los términos, luego hay que someter y conseguir aprobación de un calendario que recoja las posibilidades de enmiendas, impugnación, descubrimiento de prueba y para que los acreedores voten y pueda ocurrir, de verdad, una confirmación del plan por parte de éstos.

Emmanuelli enfatizó que esa etapa de votación se menciona poco pero es crucial y no se puede tomar por sentado. Implica, literalmente, que cada uno de los cientos de miles de miembros de las distintas clases de acreedores tienen la facultad de emitir un voto individual para expresarse sobre el plan, según los términos. Por ejemplo, en 2019, la Asociación de Maestros comenzó con un “acuerdo” con la Junta sobre el PAD, pero cuando lo llevaron a votación de la matrícula, fue rechazado y ese sindicato se quedó fuera de los que apoyan el plan. La Junta solo necesita el apoyo de una de las clases de acreedores, pero el nivel de apoyo general al plan es también un indicativo que la jueza puede tomar en consideración.

Al día de hoy, la Junta plantea tener el apoyo del Comité Oficial de Retirados (que representa a 167,000 pensionados), de algunas uniones y de acreedores de la AEP, pero esos apoyos tienen que pasar por la prueba de que sus miembros lo aprueben porque los comités negocian pero no dan aval final a nombre de sus miembros. En este PAD, se da por descontado el apoyo de los acreedores no asegurados, que están recibiendo un pago de menos de 3 centavos por cada dólar de deuda. Este grupo es amplio y, después de los pensionados, es probablemente el que más impacto tiene en la economía de Puerto Rico porque son proveedores de servicio al gobierno que en su mayoría son residentes de la isla. Una estrategia que puede estar buscando la Junta es buscar apoyo de otros grupos para que los acreedores de bonos GO queden aislados, ya que en ese grupo están los fondos de cobertura, algunos de la categoría de “fondos buitre”, que son los que más preparados están para luchar contra el plan y litigar para “exprimir al máximo” sus posibilidades de repago, recordó Santamaría Ots. Este tipo de acreedor ganó terreno con la última emisión de bonos que realizó el gobierno en 2014, bajo la Administración García Padilla, cuando ya los riesgos de insolvencia del gobierno estaban sobre la mesa.

“Va a haber litigación y va a durar meses”, anticipó Emmanuelli. Esta litigación puede venir de cualquiera que plantee estar afectado por el plan y haya radicado una reclamación formal (“proof of claim”).

Pero también el litigio puede ser con los elementos del plan que tengan que pasar por la Legislatura, como ocurrió con el plan de COFINA, el cual en su momento fue aprobado por la entonces mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP). Hoy la Legislatura tiene otra composición, plural, y ya en el Senado se aprobó esta semana unánimemente la Resolución Concurrente 6 para establecer que no se aprobará legislación “que viabilice un plan de ajuste que incluya recortes adicionales a la Universidad de Puerto Rico, recortes a las pensiones de los retirados de las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin permitir mecanismos alternos que propicien el pago total de sus pensiones, que incluya pago a deuda ilegítima y sin que esté acompañado de un análisis de sustentabilidad de la deuda”. El autor de la medida, senador Juan Zaragoza Gómez, también radicó un proyecto de ley (P del S 181) que enmendaría la ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para aclarar que el ejercicio de las facultades legales de la agencia deben responder a la política pública de “cero recortes a las pensiones, defensa de la Universidad de Puerto Rico, análisis de sostenibilidad de la deuda, y no emitir pago a deuda ilegal”.

Los tribunales han avalado completamente el poder de la Junta bajo PROMESA para detener la aplicación de reglamentos, leyes y para ejecutar todo el proceso de creación de presupuesto sin intervención de la Legislatura, pero hasta ahora no han atendido directamente si la Junta tiene el poder para obligar a legislar los elementos necesarios para un plan de ajuste.

Un desarrollo judicial de esta misma semana añade otro elemento, recordó Emmanuelli. El Primer Circuito de Apelaciones dijo que las partes que impugnen un plan de ajuste tienen que solicitar la paralización de la efectividad del plan tan pronto la jueza lo apruebe y, de ser denegado a ese nivel, pedir la paralización en apelaciones, lo cual no es una garantía de que alguno de los foros paralice el plan, pero es otro mecanismo que puede atrasar la puesta en vigor de un plan.