El ente rector de las finanzas públicas de PR le dijo al Tribunal de Quiebras que está dispuesta a litigar para mantener ese contrato y provocar otras reformas estructurales.

A pesar de que ha ocupado espacio en las discusiones de campaña electoral y de que todos los candidatos a la gobernación han planteado eliminarlo o modificarlo, la Junta de Control Fiscal (JCF) aseguró formalmente en el caso de quiebras del gobierno de Puerto Rico que pretende defender, mediante litigios si es necesario, el contrato con LUMA Energy para la privatización de la transmisión y distribución de energía eléctrica.

La postura de la Junta está consignada en una moción que sometieron a la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain el martes pasado y en la que hacen un resumen de lo que han sido las gestiones del ente rector de las finanzas del Gobierno de Puerto Rico durante sus primeros cuatro años de operación bajo la Ley PROMESA. La moción fue radicada después de que la presidencia del ente cambiara al profesor David Skeel y que ingresara el cabildero Justin Peterson por designación del presidente Donald Trump, pero, como es costumbre, no hay una divulgación de si la moción fue a votación de los miembros de la Junta antes de presentarse o de qué participación tuvieron los miembros en su preparación, si alguna.

Para la Junta, las “reformas estructurales” plasmadas en el Plan Fiscal de mayo pasado sigue siendo el plan que el gobierno tiene que cumplir bajo la Ley PROMESA, y dentro de esas reformas colocan el contrato con LUMA Energy.

“El 22 de junio de 2020, con la aprobación de la Junta y la Gobernadora (y después de esfuerzos significativos por parte de la Junta), la (Autoridad de Energía Eléctrica), suscribió con LUMA Energy el Acuerdo de Operación y Mantenimiento para el Sistema de Transmisión y Distribución de Puerto Rico (el “Acuerdo LUMA”). El Acuerdo LUMA establece el marco para la privatización del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad, una acción que contribuirá grandemente a la transformación de la red energética de Puerto Rico en una moderna, confiable y eficiente”, planteó la JCF a la jueza.

Al repasar las reformas estructurales, como el Acuerdo LUMA, que están incluidas en el Plan Fiscal, la Junta le aseguró a la jueza que “de hecho, puede que requiera litigio u otras formas de intervención, pero la Junta se mantiene totalmente comprometida a asegurar que se alcanzan las reformas estructurales adicionales”.

Además del acuerdo con LUMA, las reformas estructurales incluyen acciones en el área de recursos humanos, beneficiencia pública, educación, facilidad para negocios, energía e infraestructura.

Peterson, el más nuevo miembro de la Junta, tiene una práctica de consultoría y cabildeo que incluye clientes en el sector de energía, lo cual le ha generado señalamientos de conflictos de interés en su rol en la Junta.

La moción de la Junta tiene el propósito de evitar la imposición de un calendario de aprobación del Plan de Ajuste de Deuda que están empujando ciertos acreedores quienes, en la alternativa, piden a la jueza que desestime la protección que disfruta el gobierno bajo la ley de quiebras y les abra acceso directo a los recursos del fisco, incluyendo $21,000 millones acumulados en distintas cuentas que los acreedores sostienen están bajo el control del gobierno.

La afirmación formal de la Junta de su intención de defender su plan de reformas aún con litigio si es necesario ocurre después de que la anulación o modificación del contrato de LUMA se convirtiera en tema de la campaña a la gobernación.

En un foro la semana pasada de la organización Queremos Sol, los candidatos Juan Dalmau Ramírez (Partido Independentista Puertorriqueño), César Vázquez Muñiz (Proyecto Dignidad), Eliezer Molina Pérez y Alexandra Lúgaro Aponte (Movimiento Victoria Ciudadana) plantearon objeciones al acuerdo y adelantaron propuestas para cancelarlo o anularlo, mientras que Pedro Pierluisi Urrutia (Partido Nuevo Progresista) se inclinó a buscar enmiendas al contrato. Por su parte, esta semana, Carlos Delgado Altieri (Partido Popular Democrático) prometió cancelar el contrato de convertirse en gobernador.

Para ver la moción de la Junta de Control Fiscal sobre sus trabajos en cuatro años, pulse aquí.

Para ver el Plan Fiscal de mayo de 2020 con las reformas estructurales que la Junta prometió defender, pulse aquí.