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Junta Fiscal

Junta de Control Fiscal levanta bandera por contrato fallido de pruebas de COVID-19

El presidentede la Junta de Control Fiscal,José Carrión III, y su directora ejecutiva,Natalie Jaresko. (Juan R. Costa/NotiCel)

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La Junta de Control Fiscal (JCF) levantó bandera hoy, lunes, sobre un contrato para pruebas rápidas que detectan coronavirus y que aunque fue cancelado, suponía un gasto de cerca de $40 millones para el Gobierno de Puerto Rico.

Mediante una misiva remitida a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, quien ayer en conferencia de prensa se distanció de la fallida transacción, el organismo creado mediante una ley federal, le recordó a la Mandataria que la JCF debe verificar todos los contratos que se otorguen en el Gobierno de Puerto Rico y pasen los $10 millones.

En esa línea, el organismo fiscal estableció que pese a que por la enfermedad, también conocida como COVID-19, se declaró un estado de emergencia que libera algunos requerimientos para contratar servicios, la Junta no ha cedido su facultad para revisar contratos.

Mira también: Hacienda recupera $19 millones desembolsados para pruebas rápidas fallidas

"Todos los contratos gubernamentales y sus modificaciones con un valor agregado de $ 10 millones o más están sujetos a la aprobación previa de la Junta", establecen en la carta, que firma la directora ejecutiva del ente, Natalie Jaresko.

"A pesar de todo lo anterior, el Gobierno no presentó los acuerdos para comprar el kits de pruebas rápida antes mencionados... El hecho de que la Junta permitió el uso del fondo de emergencia sin aprobación previa, no significa que las compras realizadas en respuesta a la emergencia con esos fondos se puede hacer sin cumplir con el debido proceso correspondiente consistente con la gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos", puntualiza también.

Este pasado fin de semana se reportó que la empresa Apex General Contractors LLC fue contratada por cerca de $40 millones para suplir pruebas rápidas de COVID-19 al Gobierno de Puerto Rico. La contratación, que luego se canceló por incumplimiento, se dio pese a que la referida empresa no tenía historial alguno como proveedor de servicios médicos.

Como parte de la transacción fallida, el Gobierno de Puerto Rico había adelantado $19 millones a Apex General Contractors LLC, que finalmente hoy fueron devueltos.

Mira a continuación la carta:

PDF: Carta de la JCF a la Gobernadora por contrato fallido para pruebas de COVID019