En menos de dos horas, la Junta de Control Fiscal (JCF) certificó un nuevo Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico y aprobó designar los 78 municipios de Puerto Rico como entidades bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA por sus siglas en ingles).

Sumado a eso, la JCF tambien requirió que el Centro de Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM) --que ya era una entidad cubierta bajo la ley federal-- someta un plan fiscal con viabilidad para cinco años.

De acuerdo a la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, la determinación respecto a los municipios comenzará con un proyecto piloto con 10 ayuntamientos y se basa en la Sección 101 de la Ley PROMESA, la cual otorga discreción a la JCF a solicitar planes fiscales a instrumentalidades de gobierno.

Esto implica que los municipios Aibonito, Barranquitas, Camuy, Cidra, Comerío, Isabela, Orocovis, San Sebastián, Villalba y Quebradillas tendrán que presentar sus propios presupuestos y planes fiscales a la entidad financiera que incluyan reducciones de gastos y la implementación de 'medidas de eficiencia'.

Estas medidas, según la JCF, podrían consistir de acuerdos intermunicipales de servicios compartidos, programas para mejorar el uso de fondos federales y aumentar la recaudación de ingresos, así como estrategias de desarrollo económico.

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A preguntas de NotiCel, la Directora Ejecutiva rechazó que la decisión se base en la desconfianza de los datos provistos por la administración de Ricardo Rosselló Nevares, de un interes por descentralizar las operaciones desde el gobierno central o un ensayo dirigido hacia la consolidación de municipios.

'No hay intención de cambiar la autonomía municipal. Estamos poniendo nuestros recursos sobre la mesa y no es nada de eso. Queremos trabajar con los Alcaldes y queremos ver cómo funciona con los primeros diez', subrayó Jaresko, quien añadió que estos municipios de la zona norte fueron escogidos porque 'han trabajado juntos previamente y porque todos han tenido dificultades fiscales'.

El presidente de la JCF, Jose Carrión III, añadió que la selección tomó en consideración factores relacionados a la proximidad geográfica entre ellos, su historial de trabajo colaborativo, y cuánto de sus presupuestos dependen del Fondo General, además de un balance político 'para que no se pudiese manifestar que estábamos pendientes de unos o de otros'.

'No es tomar el control de los municipios, es una colaboración. El programa piloto es para asistir a esos municipios en el camino. No vemos esto como una acción que deba ser tomada de forma negativa. […] Evaluar y adoptar mejores prácticas financieras y presupuestarias, mientras dejan atrás la dependencia en el Fondo General del gobierno central, mejorará significativamente la condición de los municipios', declaró Carrión III.

Para Jose Ramón González, tambien miembro de la JCF, 'es un proceso los municipios tengan disciplina'.

La primera entrega de los planes fiscales municipales está pautada para el 7 de junio, mientras que el día 30 de ese mes se supone que se entreguen los presupuestos.

Christian Sobrino Vega, representante del Gobernador ante la JCF, expresó durante una conferencia de prensa posterior a la reunión que advino en conocimiento de la propuesta recientemente, aunque no especificó cuándo. Asimismo, señaló que la entidad financiera no parece tener el personal necesario para esa encomienda.

'Ellos no dijeron que iban a tomar control. Les recomiendo que no traten. En dos años y medio yo he visto ayuda de la Junta y yo he visto ayuda de la Junta. Si es de la ayuda que es positivo en terminos de traer ideas nuevas, dar su asistencia tecnica y sus recursos profesionales que quizás ahora no tienen, pues ¿a quien no le ayuda eso? Si es ponerse muy granular con el presupuesto, con los procesos internos administrativos y vamos a entrar en esta dinámica de nuevo por 78 [como con el gobierno central], pues yo les auguro que no van a tener mucho exito', estipuló Sobrino Vega.

Nuevo plan fiscal en menos de seis meses

Respecto al Plan Fiscal, la JCF aprobó en su su decimosexta reunión pública un documento con las revisiones que la entidad financiera dispuso, tras determinar que las propuestas de la administración Rosselló Nevares no cumplían con los parámetros esperados para mejorar la seguridad ni los negocios en la Isla, entre otros.

De acuerdo a Jaresko, la nueva versión del Plan Fiscal contiene cambios sustanciales de lo propuesto por el gobierno respecto a los datos económicos y en cuanto a las prioridades. Al ser abordada por uno de sus pares, la Directora Ejecutiva indicó que el documento era el equivalente a 'un poco o un cambio radical' de la versión aprobada el pasado octubre 2018, o sea, en casi siete meses.

En su versión, la entidad financiera sostuvo que Puerto Rico recibirá $82,000 millones en fondos de recuperación para desastres entre fondos federales y privados tras el paso del huracán María. Sin embargo, ese dinero sería recibido en un plazo entre 10 a 15 años.

La nueva versión del documento tambien perpetúa la diferencia ideológica de la JCF y el Gobierno, en forma de la eliminación del bono de Navidad y los cambios al Sistema de Retiro.

En el cónclave, estuvieron presentes todos los miembros de la JCF, salvo Ana Matosantos. Carlos González, por su parte, participó por telefono. De esa manera, la mesa estuvo compuesta por el presidente Carrión III y González, así como los miembros Andrew Biggs, Arthur González, David Skeel y el ex-officio Sobrino Vega.

El salón en el cual se celebró el cónclave estuvo notablemente vacío contrario a ocasiones previas. Esta vez, hubo dos comentarios de mujeres en el público, quienes cuestionaron la indefinición de la JCF del concepto 'servicios esenciales', así como los recortes a la Educación --particularmente la Universidad de Puerto Rico (UPR)-- y su postura sobre la Ley de Cabotaje.

En la mesa frente a la entidad financiera estuvo sentado el equipo del principal oficial financiero de Puerto Rico (CFO, por sus siglas en ingles), Raúl Maldonado Gautier. El tambien secretario del Departamento de Hacienda leyó unas declaraciones preparadas en español en las cuales insistió sobre las diferencias ideológicas del gobierno y la JCF e insistió en que 'el gobierno no puede seguir implementando medidas de austeridad'.

Posteriormente, Maldonado Gautier recibió el agradecimiento de la JCF por su esfuerzo, pero recalcó que las acciones del gobierno han sido insuficientes para cumplir con las proyecciones. Por tanto, la entidad financiera prosiguió con la aprobación de su versión del Plan Fiscal.

Sobre el CRIM, la JCF espera desarrollo de propuestas para actualizar el Registro de Propiedad, revisar la clasificación y valorización de propiedades registradas, análisis de las guías administrativas respecto a las exenciones y exoneraciones, y mejorar el cumplimiento y los esfuerzos de recaudación.

'Aunque el CRIM continúa siendo una de las principales fuentes de ingreso de los municipios, actualmente tiene sobre dos mil millones de dólares en cuentas por cobrar, un 62 por ciento de tasa de recaudación de impuestos sobre la propiedad y faltan sobre 300 mil propiedades que están fuera de su registro. Solo en nuestro análisis preliminar, identificamos la necesidad de más de 150 tasadores adicionales', explicó Carrión III.

Por su parte, el presidente de la Junta de Directores del CRIM, Javier Carrasquillo, dijo que acogió el anuncio de la Junta en 'actitud de colaboración'. 'Nos parece una iniciativa que es propia considerarla. Vamos a estar cumpliendo con la Junta', dijo el tambien alcalde de Cidra.

Reacciona Rosselló

Mientras, el gobernador Rosselló dijo que la insistencia de la JCF en eliminar partidas como el Bono de Navidad se ha convertido en una 'obsesión'.

'Insisten en la intromisión de su pensar ideológico en la política pública. Estamos en ley para dar el Bono de Navidad. Ellos buscarán mecanismos para eliminarlo y nosotros seguiremos defendiendo eso. Es una insistencia, casi obsesión de eliminar el bono de Navidad', expresó.

De igual manera, afirmó que seguirán dando la batalla por las pensiones de los trabajadores.

'Sobre las pensiones, nosotros vamos a dar la batalla para pagarlas. Si no las quieren pagar, será un asunto puramente ideológico de la Junta. Si nosotros establecemos política pública, la establecemos invirtiendo en prioridades y las pensiones son una prioridad para mí', aseguró.

Sin embargo, elogió las partidas para los aumentos de salario a los policías y bomberos. 'Que bueno que nuestras peticiones de agosto pasado para el aumento a los policías y bomberos se materializaron. Ahora se abre la puerta para que sean más amplios y lograr la justicia salarial que habíamos solicitado. Eso es bueno', manifestó el Gobernador en conferencia de prensa.

Finalmente, dijo que la decisión sobre los municipios es una que la Junta puede tomar.

'Ahora lo que procede es que esos municipios tienen que hacer su plan fiscal, presentarlo, y luego cumplir con ello. Eso nos da pie para seguir pensando en nuevas soluciones para repensar la estructura de los municipios'.