Los próximos 90 días pondrán en foco la funcionalidad de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingles) y sus integrantes, lo cual podría representar una reformulación completa del camino fiscal que ha recorrido Puerto Rico.

Al menos así lo entiende el abogado Rolando Emmanuelli, quien aseguró que este período tiene el potencial de reformular el propósito de la entidad financiera o hasta revaluar la relación colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico.

'Lo que está en juego es la fuerza que se pueda desarrollar en el Congreso para que se aborde este problema desde otra perspectiva, que podría ser una reevaluación de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, o podría ser una reevaluación de las operaciones de la Ley PROMESA o su alcance para que en vez de ser una ley diseñada para cobrar y que al pueblo lo expriman para que pague, que sea una ley para crecimiento económico y desarrollo económico, que es lo que le hace falta a Puerto Rico para eventualmente pagar', argumentó el licenciado.

Ayer, la Corte del Primer Circuito de Apelaciones de Boston catalogó como inconstitucionales los nombramientos a la JCF por entender que violentaban la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos. A esos fines, fijó el plazo de 90 días para que el Presidente de los Estados Unidos y el Senado federal corrijan o certifiquen a los miembros. De lo contrario, el ente quedará inoperante.

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El recurso fue presentado por la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (Utier), quienes son representados por Emmanuelli, y los fondos de inversiones que poseen bonos de Obligaciones Generales (OG), liderados por Aurelius Investment LLC, y la aseguradora municipal de deuda Assured Guaranty.

¿La JCF actual se queda?

La decisión de la corte, dada a conocer por el juez puertorriqueño Juan R. Torruella, pone a los integrantes en funciones de la JCF en tres y dos. Por un lado, pide al Presidente, Donald J. Trump, que certifique a los miembros ya en funciones o que, por otra parte, comience el proceso de nombramiento nuevamente, esta vez con la aprobación del Senado federal.

Según Emmanueli, los siete miembros actuales se enfrentarán a sus intereses personales y sus intereses como integrantes de la entidad a cargo de las finanzas del país, si es que Trump los renomina a sus puestos.

'Si Trump los renomina dentro de los 90 días, pues van a pasar por el proceso de consejo y consentimiento del Senado [federal] y yo me pregunto cuántos de esos miembros no van a querer pasar por eso. La expectativa de que Trump no te renomine y te saque del medio, y despues tuitee que fuiste un mediocre o un sinvergüenza, pues puede motivar que muchos de esos miembros decidan salirse. Así que ellos están en un Catch 22, si hago esto, salgo mal y si no, salgo mal. Es probable que vengan renuncias', aseguró el abogado.

Estas vistas son llevadas a cabo en el Senado federal y, similar al proceso que protagonizó el ahora juez del Supremo de EE.UU., Brett Kavanaugh, tienden a ser rigurosas en cuanto a la labor profesional de los nominados y sus relaciones interpersonales e intereses.

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Mientras, Emmanueli ve como poco probable que Trump, republicano, renomine a los miembros ya existentes puesto que fueron designados por su predecesor demócrata, Barack Obama.

'Hay una pregunta que surge, ¿esto [el plazo de 90 días] sería para nuevos terminos o sería para completar los anteriores? ¿Es para ratificar lo que ya era o es para empezar un nuevo termino? Si el termino no ha vencido, ¿yo puedo renominar para un termino nuevo?', cuestionó Emmanueli.

¿Una Junta nueva? ¿Que puede hacer?

La decisión del tribunal se limitó a los nombramientos de la JCF, no obstante, las decisiones tomadas por los integrantes permanecen vigentes, siempre y cuando no hayan sido discrecionales.

Esto quiere decir que acciones como el Plan de Ajuste de Título III de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA), por ejemplo, continuaría en vigor porque fue decretado por una sentencia judicial. Este es el plan que, entre otros elementos, mantiene el Impuesto de Venta y Uso (IVU) por 40 años para que los recaudos sean destinados a cumplir con los pagos necesarios.

De nombrarse una 'nueva Junta', adelantó Emmanueli, podrían cambiarse los planes fiscales, el presupuesto, los requerimientos de información hechos a las agencias públicas, la decisión de no auditar la deuda y hasta se podrían definir los servicios esenciales --algo que la JCF actual se ha negado a hacer categóricamente-- o no ver cambio alguno. Los nuevos miembros, incluso, podrían prescindir de los servicios de la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, y su salario de $625,000 anuales.

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'Esa Junta vendrá o con una ideología más radical o con la misma ideología. Esa Junta nueva podría despedir a los abogados que están llevando los casos. O sea, no hay límites, ellos entran nuevos. Podrían cambiar el juego totalmente. La gente que puede venir puede ser gente más cavernícola, pero yo digo '¿se puede poner peor?' Bueno sí, pero tal vez no mucho más malo que ahora'', planteó el abogado.

De no cumplirse con el plazo establecido, la Ley PROMESA podría quedar sin efecto en su totalidad, según Emmanueli.

'Pasados los 90 días, la Ley es inconstitucional y no se arregló. El Título III no puede funcionar si no hay una Junta. El Plan Fiscal no se puede enmendar si no hay una Junta. [Sin miembros] la Ley Promesa es inoperante. ¿Quien va a presentar una moción por el Commonwealth o por PREPA (siglas en ingles para la Autoridad de Energía Electrica)? Nadie, los abogados se quedaron sin clientes. O sea, en los 90 va a haber una carrera, pero el detalle es que en esa carrera tienen que someter los nombramientos al Senado con todo lo que eso pueda implicar: gente oponiendose allí, divulgando los escándalos de las personas, los conflictos de intereses', expresó el abogado.

¿Al Supremo? ¿Que planes hay?

Mientras que la JCF y el Gobierno de Puerto Rico fueron cautelosos en sus reacciones a la decisión del tribunal, en terminos judiciales --fuera de acatar el pedido-- hay dos caminos viables: apelar o acudir al Tribunal Supremo.

La reconsideración se haría ante el pleno del Primer Circuito de Boston para que atienda el caso. 'Ahí siempre se le da deferencia al panel que emite la determinación, pero ellos podrían revocar al panel', señaló Emmanuelli. Si el Tribunal Supremo aceptara ver el caso, en cambio, la decisión sería final.

No obstante, todos estos procesos cargan con una variable de tiempo y nuevamente entraría en juego la consideración sobre el termino de los integrantes actuales de la JCF, el cual vence en septiembre.

O sea, hay una posibilidad de que las decisiones en estos foros sean aplicables a nuevos miembros.

En cuanto a la UTIER, el abogado declaró que han repetido la lectura de la decisión judicial de ayer, pues cada vez encuentran nuevas vertientes. Por lo demás, continuarán atentos a las acciones de la entidad financiera y el Gobierno de Puerto Rico.