El pago de bonos estas Navidades a los empleados públicos y la falta de estados financieros auditados desde 2015 son dos de los argumentos que usó un grupo de bonistas para hacer un ataque frontal ayer al plan de ajuste para la deuda de COFINA y para pedir a la jueza Laura Taylor Swain que en la vista programada para el 16 de enero le permita presentar evidencia en contra del plan de ajuste.

The GMS Group LLC es un acreedor asegurado que tiene sobre $500 millones en bonos de COFINA subordinados distribuidos en las cuentas individuales de sobre 5,000 clientes, incluyendo $40 millones en cuentas propietarias de GMS.

GMS afirma que el mercado de inversiones estaba convencido de que el gobierno de Puerto Rico era 'corrupto y estaba en problemas financieros' cuando se creó COFINA en 2006 pero le siguieron prestando bajo esa nueva criatura estatutaria por las garantías que contenía, porque Puerto Rico en ese momento estaba impedido por ley de irse a la quiebra y por la separación de ingresos al fisco que hacía para garantizar el repago de esos bonos.

Por eso, sostienen que lo que ha ocurrido con la ley federal PROMESA es una 'incautación' inconstitucional de su propiedad agravada por el hecho de que el plan de ajuste se negoció entre dos partes que no son independientes, ya que de un lado estaba el Gobierno de Puerto Rico y del otro COFINA controlado por la Junta de Control Fiscal, que tambien controla y representa al gobierno en el caso de quiebras.

La Junta y el Gobierno han 'manipulado la litigación en la cual se supone que se protejan los intereses de los acreedores, para que la propiedad de esos acreedores pueda ser expropiada para el beneficio de un gobierno que repetidamente demuestra su ineptitud financiera', dicen a la vez que se describen como 'los chivos expiatorios' del plan de ajuste.

'Para complicar la monstruosidad del Plan (de Ajuste), se está ignorando uno de los principios básicos de la Ley de Quiebras, esencialmente, la divulgación total de los activos del deudor. ¡No se han publicado estados financieros auditados de COFINA ni el Gobierno de Puerto Rico desde 2015, antes de que se firmara la ley PROMESA!', sostienen.

Añaden que los estados no se han provistos porque, de divulgarse, se mostraría que la Isla puede pagar la deuda, y se desmoronaría la protección de quiebra para Puerto Rico así como el Plan de Ajuste. Apuntan al pago del bono de Navidad y a los informes de miles de millones de dólares en las cuentas del gobierno, como evidencia de que la Isla tiene recursos para pagar su deuda.

El resultado de estas acciones contra los bonistas, advierten, será que los futuros inversionistas 'pensarán muy bien si quieren convertirse en las próximas víctimas de una confiscación'.

'La Junta y el gobierno no están en contacto con la realidad. Pocos inversionistas individuales, si acaso, van a volver a confiar en Puerto Rico', subrayaron.

Para ver la moción de The GMS Group, pulse aquí: