La firma de consultoría McKinsey & Co, que es el principal asesor de la Junta de Control Fiscal (JCF), tambien es asesor de varios gobiernos autoritarios del planeta, labor que ha realizado por años.

Así lo arrojó una investigación del New York Times (NYT), que reveló que los tentáculos de McKinsey han llegado hasta China y otros países con gobiernos considerados corruptos, muchas veces mediante acciones que contradicen o chocan con intereses estadounidenses.

McKinsey tambien es poseedora de bonos de Puerto Rico, de acuerdo con otra investigación realizada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de Puerto Rico, lo que plantea un conflicto de intereses siendo asesores de la Junta.

En China, las recientes actuaciones de la empresa incluyeron un 'retiro' para cientos de consultores empleados en el desierto de Kashgar donde compartieron y se reunieron en carpas unidas por alfombras rojas, mientras una crisis humanitaria azota a esa ciudad del oeste chino. Tambien, uno de los clientes gubernamentales de McKinsey ayudó a construir unas islas artificiales en el Mar del Sur de China, un punto de gran tensión militar con Estados Unidos.

Pero, según la investigación del NYT, sus clientes han incluido la monarquía absoluta de Arabia Saudita; Turquía bajo el liderato autocrático del presidente Recep Tayyip Erdogan, y gobiernos plagados de corrupción como el de Sudáfrica.

En Ucrania, McKinsey y Paul Manafort, el exdirector de campaña de Donald Trump para la presidencia y convicto por fraude financiero, recibieron pagos de la misma oligarquía para limpiar la imagen del devaluado candidato presidencial Vicktor F. Yanukovych, presentándolo como un reformador.

Pero una vez electo, Yanukovych rechazó a Occidente, se alió a Rusia y huyó del país, acusado de robar millones de dólares, lo que provocó años de caos en Ucrania y un limbo en sus relaciones con el Kremlin.

Dentro de Rusia, McKinsey ha trabajado con empresas relacionadas al gobierno que han sido sancionadas a nivel internacional por varios países de Occidente, empresas que la consultora ayudó a crecer y, en algunos casos, continúa asesorando.

Tambien ha sido consultor en otras áreas de la economía rusa como la manufactura, gas y combustible, minería, banca, transporte y agricultura. Se sabe que un consultor de McKinsey fue integrante de la junta de gobierno de la compañía de energía del gobierno ruso. Otros han ido a trabajar con el gobierno luego de haberlos asesorado.

De acuerdo con el NYT, no hay indicación de que McKinsey haya violado sanciones impuestas por Estados Unidos, que prohíben negocios con ciertas compañías o individuos. Pero de la investigación surge la pregunta de si McKinsey, en sus relaciones laborales legítimas está ayudando al liderato autocrático del presidente Valdimir Putin.

'Como muchas otras grandes corporaciones, incluyendo a nuestros competidores, buscamos navegar un ambiente geopolítico cambiante', dijo un portavoz de McKinsey. 'Pero nosotros no apoyamos ni nos involucramos en actividades políticas', agregó.

La Junta de Control Fiscal no ha reaccionado a lo revelado en la investigación del New York Times, aunque NotiCel lo ha solicitado.

Su relación con Puerto Rico y la JCF

Correos electrónicos obtenidos por el CPI demuestran el rol central que juega la compañía multinacional en la operación de la entidad creada en el 2016 bajo la ley federal PROMESA.

Como representantes autorizados de la Junta, algunos socios de McKinsey interactúan frecuentemente con funcionarios del Gobierno federal, discutiendo temas que van desde la selección de oficinas y activación de los emails de la Junta, a la privatización de la Autoridad de Energía Electrica (AEE).

Lea: McKinsey: Bonista de Puerto Rico y principal asesor de la Junta.

La firma ha sido clave a la hora de montar el andamiaje del ente rector, preparar e implementar los planes fiscales del Gobierno, y determinar el futuro de los sistemas de salud, educación y transportación pública en Puerto Rico, entre otras áreas. Asesora en el proceso de quiebra que enfrenta la isla bajo el Título III de PROMESA y en el cual busca reducir los más de $120,000 millones en deuda pública, incluyendo las pensiones de empleados públicos.

Mientras McKinsey actúa como el principal asesor estrategico de la Junta, una subsidiaria de la firma llamada MIO Partners (McKinsey Investment Office Partners) es dueña de por lo menos $20 millones en bonos de Puerto Rico, específicamente de Cofina, según reveló recientemente The New York Times. MIO Partners opera un fondo que invierte dinero de los socios, exempleados y planes de retiro de McKinsey.

La firma tambien tiene millones de dólares invertidos en Whitebox Advisors, uno de los miembros de la Coalición Senior de Bonistas de Cofina, cuyos bonos son respaldados por el IVU.

Desde el comienzo de la quiebra, Whitebox ha estado activo en la compra y venta de bonos de Cofina, recientemente aumentando su inversión en esta deuda a casi $170 millones para noviembre de este año. Cofina se enfila como el segundo credito de Puerto Rico a ser reestructurado en el tribunal federal.

El 16 de enero, la jueza Laura Taylor Swain atenderá el plan de ajuste sometido por la Junta para Cofina, sobre $17,000 millones de la deuda pública.

La Junta confirmó al CPI que conoció del posible conflicto de McKinsey en septiembre de este año. En reacción a la noticia de que su principal asesor tambien es bonista, la entidad anunció que iniciaría una investigación al respecto.

La asesora de etica de la Junta, Andrea Bonime-Blanc, y uno de sus bufetes bajo contrato, Luskin, Stern & Eisler, fueron puestos a cargo de la pesquisa ya que el principal bufete de la Junta, Proskauer Rose, pidió inhibirse por sus relaciones con McKinsey.

El ente rector espera publicar un informe con los hallazgos de esta investigación para finales de año, según confirmó por escrito al CPI. Mientras tanto, McKinsey continúa brindando -- y cobrando por -- sus servicios.