La firma de consultoría financiera McKinsey & Co. es el principal asesor de la Junta de Control Fiscal impuesta por el Gobierno de Estado Unidos sobre Puerto Rico.

A traves de una subsidiaria, McKinsey tambien tiene bonos de Puerto Rico.

Correos electrónicos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demuestran el rol central que juega la compañía multinacional en la operación de la entidad creada en el 2016 bajo la ley federal PROMESA. Como representantes autorizados de la Junta, algunos socios de McKinsey interactúan frecuentemente con funcionarios del Gobierno federal, discutiendo temas que van desde la selección de oficinas y activación de los emails de la Junta, a la privatización de la Autoridad de Energía Electrica (AEE).

La firma ha sido clave a la hora de montar el andamiaje del ente rector, preparar e implementar los planes fiscales del Gobierno, y determinar el futuro de los sistemas de salud, educación y transportación pública en Puerto Rico, entre otras áreas. Asesora en el proceso de quiebra que enfrenta la isla bajo el Título III de PROMESA y en el cual busca reducir los más de $120,000 millones en deuda pública, incluyendo las pensiones de empleados públicos.

Mientras McKinsey actúa como el principal asesor estrategico de la Junta, una subsidiaria de la firma llamada MIO Partners (McKinsey Investment Office Partners) es dueña de por lo menos $20 millones en bonos de Puerto Rico, específicamente de Cofina, según reveló recientemente The New York Times. MIO Partners opera un fondo que invierte dinero de los socios, exempleados y planes de retiro de McKinsey.

La firma tambien tiene millones de dólares invertidos en Whitebox Advisors, uno de los miembros de la Coalición Senior de Bonistas de Cofina, cuyos bonos son respaldados por el IVU. Desde el comienzo de la quiebra, Whitebox ha estado activo en la compra y venta de bonos de Cofina, recientemente aumentando su inversión en esta deuda a casi $170 millones para noviembre de este año. Cofina se enfila como el segundo credito de Puerto Rico a ser reestructurado en el tribunal federal. El 16 de enero, la jueza Laura Taylor Swain atenderá el plan de ajuste sometido por la Junta para Cofina, sobre $17,000 millones de la deuda pública.

La Junta confirmó al CPI que conoció del posible conflicto de McKinsey en septiembre de este año. En reacción a la noticia de que su principal asesor tambien es bonista, la entidad anunció que iniciaría una investigación al respecto. La asesora de etica de la Junta, Andrea Bonime-Blanc, y uno de sus bufetes bajo contrato, Luskin, Stern & Eisler, fueron puestos a cargo de la pesquisa ya que el principal bufete de la Junta, Proskauer Rose, pidió inhibirse por que sus relaciones con McKinsey.

El ente rector espera publicar un informe con los hallazgos de esta investigación para finales de año, según confirmó por escrito al CPI. Mientras tanto, McKinsey continúa brindando -- y cobrando por -- sus servicios.

¿Por que no separar a la firma de consultoría hasta tanto culmine la investigación?, preguntó el CPI a la Junta.

'McKinsey es un consultor valioso con pericia y experiencia que ha contribuido grandemente a nuestra labor en la isla. Confiamos en que el proceso investigativo corriente proveerá la información requerida para informar cualquier próximo paso', contestó la Junta.

Tanto McKinsey como la Junta aseguraron al CPI que la firma ha cumplido a la hora de revelar posibles conflictos en el caso de Puerto Rico. 'Las divulgaciones de McKinsey cumplen completamente con todos los requerimientos legales y de la Junta', respondió por escrito la firma. Asimismo, sostuvo que PROMESA no requiere cumplir con la Regla 2014 de la Ley de Quiebra Federal, la cual exige la divulgación de cualquier conexión con el deudor, acreedores y cualquier parte interesada.

En el caso de la Junta, esta fue cautelosa: 'Entendemos que PROMESA no incluye la Regla 2014'.

Al igual que en ocasiones anteriores, McKinsey negó cualquier tipo de conflicto. Aunque MIO Partners es su subsidiaria, alega que sus labores se manejan de manera independiente y separada al negocio de consultoría. 'Los consultores de McKinsey no pueden manejar las inversiones de MIO y no tienen conocimiento de las inversiones específicas de MIO o a traves terceros. Información relacionada a inversiones específicas de MIO no se comparte con McKinsey & Co.', contestó la firma al CPI.

El Código de Conducta para contratistas que incluye el ente rector en la contratación de sus servicios profesionales establece que si 'el contratista no divulge posibles conflictos de interes y estos sean descubiertos por la Junta, el contratista estará prohibido de hacer negocios con la Junta'.

Para Matt Fabian, analista de Municipal Market Analytics, sería 'inapropiado' si los intereses financieros de McKinsey son afectados por el resultado de su servicios de consultoría.

'Como mínimo, hace más probable que el producto de la consultoría de McKinsey sea objeto de litigio en el futuro', añadió Fabian.

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