La Junta de Control Fiscal (JCF) informó que como parte de sus poderes bajo la Ley Promesa y para asegurar que se cumpla con el Plan Fiscal certificado por el organismo, estarán revisando varios contratos de las ramas Ejecutiva, Judicial y Legislativa.

Esta revisión se realizará en contratos que abarquen o pasen los 10 millones de dólares y deben ser remitidos a la Junta con las especificaciones correspondientes antes de entrar en vigor. No obstante, la revisión mencionada no se limita a los contratos que no esten en vigor, sino que tambien se solicitó información sobre contratos que desde noviembre del pasado año, se situara o estuviera sobre los 10 millones de dólares.

'La parte contratante tambien debe cumplimentar su envío con una copia completa del cuestionario de presentación de contrato, el requisito de certificación de la Agencia, y el requisito de certificación del proveedor, todos nuevos requerimientos del proceso de revisión', expuso el organismo encargado de las finanzas públicas en comunicación escrita.

Asimismo, la JCF expuso que podrá requerir información adición durante el proceso de revisión pero que no se involucrará en el proceso de contratación para evitar la 'duplicidad de labores'.

Como parte de evaluación que realizará el organismo, se le solicitó a la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera (AFAAF) que provea una lista de contratos y certificaciones de cada contratista delineando la compensación, relaciones con terceros, potenciales conflictos de interes y cualquier acción con el propósito de influenciar oficiales públicos en conexión con la adquisición, negociación, o ejecución de un contrato. No obstante, la Junta, en su comunicación escrita, no remitió una fecha límite para que se cumpla con los documentos solicitados.

Pese a que esta revisión de contratos consta en la Ley Promesa, ocurre en momentos tensos entre el Gobierno de Puerto Rico y la JCF cuando este último ente certificó su propio presupuesto e hizo cambios de última hora al Plan Fiscal previamente avalado.

Los cambios realizados corresponden a la eliminación del bono de Navidad para los empleados públicos, una reducción en el presupuesto de la Policía de Puerto Rico, así como para la Legislatura y varias agencias gubernamentales luego de que no se aprobara la derogación de la Ley 80, mecanismo que utilizó el ente en un acuerdo con el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

Lee la política de la Junta sobre las contrataciones a continuación.