La investigación de la deuda pública que lleva a cabo la firma Kobre & Kim en representación de la Junta de Control Fiscal (JCF) aún no ha culminado, pero el Comite de Acreedores no Asegurados (CANA) ya anticipa que el informe final no identificará las partes que causaron y permitieron el endeudamiento masivo del gobierno.

Ante ese panorama y persiguiendo la realización de una investigación que sirva para identificar a aquellos que actuaron en contra del interes público, el CANA solicitó a la corte de Título III autorización para llevar a cabo una investigación propia sobre las causas del endeudamiento.

Esta sería la segunda vez que el Comite solicita llevar a cabo este tipo de investigación, pues en verano del 2017 señalaron al tribunal que la JCF incumplía con su deber estatutario de dilucidar las causas el endeudamiento público mediante un proceso investigativo. Como respuesta, en septiembre -días antes del huracán Irma- la Junta anunció la retención de Kobre & Kim y posteriormente el CANA solicitó investigar la deuda en procesos paralelos, pero el tribunal denegó esa petición.

En esta ocasión, a más de 10 meses de la retención de Kobre & Kim, el Comite denuncia que el informe final de la firma investigadora no se concentrará en identificar causas de acción adicionales contra terceros y en vez enfocará esfuerzos en identificar mejores prácticas para el manejo de la deuda. De mismo modo, señalan que -pese a que accedieron con la ratificación de un acuerdo de no divulgación- no le han dado acceso a la totalidad de los documentos entregados por el gobierno a la firma investigadora.

Este escollo, sin embargo, corresponde a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencias Fiscal (AAFAF), que justificó esta práctica. Según una moción en respuesta a la moción del Comite, la agencia fiscal explicó que esto se debe a que las juntas directivas de las agencias de gobierno deben autorizar la producción de todo material solicitado y agregan que algunas de estas entidades no han culminado sus procesos internos para lograr ello.

El CANA señala que hasta la fecha los documentos que han recibido -que totalizan 14,000 documentos colocados en un 'data room'- han sido en su mayoría de las instituciones financieras investigadas, Banco Popular y Banco Santander, las cual el comite no ha tenido problemas en acceder. El asunto, se concentra en la producción de documentos que solicitaron al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

A esos efectos y para facilitar la producción, la AAFAF informó que están en proceso de negociar un acuerdo de no divulgación con las entidades de gobierno para liberar los documentos solicitados por el CANA. En un escrito de respuesta, el Comite insistió que en la importancia de la producción de documentos del BGF ante la cercanía de un acuerdo con sus acreedores al amparo del Título VI que permita una reestructuración de su deuda.

El Comite resaltó que la necesidad de saber que ocurrió en el BGF que dio paso a su insolvencia y señaló que entre las irregularidades que pesan contra esa agencia figura el prospecto de que el banco impuso bonos del gobierno sobre las cooperativas, creando un riesgo sistemico entre todas las cooperativas.

Aseguran que entrevistas de investigadores son conversaciones amistosas

Aunque la JCF asegura que la firma investigadora ha entrevistado a cientos de testigos, que incluyen a tres exgobernadores, el CANA sostiene que esas entrevistas no se hicieron con la finalidad de encontrar inconsistencias. De hecho, según la Junta, la firma investigadora se encuentra en proceso de llevar a cabo sus últimas entrevistas de cara a la producción de su informe final, anticipado para finales de verano.

Sin embargo, el Comite comparó las entrevistas que lleva a cabo Kobre & Kim como 'fireside chats' o conversaciones amistosas, carentes de documentos y otros materiales que puedan utilizarse en un proceso de entrevista. A esos efectos, el CANA hizo referencia a unas declaraciones hechas por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá sobre la entrevista que le fue hecha a el.

En sus declaraciones, Acevedo Vilá expresa que lo primero que dijeron los investigadores fue que estaban sosteniendo una conversación, que no estaban haciendo una investigación para decir quien tiene la culpa y que solo trabajaban un análisis para hacer recomendaciones para que Puerto Rico no cometa los mismos errores que antes.

Por tanto, el Comite insiste que estas conversaciones no pueden sustituir el proceso de descubrimiento que ellos solicitan pues la firma investigadora no cuenta con los recursos para indagar más allá del testimonio superficial que puedan obtener de sus testigos.

Así las cosas, y ante la falta de un informe final por parte de Kobre & Kim, el CANA solicitó comenzar su propio proceso de investigación a partir del 15 de agosto o tras la publicación del mencionado informe. La JCF, AAFAF, Banco Popular y Banco Santander se oponen a esa solicitud por entender que la Junta es la entidad obligada por ley a llevar a cabo esta investigación y el llevar a cabo otra investigación supondrá un gasto de dinero por parte del gobierno, pues tendrá que costear la producción de documentos que ya han sido entregados a la firma investigadora.

El CANA insiste que no habrá tal duplicación de documentos, pues esperan poder intercambiar información con Kobre & Kim al finalizar esa investigación.

Los argumentos en relación a este asunto los verá la juez magistrada Judith Dein en una vista que se celebrará en el tribunal federal de distrito en Boston y se transmitirá en el tribunal federal de Hato Rey.