La jueza Laura Taylor Swain denegó la petición de certificación que buscaba que el Tribunal Supremo de Puerto Rico atendiera la controversia de la legalidad de los bonos adquiridos a traves de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) sobre aquellos que son de Obligaciones Generales (GO's).

La controversia, que abría la posibilidad para declarar inconstitucional la deuda de COFINA y que provocó ataques de parte y parte en una intensa campaña mediática, fue resulta por la juez Swain quien argumentó que en esta etapa de los procesos los reclamos de las partes se pueden dilucidar bajo el procedimiento activo del Título III de PROMESA.

'Nada de órdenes de esta Corte limita la disputa a la ley de Puerto Rico y, en última instancia, el Tribunal debe decidir cuál es el los derechos de propiedad están dentro del contexto de estos procedimientos del Título III, bajo PROMESA y disposiciones de la ley federal de quiebras que el Congreso ha incorporado a PROMESA. El alcance permite así a las partes plantear argumentos basados ​​en la ley federal de bancarrota, siempre que son antecedentes a la cuestión de la propiedad, y la información resumida del que incluye tales argumentos', argumentó Swain en su orden.

La jueza concluyó que la certificación en esta etapa de los procedimientos retrasaría la resolución de la controversias particulares e impide el avance hacia un plan de ajuste, posponen la conclusión de estos procedimientos del Título III, y en consecuencia, retrasan la capacidad de los deudores para recuperar el acceso a mercados financieros.

'Aunque las partes presentan diferentes puntos de vista sobre la velocidad con que el Tribunal Supremo tomaría una decisión sobre las preguntas propuestas si es certificada ,la certificación implicará al menos otra ronda de argumentos y, como se explicó anteriormente,cualquier decisión de la Corte Suprema de Puerto Rico aún estaría sujeta a una mayor consideración de las consideraciones legales bajo la Ley PROMESA. Los intereses de la economía judicial y la eficiencia no favorece un litigio tan poco sistemático de una disputa que es central para la reestructuración en estos casos del Título III', puntualiza la orden.

El proceso de certificación es aquel mediante un tribunal federal le envía unas preguntas a un tribunal estatal sobre controversias relacionadas a leyes estatales.

Esta es la segunda ocasión en la cual Swain deniega un pedido de certificación al Tribunal Supremo. Hace varios meses el Grupo de Fondos Mutuos había pedido levantar la paralización de litigios contra COFINA para dar paso a una certificación de la estructura de esa entidad estatal. En aquel entonces la jueza concluyó que no se presentaron argumentos que justifiquen la acción y argumentó que llevar la interrogante sobre la validez de la estructura de la COFINA sería una complicada para el TSPR por tratarse de un asunto con elementos legales federales y estatales.

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